¿Política y políticos en riesgo de extinción?

editorialEs un hecho reconocido por todos que la política y los políticos han perdido su atractivo social, como se deriva, una y otra vez, de las encuestas de opinión, que ubican a los “sin partido” en una mayoría absoluta, superior al 50% de los votantes. Peor, la población se expresa sobre ambos en términos descalificativos como choriceros, politiqueros, ladrones, incompetentes, etc. Aunque la población no vierte su enojo en forma explícita sobre la democracia, es ella la que está en la picota. Y se refleja en el pírrico respaldo que se brinda a los partidos políticos: PUSC 13,5; ML 6,9%; PAC con Ottón 5,1%; con Epsy 3,4%, mientras otros 3 candidatos no cuentan en las encuestas; el FA con Villalba 3,2% y Corrales con la misma cifra, ambos dentro del margen de error. El Partido Liberación Nacional, cuya destrucción se ha vuelto la bandera principal de las restantes tendencias mencionadas, aparentemente despreocupadas por su nivel de irrelevancia popular, se aleja del grupo con un 53,4%. Es importante recordar que esas cifras toman como punto de partida los votantes que dicen acudirán a las urnas en febrero 2014 y, por tanto, serían mucho menores si la base fuera la totalidad del padrón electoral.

Todo lo anterior sorprende porque tenemos una democracia con una sólida institucionalidad que ha sido generosa con su población y que es motivo de admiración por parte de nacionales de muchos otros países y de órganos internacionales independientes. Pero, por otra parte, no podemos ignorar ese sentimiento colectivo de frustración, enojo, irritación, repudio que priva en el entorno político nacional. Y hay que hacer algo al respecto, porque de otra forma el sentimiento popular puede agravar la polarización y recurrir a métodos de solución de conflictos extraños a nuestra propia naturaleza.

Es posible que esa institucionalidad que tanta admiración despierta a lo externo del país, sea el producto de fortalezas que conviven con enormes carencias, a las cuales somos especialmente sensibles. Lo cual no debería ser un obstáculo para fortalecer en su conjunto esa rica democracia que construyeron nuestros antepasados, sin que mediara, como en muchos otros países, la violencia y el derramamiento de sangre compatriota. Tenemos algo a nuestro favor: hemos sido estudiados hasta la muerte y los diagnósticos abundan en anaqueles de las bibliotecas; también las propuestas de cambio, incluso las que el propio Gobierno ha planteado este mismo año a través de los notables. Nuestro problema en esencia, es que hemos venido fallando en nuestra capacidad para ejecutar cambios.

¿Por qué no podemos llevar a la práctica aquello en lo que estamos de acuerdo? Hay varias razones, una de las más evidentes es que hay costos políticos que quienes nos gobiernan rehúsan asumir. Otra, la tendencia a la dispersión propia de toda iniciativa que emprendamos, lo cual produce eso tan común en la retórica: la ingobernabilidad. Y, seguro, los políticos tienen buena parte de culpa, pero también la población reticente a asumir posiciones sólidas de respaldo a los cambios planteados y a generar el apoyo civil que ayude a los políticos a asumir su cuota de participación. La reforma que sabemos necesaria no será resuelta sólo en el plano político. Depende de la participación focalizada de todos los costarricenses ¿Existe esta voluntad de cambio? Esperemos que el movimiento que se dio en torno a la concesión de la carretera a San Ramón sea una señal de que sí existe.

De nuevo, somos una sociedad privilegiada. Es más, tenemos los recursos para llevar a cabo cualquier iniciativa pública, por grande que sea. Lo hemos visto en la respuesta dada por el Presidente Ejecutivo del INS para financiar una buena parte, tal vez toda, la carretera a San Ramón. Pero es sólo la punta del témpano. El país acumula unos 15 mil millones de dólares en reservas, especialmente laborales, que pueden y necesitan canalizarse a inversiones seguras, de alcance social. Hay otra fuente de recursos. Las reformas instituciones tienen que desembocar en un aparato estatal eficiente que hoy no tenemos. La Fragua se ha referido a los claros indicios que nos dicen, conservadoramente, que el costo de la ineficiencia supera los $4 mil millones de dólares por año. Suficiente para superar el déficit fiscal y canalizar en inversiones más de mil millones de dólares cada año. Así, en lo económico, somos una sociedad opulenta, que organiza, usa y distribuye muy mal sus vastos recursos. Sin duda caldo de cultivo para la irritación social.

La Administración Chinchilla Miranda reconoce que tenemos un problema de comunicación. En realidad quiere decir de información, porque nunca intentaron la comunicación. Algo similar ocurre con la política, aunque los políticos no parecen haberlo advertido. Dos candidatos recién compitieron por la candidatura de su partido a las elecciones del 2014. Uno, coherente, con ideas claras desde su perspectiva ideológica; y otro confuso, poco articulado y notablemente perdido sobre la naturaleza de la institucionalidad pública. Ganó el segundo, que será el candidato de su partido ¿Por qué traemos esto a colación? Porque el problema más serio que hoy enfrentamos es la falta de entendimiento entre la población civil y los políticos. Toda expresión, por coherente y bien articulada, si tiene un pequeño sabor tradicional es rechazada. Nunca antes ha sido mayor esta brecha entre sociedad y sistema político, con el agravante de que los oportunistas y populistas se apoderen del entorno político, sin tener las competencias para resolver los problemas de participación y bienestar.

¿Tiene solución este problema de comunicación? Al menos en el plano conceptual, creemos que sí y además que es sencilla ¿Cuál es la imagen del político? Es una figura respetable, carismática, inteligente, con un entendimiento de los problemas nacionales y capacidad de formular propuestas de solución. Bueno, esto es lo tradicional y el público no se la cree, en gran parte porque no hemos podido hacer el despegue en materia del desarrollo, que todos sabemos accesible a nuestros recursos y capacidades ¿Qué hacer? Démosle vuelta a la tortilla: dejemos que la población le diga al político cuáles son sus necesidades y cómo atenderlas. Si hacemos esto, el pueblo tendrá que creer en su propio discurso. La tarea del político sería dar con ello forma a sus estrategias y posteriormente hacerlas ejecutar, con un Estado eficiente, que hay que construir.

¿Es esto viable? Creemos que sí, porque el país tiene una estructura por cantones, distritos y comunidades con la cual coincide la organización civil, tanto como la política. Incluso también coincide la infraestructura mediática. Por supuesto, no tenemos la bola de cristal, pero parece que la solución a nuestra problemática política pasa por una mayor democratización de los procesos de desarrollo nacional. Nuestra reflexión (porque es sólo eso: una reflexión) tiene el atractivo de que no requiere crear nuevos mecanismos, aunque sí un nuevo proceso que haría fluir a través de estratos ya existentes, la comunicación política de abajo hacia arriba. No escapa a la inteligencia del lector que dicho proceso proporciona una base de respaldo civil a los gobiernos, con la que ahora no cuentan, especialmente si se le utiliza además para la rendición de cuentas.