Alianza Pacífico, crecimiento, equidad y pobreza

editorialNuestra Presidente se encuentra en Cali, Colombia, con motivo de una importante reunión de los promotores de la Alianza Pacífico (AP), un reto al sentido estratégico del costarricense, no del experto en la materia que parece bien posicionado, sino de las mayorías que generan focos de presión con un efecto negativo o positivo en gobernabilidad y desarrollo. Ese reto se centra, principalmente, en la asimilación de la velocidad del cambio. En el entorno global, el que se duerme, despierta para reconocer que se ha quedado atrás una buena distancia y que, recuperarla, siempre resulta más difícil y más costoso, especialmente para los amplios sectores vulnerables de nuestros países.

Cuatro países de la región ya integran la AP aún en proceso de formación. Representan hoy las economías más dinámicas: México, Colombia, Perú y Chile. Costa Rica aspira, y tiene buenas oportunidades de ser admitido como el quinto miembro de la región. La AP, al constituirse, se convierte en la mayor zona de libre comercio mundial. Sin embargo, es un error cobijar esta iniciativa bajo el mote de “TLC”. El enfoque de sus integrantes, según el Presidente del BID, “…es llegar a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. De lograrlo, sus economías quedarían más estrechamente integradas que las de Estados Unidos y Canadá”. Al constituirse la AP se habrá creado un mercado de 208 millones de personas, un PIB conjunto de $2 mil billones y un comercio que ronda los $548 mil millones.

Este acontecimiento tiene gran trascendencia para nuestro modelo de desarrollo, cuyo motor principal de crecimiento es el libre comercio, con amplio respaldo popular, aunque en el mundo académico y entre algunos grupos políticos que se alimentan de la polémica, persistan algunas dudas. Josepth Stiglitz, referencia de la izquierda democrática, pone el tema con total claridad en su libro Globalization and its discontents, al decir que “El crecimiento impulsado por las exportaciones fue la clave de la política industrial que enriqueció la mayor parte de Asia y mejoró la condición de millones de personas. Por la globalización mucha gente en el mundo ahora vive más y mejor que antes, con superior calidad de vida” (énfasis agregados).

No tiene sustento la aseveración que frecuentemente hacen algunos sectores de izquierda, de que la pobreza, concepto confundido con la equidad, aumenta en la medida que los TLC se incrementan e impulsan las exportaciones. Esta aseveración contradice la referencia anterior de Stiglitz, un investigador serio de la temática, pero también la evidencia del crecimiento de la región, que permitió sacar de la pobreza a muchos millones de latinoamericanos, tal vez no la velocidad que la gravedad del problema reclama. Costa Rica no es la excepción, aunque nos hemos negado a cuantificar la pobreza importada y por tanto a revisar los factores que inciden en nuestra capacidad de actuación correctiva.

Lo cual no niega la importancia de identificar y entender los factores que influyen en la persistencia de la pobreza, que afecta a un cuarto de nuestra población. En el discurso político, se confunden la pobreza y la equidad, ésta medida por el Coeficiente Gini. El crecimiento depende de la inversión social, pública y privada. Nuestro Estado aporta inmensas sumas de recursos en el  desarrollo de la infraestructura, la formación del recurso humano, el mantenimiento de un entorno seguro y la institucionalidad, principal sustento del desarrollo sostenible. La inversión pública, contablemente no aceptada como tal, posiblemente por razones ideológicas, es cuantiosa, aunque con frecuencia sus “retornos sociales” no guardan proporcionalidad.

En todo caso, el crecimiento es dominado por el aporte del capital y, en el sector privado, este proviene de los grupos económicamente poderosos, a su vez los principales receptores de la inversión pública y privada. Los sectores menos favorecidos de la sociedad no tienen la capacidad de aportar capital y por tanto sus beneficios son menores. Su crecimiento, mucho más lento, depende de los ingresos del empleo, generándose así una creciente brecha entre el capital y el sector laboral, agravada por sistemas impositivos regresivos. A menos que la sociedad en su conjunto reclame un “retorno” proporcional a la inversión estatal que todos pagamos, la inequidad seguirá creciendo, más aún en nuestro caso, donde el tamaño del Estado, los privilegios burocráticos y la ineficiencia impiden una mejor distribución de los recursos. Por tanto, dos grandes correctivos son una tributación progresiva y en un Estado fuerte, pero eficiente, sensible a la oportunidad de sus aportes al desarrollo y a la liberación de los cuantiosos recursos que hoy pagamos todos, incluso los pobres, por ineficiencia y privilegios acumulados.

La pobreza es otro tema, frecuentemente confundido con la equidad. Es posible, al menos en el plano teórico, elevar la equidad del sistema económico, a la vez que se incrementan o se mantienen los niveles la pobreza. Esta pareciera ser nuestra situación. El crecimiento del país es notable, como lo es el impulso a la productividad mediante el desarrollo de nuestro recurso humano. Pero la fuerza laboral proviene de la población educada, más empleable, porque posee los conocimientos necesarios o éstos pueden desarrollarse con facilidad.

La pobreza, definida por el acceso a bienes y servicios esenciales, se alimenta principalmente de una baja escolaridad y del factor migratorio que comparte esa característica. Bajo ciertas condiciones, es posible que la competitividad pueda ser un factor de crecimiento tanto de la pobreza como de la inequidad. Esto ocurre, como ya se dijo, porque la capacidad tecnológica se alimenta de estratos que ya tienen un nivel importante de educación y que dejaron o nunca fueron parte de la pobreza. La situación sería diferente, si los sectores más deprimidos alimentaran la demanda laboral del crecimiento económico. Pero, en el entorno global, el crecimiento va asociado con el conocimiento y éste no se encuentra en los sectores con baja escolaridad. Es decir, el pobre sigue siendo pobre mientras no mejore su condición educativa. Si este razonamiento fuera correcto, las soluciones en países como Costa Rica, deben focalizarse en los estratos con inferiores niveles de empleabilidad, los cuales demandan mayor agresividad en los programas para mejorar el acceso a la educación.

Parece evidente la pobreza es la gran prioridad nacional y regional, pues impone mayor severidad sobre las condiciones de vida de un amplio sector de la población. Y que la equidad es importante, pero se ubica en un segundo plano de importancia. Y también, que los avances pueden ser mayores en países con altos niveles de pobreza y dependencia económica del sector primario, que en aquellos con una economía más diversificada y mayores requerimientos tecnológicos de su fuerza laboral. En el primer caso, un alto crecimiento sin cambios estructurales en la economía, puede absorber con facilidad, sustanciales volúmenes de mano de obra no calificada; mientras que, en el segundo, se requiere de recurso humano con niveles medios y altos de escolaridad, cada vez más escasos en los países en desarrollo. Esto puede explicar la situación de Costa Rica o Uruguay que se han “pegado” en más o menos un 20% de pobreza, porque posiblemente han llegado al punto a partir del cual la tarea es más compleja, lenta y costosa. Además, en condiciones de crisis y escasez fiscal, las decisiones encuentran acomodo fácil en una retórica política, vacía de compromiso real y, sobre todo, económico.

La consecuencia práctica de estas reflexiones se puede resumir así: primero es importante reconocer la importancia del libre comercio en el crecimiento económico, sin el cual no tendríamos recursos para distribuir; la pobreza sigue siendo nuestra primera prioridad social, pero su persistencia demanda un mejor conocimiento de sus factores determinantes. El programa avancemos es el principal instrumento con que contamos, porque se sustenta en el acceso a la escolaridad y aporta un alivio inmediato a la economía familiar; y, lograr la inserción en la AP es del mayor interés nacional, porque nos ubica en la principal iniciativa mundial en materia de competitividad, comercio y crecimiento económico.