En democracia todos participamos en el sistema político ¿seremos todos corruptos?

editorialLa pregunta no es trivial. Las manifestaciones populares encuentran sectores con motivos legítimos y otros que pescan en río revuelto. Es la causa de una visible fractura en el movimiento contra la concesión de la carretera a San Ramón, rodeada de oportunistas. Japdeva, en otro extremo del país y sin ningún interés en esa carretera quiere sacar provecho de la dinámica y fortaleza del movimiento occidental. Los motociclistas, después de su exitoso movimiento contra los seguros del INS se volvieron atractivos para dar más presencia y volumen a los reiterados  movimientos de protesta de la ANEP.

La corrupción se ha incorporado al discurso político con excesiva facilidad y mucha irresponsabilidad. Algún diputado, en referencia con cualquier acontecimiento nacional, con una facilidad que sorprende, repite el estribillo de que el problema es la corrupción política y lo sustenta con dos ejemplos: La Trocha y la concesión de la carretera a San Ramón. En ambos casos no hay, al menos por ahora, ningún político involucrado y en ambos casos las investigaciones van dirigidas, reitero, no contra políticos, que por cierto pusieron las denuncias, sino contra los estratos técnicos.  Una encuesta latinoamericana destaca mayores niveles de desconfianza del costarricense en la democracia y, una vez más, lo asocia con una percepción popular de corrupción generalizada.

La generalización es peligrosa. En democracia, todos somos parte del sistema político. Lo es, en primera instancia, el votante que, directa o indirectamente, nombra a todos los funcionarios en los respectivos poderes del Estado, a quienes luego acusa de corruptos. También todo aquel ciudadano que usa el chantaje de la paralización del país, sustituyendo la negociación democrática por un factor de fuerza, a la vez que niega el derecho constitucional de sus conciudadanos a la libre tránsito por todo el territorio nacional.

El sistema de privilegios que hoy constituye el principal disparador de la crisis económica (incapacidades, cesantías, abusos en pensiones, sueldo de lujo, permisos docentes con doble sueldo, impunidad por un régimen de estabilidad, inadecuados proceso de gestión, vacaciones abusivas, etc.) podría ser el principal factor de corrupción y es común a todos los poderes del Estado, incluso al que tiene la responsabilidad constitucional de velar porque los privilegios no se produzcan, como lo demanda el artículo 33 de nuestra constitución. Los diputados, que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ignoran que la población los tiene en bajo aprecio y que no cumplen con la función natural del congreso, votar proyectos, por un reglamento idiota que han prometido modificar pero que, en un despliegue de ineficiencia extrema, siguen sin cumplir. El Poder Ejecutivo, que debe transformar proyectos en bienes y servicios que agreguen al bienestar general, se queja de la complejidad de los procedimientos burocráticos que impiden el razonable progreso del país.

El hecho es que hay suficiente culpa para repartir. No podemos pensar que estamos exentos y que el chorizo es “de otros”. La cuestión es ¿Qué hacer? Lo primero es reconocer la naturaleza del problema y ese hecho fundamental de que todos somos parte del mismo. Lo segundo es asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde. Y, en este sentido, el país y nosotros ganaríamos mucho si, en vez de la crítica generalizada, pensáramos en cómo podemos contribuir a las soluciones. Tenemos problemas reales y no podemos construir un Estado solidario, a menos que exista una voluntad nacional de cambio y que superemos esa característica tan tica: solazarnos en la discusión y en crítica exacerbada e interminable, la vía más expedita al fracaso. En cambio, necesitamos fijar prioridades con sentido estratégico ¿Cuál es ese factor principal que actúa como condicionante de todos los demás?

Piense usted, amigo lector, cuántas cosas puede hacer en su vida, prescindiendo del Estado. Son muy pocas. La pesada organización estatal está siempre en nuestras vidas y en la mayoría de nuestros actos. Aún más, es posible que mientras se escriben estas líneas, las carreteras estén congestionadas con miles y miles de burócratas que estén conmutando a las distintas oficinas públicas. Y que también miles y miles de ciudadanos estén tratando de realizar algún procedimiento y esperando algún servicio de una oficina estatal ¿Cuál cree usted que es el resultado de esos contactos? Largas colas, prolongadas horas para ser atendidos, frustraciones frecuentes porque muchos resultados no se producen o tardan largos días, semanas, años en llegar, los servicios no se reciben o se los programan para años futuros cuando ya pierden toda eficacia, los precios crecen aceleradamente porque nos pasan el costo de la ineficiencia, para mencionar unos pocos. Por tanto, en un gran número de oficinas, la única vía para recibir un servicio rápido y de calidad sólo se puede hacer mediante el acto corrupto del amiguismo, o la mordida que produce el mismo efecto. Repito, esto pasa en miles de transacciones que los ciudadanos hacen, cada minuto de cada día en muchas organizaciones públicas. Y no podemos dejar de mencionar que esos procesos engorrosos y sus ineficientes funcionamientos tienen un costo que hemos estimado en unos $4000 millones por año, aunque la evidencia apunta a una cifra mayor.

El punto es que la desconfianza que abruma a la población busca, como siempre, un villano, en el cual descargar la culpa. Y lo hace sobre la política y los políticos, con alguna razón y mucha injusticia. Es posible que el verdadero villano no sea el sistema político, sino el sistema de gestión pública y la burocracia que lo mantiene con mucha fuerza gremial. Decir que la política es corrupta tiene algo de cierto, pero también el riesgo de debilitar nuestra democracia, una de las más sólidas del mundo. Y la prioridad es, por tanto, la reforma integral del Estado. Si lo hacemos protegiendo nuestras fortalezas, que son muchas, posiblemente una gran parte de nuestras quejas desaparezcan y encontraremos que podemos trabajar hacia un desarrollo solidario, alcanzable en el mediano plazo. Un Estado que responda en forma oportuna según cada circunstancia, con una estructura de servicios que privilegie la vulnerabilidad, produciría un fenómeno de reconocimiento colectivo y, seguro, la confianza del pueblo costarricense en la institucionalidad y la democracia. Un Estado pura vida, con capacidad para resolver muchos otros problemas que afectan el bienestar de las mayorías.