Estado disfuncional: principal enemigo del desarrollo y mayor riesgo a nuestra democracia

editorialEl país ha sido secuestrado por un nefasto ciclo de acciones que cuestionan la eficacia de los procesos de desarrollo y las respuestas por la vía del estado de derecho. Primero, el Estado actúa mal y lento. Segundo, la población se irrita y se organiza para forzar decisiones. Tercero, el Estado responde en un entorno de crisis y conflicto que agrava su normal estado de ineficiencia. Cuarto, su respuesta también se agrava por la carencia de recursos, producto de un costo de ineficiencia pública que drena miles de millones de dólares por año.  Quinto, la población se opone y se opondrá a cualquier reforma fiscal que no incluya correctivos a los disparadores del gasto público, porque habrá más ineficiencia y despilfarro. Sexto, la pérdida de confianza en la acción institucional estimula el recurso de la decisión popular callejera.

El más dramático ejemplo de esto son las recientes manifestaciones de las comunidades del occidente y del norte del país, contra el proyecto de construcción de la carretera a San Ramón que esas poblaciones consideraron oneroso e inadecuado. Hoy las noticias ilustran otro caso. Las manifestaciones obligaron al Estado a iniciar la reparación de la carretera entre Pital y Boca Tapada, en el norte del país. No podemos anticipar los resultados de las acciones en ambos casos. Pero es evidente que las primeras representan el riesgo de no contar, tal vez por décadas, con una buena carretera en la primera ruta del país, mientras que es posible que una respuesta contingencial no resuelva el caso de Pital y que las manifestaciones populares adquieran un  carácter recurrente. Es bueno recordar que la nueva carretera a San Carlos encara también una posible resistencia civil por su conexión con la ruta interamericana (la misma a San Ramón), originada en un desvío absurdo o en atrasos en las expropiaciones pendientes.

El tema es sencillo aunque las decisiones son complejas, especialmente porque su costo político es sustancial y los políticos han fallado en transmitir el mensaje correcto, claro y conciso a la población. La cuestión central de nuestro desarrollo se encuentra en una reforma institucional de fondo, que puede incluir dos fases: cambios estructurales urgentes al problema de ingobernabilidad y cambios más de fondo a nuestro modelo de Estado, que seguro incluiría una nueva constitución. Hay varias propuestas en la mesa de discusión. Son el producto de mentes esclarecidas, de distinto signo ideológico, de conocimientos y experiencias amplias sobre nuestra realidad pública. De esas propuestas podemos encontrar la visión del desarrollo solidario y equitativo que aspiramos, presente en toda retórica política y social; y, más importante, soluciones a los problemas de ingobernabilidad que nos impide alcanzarlo. Sin embargo necesitamos superar nuestra incapacidad colectiva de focalización para juntar voluntades e impulsar los cambios respectivos.

No debemos ignorar el daño que se le causa a nuestra democracia, cuando la ciudadanía piensa que aquella ha agotado su capacidad para encarar los retos que enfrenta el país. Es lo que puede alimentar caóticas respuestas populares con un potencial desestabilizador de vastas implicaciones políticas y sociales. Si el Gobierno incumple, si el congreso no produce y si los sistemas jurídicos responsables por proteger la equidad social (artículo 33 de la CP) se sirven privilegios a manos llenas, la acción civil tiene sobrada razón para imponer la ley de la calle. Hemos tenido numerosos ejemplos de ello durante al actual gestión de gobierno y los riesgos aumentan cuando asociaciones civiles o gremiales descubren que pueden forzar decisiones, cualquiera sea su racionalidad o conveniencia nacional, mediante el recurso de la paralización del país.

Nuestro país ha sido estudiado hasta la muerte y los diagnósticos son abundantes y accesibles a golpe de teclado. Es hora de juntar voluntades de cambio en torno a varias propuestas de cambio y en su ejecución, con dos objetivos principales: superar la maraña de restricciones de tipo burocrático a un desarrollo de calidad y sin exclusión. Y hacerlo de tal manera que emerja un nuevo Estado, justo y eficiente, que nos permita recuperar los recursos que ahora drena la ineficiencia pública. Son muchos miles de millones de dólares por año, suficientes para atender nuestro problema fiscal y alcanzar niveles de inversión para construir un futuro mejor para todos. Destacamos que el periodismo puede tener un enorme aporte en este proceso de reconstrucción nacional: superar las deficiencias evidentes de la comunicación social, para mantener vigente la discusión sobre esos procesos de cambio institucional y, más importante, sobre su ejecución en tiempos razonablemente cortos.