Administración pública: la privatización de la ineficiencia

editorialLa crisis institucional ha adquirido una nueva dimensión política: su peso sobre las sacrificadas clases media y media baja y también sobre la capacidad competitiva del país. Que “Las instituciones tendrán que ver cómo economizan”, según nuestra Presidente no parece ser la solución correcta ¿Cuál es?

Lo que pasa es que seguimos viendo la crisis institucional con un enfoque diagnóstico equivocado y centrado sobre organizaciones individuales, como lo hemos hecho con la Caja y ahora con Recope, el ICE, AyA, entre otras. La crisis de la Caja concentró la atención pública y de los medios de comunicación. Pero sobre todo, ocultó sus causas subyacentes de un problema más general: nuestro modelo de organización y gestión pública.

No es este el espacio para un análisis en profundidad de los ejes transversales que actúan como causa común de la problemática institucional pública. En breve, nos referimos a los conflictos administrativos entre poderes, que con demasiada frecuencia neutralizan su propio funcionamiento; a la atomizada organización estatal, como bastante más de 300 organizaciones, sustento de nuestra democracia y base ineficiente de nuestro desarrollo; al modelo macro de conducción de la cosa pública, en la que no distinguimos entre la gestión de estrategias (o de política pública), terreno de los políticos, condicionado por los procesos electorales y compromisos políticos legítimos, coherentes con la naturaleza de la democracia, por una parte; y la gestión de tecnología apropiada para traducir esos compromisos políticos en planes y orientar los recursos públicos al cumplimiento de los fines inherentes de la política pública, como un campo especializado del gerente profesional, donde la participación política resulta catastrófica, por otra parte; al sistema de personal que conduce a la improductividad, la impunidad y el abuso de privilegios, todo con un gran potencial destructivo de nuestra economía y del empleo; al sistema de contratación administrativa, que atenta contra los avances en materia de infraestructura, y tiene una dimensión económica importante: un estudio del Banco Mundial advierte que sólo en el inadecuado sistema de adquisición de insumos, el país pierde aproximadamente unos $500 millones por año.

Varios temas que ahora llenan las páginas de los medios de prensa deben analizarse en ese contexto porque, de otra forma, nos estaremos focalizando en paliativos, dejando intacta la naturaleza recurrente de las crisis. Tampoco ayuda abordar el problema fijando responsabilidades políticas, porque tendríamos que volver atrás varias décadas. La administración Chinchilla Miranda al menos ha tenido la valentía de plantear una reforma más o menos integral. Pero falta la voluntad colectiva de actuación, tanto en el plano político como civil, en parte porque nuestra cultura, es parte importante del problema. Somos bastante dados a la discusión interminable, en la que se empantanan los procesos intermedios y se diluyen los resultados finales. Nos gusta más la crítica poco constructiva que integrar voluntades de cambio.

La prensa reitera el error colectivo en que hemos venido incurriendo: las instituciones no pueden, en forma individual, confrontar un problema sistémico de funcionamiento del Estado. Ejes transversales, como los que hemos mencionado antes, son los responsables principales de las crisis institucionales. Son los que causan, como lo ha manifestado la CGR, que instituciones como RECOPE sólo puedan ejecutar el 47% de los proyectos que emprende; que se presenten fenómenos como la platina; que JAPDEVA siga arrastrando excesos de un 35% de su personal; que la electricidad y el agua nos estén costando tanto y además que su abastecimiento sea insuficiente; que la población no pueda recibir en forma oportuna el servicio de salud que requiere y paga; que las tarifas públicas se conviertan en una carga para el consumidor y un deterioro para la competitividad; que nos hallamos aventurado en una concesión mal concebida y onerosa para todos, y; que estemos pegados en niveles de desarrollo con grandes exclusiones.

Y tras de cuernos palos. Nos están poniendo una trampa de la que debemos protegernos. A diferencia de la organización de mercado, impulsada por objetivos económicos, la organización pública busca objetivos sociales fuertemente condicionados por el principio de equidad. La mejor expresión de ello son las coberturas universales de los servicios públicos y, con bastante frecuencia, las coberturas específicas por factor de riesgo o vulnerabilidad. Pero, ahora, resulta que ambas enfrentan un muro de contención: no son rentables.

Se trata de un fenómeno que encierra enorme perversidad. Porque lo que está ocurriendo es que las instituciones públicas están rehusando realizar los cambios en los sistemas de organización y administración pública, como los que hemos mencionado, con lo cual mantienen sus altos niveles de ineficiencia. Y abandonando su responsabilidad de cobertura bajo la excusa de que no es rentable, como si se tratara de una organización de mercado. El mecanismo es privatizar la ineficiencia, trasladando su costo al usuario. Y lo ilustramos con un ejemplo, protegiendo las identidades respectivas.

En algún lugar del país, tres personas de clase media adquieren una propiedad a un costo ligeramente inferior a $30 mil, con frente de calle pública, para desarrollar un proyecto de pequeña empresa. Los servicios de agua y electricidad están accesibles a unos 300 metros de distancia. Sin embargo, para acceder a ellos, el ICE y el AyA requieren que la extensión de esos 300 metros sean realizados por los propietarios del lote y luego donados a dichas instituciones. Sugieren para ello los nombres de sendos exfuncionarios, ahora contratistas privados. Sus costos: para electricidad $14 mil y para agua $6 mil. Es decir, en conjunto, unos $20 mil, o sea un 66% del costo del terreno ¿Qué implica todo ello? Primero, un cambio de la visión del Estado de derecho social a un Estado que podríamos llamar economicista, sustentado en rentabilidad; Segundo, el encarecimiento de las inversiones, por la dependencia en pequeños proyectos y mayor costo de insumos; tercero, abandono del principio de equidad inherente a las coberturas universales y selectivas para sectores vulnerables, característica esencial del Estado de Derecho; y, finalmente, todos estos elementos son trabas que se imponen al crecimiento económico, esencial para atender los problemas sociales.

Nuestro país necesita evolucionar. Su mayor prioridad es ser soltar las amarras del aparato público, que en gran medida detiene el crecimiento y la lucha contra la pobreza y la inequidad. El traslado de los costos de la ineficiencia al consumidor, a los usuarios de los servicios públicos, no es solución y, de hecho, contribuye a profundizar los problemas sociales e institucionales que enfrentamos. Es necesaria una reforma de fondo, priorizando los ejes responsables de la crisis de confianza en nuestra institucionalidad democrática, del progreso social y económico. Hacerlo en forma individual para cada institución, es la vía al status quo y al mantenimiento de los altos niveles de inequidad que hoy arrastramos. Y no es un problema de gobierno. Es un problema nacional, de todos.