Gobierno busca reducir precios en servicios públicos

chinchilla_rebaja_servicios_publicosSan José.- La presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda y el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, firmaron esta tarde una directriz dirigida a las instituciones y empresas públicas que prestan servicios básicos y están controlados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), informó la Casa Presidencial.

Esta directriz, indica la fuente, surge como respuesta a la preocupación del Gobierno y de la población en general ante el aumento generado en los precios regulados de los servicios básicos como son electricidad, combustible y agua.

A partir de su publicación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) deberán tomar las medidas necesarias para reducir los gastos y de operación controlables por cada empresa.

“El objetivo que nos hemos propuesto es frenar el abuso desmedido que algunas instituciones han presentado a la hora de fijar sus tarifas. En adelante, no debería haber otro ajuste que no sea el que regularmente las instituciones deben enviar a la ARESEP”, señaló la Mandataria.

Además añadió que en este sentido, la directriz emitida esta tarde puntualiza que las instituciones públicas deben velar de manera más rigurosa por los costos de operación así como hacer una redefinición de sus esquemas de financiamiento para que aprovechen las bajas tasas que ofrece en este momento el mercado internacional.

La directriz también busca impulsar la eficiencia y la austeridad de las proveedoras de servicios, de tal forma que los precios no sobrepasen 1,25 veces la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a la fecha en que se presenten solicitudes de ajustes tarifarios en 2013 y 1,15 veces en 2014.

Además, las empresas e instituciones deberán reestructurar su deuda y otros mecanismos de contratación de financiamiento.

Por último, los jerarcas de las empresas y de las instituciones deberán presentar en 30 días un plan de implementación de las medidas y remitirlo a la presidenta de la República y a la ARESEP.

“El objetivo final es impactar favorablemente a los consumidores en cuanto al pago de los servicios públicos regulados, en particular agua y electricidad”, manifestó la Mandataria.

Precedentes del uso de directrices

Dentro de las medidas que el Gobierno aplicó para favorecer al consumidor de servicios públicos, destaca la directriz presidencial para que el ICE compre la energía limpia de menor costo disponible en el mercado, vigente desde el pasado 1 de enero.

Los primeros resultados de esa directriz se reflejan en un ahorro de aproximadamente ¢420 millones durante los meses de marzo y abril al adquirirse 5.618.000 kwh adicionales de energía renovable.

Además se estima que se evitó la contaminación en unas 1.000 toneladas de CO2, lo que acerca al país hacia la meta de convertirse en carbono neutral, según el ministro del MINAE.

Las autoridades de ambiente prevén que las tarifas disminuyan al finalizar el verano al bajar los costos de generación de electricidad gracias a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables.