Disyuntivas frente a la concesión de la carretera a San Ramón

la-fragua144Las comunidades de occidente, del norte y el país en general, tienen una buena razón para enfrentar la concesión de la carretera a San Ramón. Sin embargo, para mantener la legitimidad del movimiento, debe evitarse la contaminación de los objetivos y del movimiento mismo, que ya comienza a diluirse por la presencia de quienes buscan pescar en río revuelto.

Para empezar, la protesta debe respetar el estado de derecho. Las declaraciones de un dirigente esta mañana en ADN son inconsistentes con el principio de legitimidad, cuando asegura que la única decisión aceptable es la que salga de la voluntad popular. La afirmación del dirigente en referencia desconoce el estado de derecho y a las autoridades legítimas en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, del poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Esa es nuestra institucionalidad democrática y si el propósito es cambiarla, la protesta sobre la concesión de la carretera a San Ramón es el camino equivocado. La participación civil es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos formales previstos en nuestra legislación. Además, hay una propuesta, planteada por los notables, que podría servir de base para ampliar esos mecanismos. Pero este es un tema nacional que excede el interés de un grupo reducido de comunidades y ciudadanos.

A la población la embarga un sentido de frustración y pérdida de confianza en el Estado para la resolución de problemas. Hay razones para ello, principalmente porque la relación entre la ciudadanía y los órganos públicos no conduce a soluciones oportunas aunque, por otra parte, los costos burocráticos y los privilegios golpean nuestros bolsillos y son la principal causa del déficit fiscal que ahoga a la economía. Si la capacidad resolutiva de la burocracia estatal no se optimiza, el sentimiento de desconfianza seguirá golpeando al país como un todo. Sin duda es nuestro principal problema aunque, en el imaginario colectivo, la culpa se descarga contra los políticos y la política, es decir, contra nuestra democracia, una de las más sólidas del mundo. Como con la concesión de la carretera a San Ramón, hemos hecho un mal esfuerzo de comunicación, para focalizar la atención sobre el problema, valga decir, sobre el estado disfuncional y en extremo costoso, que todos en conjunto hemos creado. Falla en equidad, porque no distribuye oportunidades y beneficios con sentido solidario, lo cual se agrava porque sus costos son de tal magnitud que impide la inversión en infraestructura y el crecimiento necesario para lograr la inclusión de todos los sectores sociales. Y lo traemos a colación, porque la temática ya tiene presencia en ciertos sectores agregados al movimiento contra la concesión y puede descarrilar sus objetivos originales.

El problema es cómo resolver los conflictos sin agregar a la ingobernabilidad que nos abruma. Todos concordamos que es nuestro principal problema, pero la irritación social nos hace perder foco de los problemas específicos a la hora de juntar voluntades y pretender inyectar la participación civil en la búsqueda de soluciones. Las manifestaciones de los voceros que, en aparente solidaridad, se han unido a la protesta, revela ya la presencia de intereses y objetivos ajenos a los originales de la resistencia contra la concesión ¿Qué hacer con ese conflicto específico? Sin pretender tener la respuesta a esta pregunta, veamos aspectos que pueden ser relevantes para una posición constructiva.

Pareciera que no hay claridad en cuanto a la legalidad de un contrato, ya refrendado por la Contraloría General de la República y cuyo impacto puede ser de pérdida para todas las posiciones actuales, especialmente la oficial del Gobierno y la de las comunidades, que piden rescindirlo. El peor escenario es uno en el que tengamos que pagar los $530 millones del contrato – tal vez más por la pérdida de las expectativas de rentabilidad –  y quedarnos con la misma deteriorada carretera a San Ramón. Aún si ello resulta de malas decisiones oficiales, las comunidades en protesta deben cuidar que ello no ocurra. Podría ser incluso el objetivo fundamental, de quienes pescan en río revuelto, los tradicionales grupos “anti” a los que no les importa mucho las consecuencias para el país. También hay que tomar con cuidado las manifestaciones de precandidatos y autoridades de gobiernos anteriores, que piden rescindir la concesión, de cara al “peor escenario” antes mencionado.

Es evidente que el Gobierno seleccionó una mala estrategia de comunicación. Hay además sospechas sobre la ética del proceso, que tal vez puedan despejarse con la participación ya iniciada de la Fiscalía y reforzada por la Procuraduría. Pero más allá de estas cuestiones, es importante reconocer como una decisión positiva la que el Gobierno ha tomado: tener el criterio de un grupo independiente, con la participación de instituciones como Lamane, el CFIA y el TEC. Ello si la noticia de esta mañana de Radio ADN se confirma, aunque no aparece en su Sitio y tampoco en la mayoría de la prensa escrita del día de hoy. Tal grupo independiente podría dar un punto de vista “autorizado” en los aspectos técnicos o incluso sobre la razonabilidad de los costos. Sin embargo, persiste un vacío sobre la legalidad y posibles responsabilidades financieras si el proyecto fuese rescindido. Para ello se requiere la opinión de expertos en la materia.

Por otra parte, al desaparecer de la escena el Ministro Castro y nombrar a otro vocero, posiblemente se faciliten las comunicaciones con los grupos que representan a las comunidades de occidente y del norte. Según palabras del Ministro de Comunicación, se pretende abrir un nuevo proceso de negociaciones sin condiciones, pero ¿Sabemos cuál es el margen de negociación frente a un contrato refrendado? ¿Qué grado de flexibilidad ofrece OAS?  y ¿Cuáles son las responsabilidades económicas ya adquiridas por el Estado? De nuevo, es necesario aclarar estos aspectos y evitar caer en el “peor escenario”.

Hay un argumento de fondo que excede la protesta contra la Carretera a San Ramón, pero que puede llevar al país a un ejercicio de reflexión y cambio positivo. Lo podemos plantear con la pregunta ¿Tiene el país alternativas frente a la concesión? ¿Cuáles son sus riesgos y potencialidades? El tema no es nuevo y ha estado latente en el escenario político. Además, parece contar con simpatías de tirios y troyanos. Se trata de emplear los vastos recursos más o menos ociosos que tiene el país, como los fondos de pensiones, para financiar obras de infraestructura. Su ejecución se podría apoyar en contratos por licitación abierta y mecanismos financieros como los fideicomisos. El Estado podría asumir las deudas y también administrar los peajes, en forma directa o mediante contratos con terceros, hasta pagar los costos financieros y de mantenimiento. Cuando los primeros sean sufragados, los peajes deberían reducirse en forma proporcional, para beneficio de los usuarios. Esta podría ser una vía complementaria a las concesiones y un escenario al que se le agrega un elemento de competencia, con notables beneficios para las empresas y el capital nacional. Aunque agrega un nuevo reto: cambiar la administración y la organización de los sistemas de pensiones, que deberían ser manejados al margen de la política, separados de instituciones cuya gerencia no es acorde con la especialidad estrictamente financiera de los fondos y dirigidos por gerentes profesionales en el respectivo campo de especialidad. El interés de los usuarios sería bien servido, en la medida que el Estado es un buen pagador, posiblemente con intereses que superan la rentabilidad histórica de los fondos, administrados con criterio conservador.

En suma, la lucha emprendida es justa y razonable. Los temas importantes, sin duda, serán más de lo que hemos podido aportar aquí. Pero todos debemos anteponer el interés nacional y buscar formas de combatir la ingobernabilidad, no agregar a ella. Las manifestaciones de las comunidades de occidente y del norte deben focalizarse en ello y, reiteramos, evitar que los objetivos de grupos de interés especial que se vienen agregando, contaminen los propios. Los resultados no pueden resultar onerosos para la débil economía pública y tampoco mantener la carretera a San Ramón en el estado actual. Es más, sugerimos, como lo hemos hecho en anteriores artículos y editoriales, que el país debe abandonar la construcción de carreteras de dos carriles. Como las ya existentes y colapsadas, sólo sirven para mantener la congestión vial que hoy prevalece en todo el país o, incluso, en la más recientemente construida Ruta 27.