Gobernabilidad, institucionalidad pública y Mercado

editorialDos artículos, ambos publicados en La Nación, llaman nuestra atención. El columnista Mesalles (ver AQUÍ) plantea el equilibrio en la participación de empresas públicas y empresas privadas, mientras Ottón Solís ofrece consejos, tal vez valores, que de respetarse generarían un gobierno transparente, eficaz y eficiente (ver AQUI). Dos puntos son necesarios para discutir la temática. El primero es que quienes seguimos corrientes ideológicas progresistas somos pro-mercado, con la debida participación del estado en función reguladora. Segundo, que para mantener un adecuado equilibrio económico y social, el Estado debe asumir ciertas empresas, porque de otra manera se generarían enormes brechas sociales.

Hay un punto central a la argumentación sobre la empresa privada y la empresa estatal. O, para hacerlo más transparente, entre la organización de mercado y la organización social. Esta (la social) tiene como punto principal de orientación la equidad, a diferencia de la organización de mercado, cuyo motor principal es la rentabilidad, alimentada por la eficiencia que se convierte en principal indicador de excelencia. Y es entendible que así sea porque de la relación entre costos bajos y altos dividendos resulta su capacidad para pagar los accionistas, innovar, competir con éxito y mantenerse en el mercado. La equidad, propia de la organización pública, se relaciona con las coberturas universales o específicas por factores de riesgo, y tiene como preocupación central la distribución de los beneficios del desarrollo sin exclusiones. En conjunto, podemos decir que Costa Rica la equidad ha quedado debiendo, por la presencia de 1 millón de personas en pobreza y 1.5 si nos referimos a vulnerabilidad.

Por su naturaleza, el mercado no incluye en su finalidad la equidad. Su preocupación principal es generar rentabilidad, mientras el estado debe preocuparse por el bienestar social y porque el mercado funciones dentro de ciertos principios, por ejemplo, sin producir daños al ambiente que repercutan en la sociedad como un todo.

Decir lo anterior, no implica una independencia total entre el mercado y el estado. De hecho, cuando el estado es muy grande, como el nuestro, le pasa la factura a la economía como un todo y la hace más o menos eficiente y más o menos equitativa. Hemos venido argumentando que tenemos un estado muy grande, que la ineficiencia nos cuesta varios miles de millones de dólares por año y que la equidad (atender pobreza y vulnerabilidad) no será posible mientras no se haga una reforma de fondo. Es el producto de un patrón de comportamiento propio de los gobiernos progresistas, ilustrado por las crisis que experimenta hoy los países de la Unión Europea (UE), riesgo que también enfrenta nuestro país, de no introducir correctivos.

Tiene razón el economista Mesalles cuando plantea la cuestión de cuánto estado y cuanto mercado. Lo que nos falta en Costa Rica es una definición política sobre las empresas públicas que son esenciales, en función de equidad. Hay experiencias que pueden ofrecer alguna orientación. Por ejemplo, cuando la salud social se ejecuta principalmente a través de organizaciones económicas (sistema privatizado), deja enormes vacíos de equidad. Tal es el caso de EE UN, que tiene el sistema más costoso, coberturas que no llegan a más de 40 millones de sus ciudadanos vulnerables, e indicadores de salud inferiores entre países desarrollados. Muchos otros, sustentados en modelo de alcance público nacional, gastan sustancialmente menos y tienen coberturas e indicadores de salud superiores. Algo similar ocurre con la educación y tampoco se pueden negar el impacto social de coberturas cercanas a universales en agua y electricidad. En contraste, uno se pregunta bajó cuál imperativo social el estado vende seguros o fabricación de alcohol.

Sin embargo, hemos creado situaciones monopólicas o cuasi-monopólicas que en general tienden a perjudicar a la sociedad. Las aperturas han jugado un importante papel en crear condiciones de mercado, bajo las cuales compiten algunas empresas públicas, como medio para incrementar los beneficios a la población (consumidores) y generar presión en favor de un uso más racional de recursos. Tales aperturas son esenciales, porque crean estímulos hacia la eficiencia y evita el despilfarro que limita la lucha a favor de la equidad. De nuevo, las pérdidas que hemos venido denunciando, por simple ineficiencia, son contundentes y suficientes para resolver el déficit fiscal y mantener una inversión sostenida por más de $1000 millones por año. El país no necesita recursos para alcanzar un desarrollo solidario, aunque sí focalizar la equidad y fomentar la eficiencia, sin la cual esa lucha no es viable.

La posición de don Ottón es interesante. Le pide al empresario que evite la corrupción y que acepte las medidas distributivas; a los empleados públicos trabajo duro, honestidad y vocación de servicio; que se elimine el clientelismo y que los beneficios sociales le lleguen a quienes lo necesitan; que la clase política haga lo propio y se olvide del botín; y, finalmente, que los candidatos adopten la eficiencia, eficacia, austeridad, tecnocracia, gerencialidad y ética en el próximo gobierno. Por supuesto, uno puede simpatizar con don Ottón en estos planteamientos, pero un político que quiera producir un cambio debería pensar cuáles son los estímulos que producen el tipo de conducta negativa dominante y qué modificaciones  podrían generar estímulos que impulsen las buenas prácticas de gobierno.Es interesante, por otra parte, que don Ottón no se refiera a la equidad (coberturas) como un elemento central de la acción de gobierno, al cual deberían estar subordinados los de eficiencia, eficacia, etc., que sí identifica. Pero, bueno, don Ottón ha dicho que no será candidato a la presidencia y, por tanto, no debemos preocuparnos por las soluciones que de buena fe propone.

No obstante, los políticos que quedan en la arena electoral sí debían preocuparse por esos estímulos y desestímulos. Y muchos de ellos son comunes a los distintos problemas de ingobernabilidad, como la crisis financiera de la CCSS y los de competitividad del ICE. En general, un problema estructural guarda relación con la gerencialidad mencionada por don Ottón. Primero, los políticos (ministros y presidentes ejecutivos) deberían de preocuparse por la política. Ellos tienen el estímulo del procesos electorales anterior y posterior para desempeñarse con competencia. Pero igual deberíamos crear como un estrato organizacional relacionado pero protegido de las interferencias políticas (lo que algunos políticos llaman la administración de los ministerios e instituciones autónomas) y dejarlo en manos de gerentes profesionales, nombrados por tiempo indefinido, mientras dure su buen desempeño, que no es otro que formular y ejecutar los planes y programas para hacer efectiva (real) la política pública.

Otro estímulo contra la improductividad y las violaciones a la ética de servicio, es la inamovilidad de que disfrutan el funcionario público. Sabiendo que está seguro en su puesto, no tiene ningún estímulo para preocuparse por su desempeño. Un caso similar son las incapacidades que se aprovechan para no trabajar, como lo hacen, según publica la prensa de estos días, funcionarios que tienen años de disfrutar de incapacidad con goce de sueldo.Y hay ejemplos frescos de ello, como las eternas incapacidades de los jueces o los más de 40 mil “estudiantes fantasma”, un chorizo creado para inflar sueldos del personal, amparado por la inmunidad que brinda el debido proceso.

En general, el régimen laboral está construido en torno a estímulos perversos que atentan contra todo los que don Ottón propone y el problema se mantendrá mientras no sean removidos y sustituidos por estímulos que produzcan el efecto contrario.

La corrupción se centra en la dictadura del procedimiento. Es posible también que sea la causa principal del sentimiento de desconfianza que invade a la mayoría de los costarricenses en relación con el Estado. La dictadura del procedimiento la ejercen principalmente los tecnócratas, aunque es el producto eficiente de la judicialización de la administración pública. Consiste en obstaculizar, neutralizar o prolongar innecesariamente toda gestión que miles y miles de costarricenses hacen a  diario y que genera mucha irritación. Pero más allá de las molestias, es el principal estímulo para la mordida, ya sea porque la cobre el funcionario público o porque la ofrezca el usuario de un servicio que para él constituye un asunto importante. El procedimiento expedito corto y eficaz es la solución al principal problema de corrupción que enfrenta el país.

Podríamos seguir mencionando ejemplos. Lo que queremos resaltar es que la toma de decisiones serias en el plano político/institucional no puede basarse en pedirle al funcionario público, al empresario o al político que se “porten bien”. Las cosas ocurren porque hay impulsos y estímulos que las producen. Hay focalizarse en ellos como causas sustantivas y generar otros que impulsen las metas de cambio deseadas.

Por otra parte, los planteamientos del Economista Mesalles son dignos de tomarse en cuenta, pero implica que la sociedad defina y acepte que hay empresas que obedecen a un imperativo social, el cual justifica la participación del Estado. Por supuesto, algunas de esas empresas, como educación y salud, representan miles de millones de colones que pueden despertar la codicia de la empresa privada,  pero el mayor riesgo hoy en nuestro país emana del mal servicio y su alto costo, problemas de carácter endógeno. Por otra parte, el riesgo de la privatización es, en algunas agrupaciones neoestatistas, una escusa para favorecer ciertos privilegios y defender un estado grande, honeroso, que contribuye poco al desarrollo y en muchos sentidos lo obstaculiza.