Resumen semanal

Control del comercio de armas. El costarricense se distingue por su capacidad para tomar decisiones difíciles en tiempos de crisis. Fueron notables los cambios que se produjeron en la década de 1940 y luego al crearse un Estado que asumió su responsabilidad por el desarrollo y el cambio social a partir de la siguiente década. Coronó ese cambio la eliminación del ejército, un factor incómodo en la estructura social de juegos de poder, que además nos permitió sumar recursos para el desarrollo del país.

Otra decisión heroica, quizás un sueño ambicioso, construido hace unos 16 años por iniciativa del Dr. Oscar Arias Sánchez, se ha traducido ahora en el Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el abrumador apoyo de 154 países y el voto negativo de tres países: Irán, Corea del Norte y Siria. Es un paso gigantesco para la humanidad, aunque sus resultados tardarán en hacerse efectivos. Pero, la capacidad que como país tenemos para tomar grandes decisiones deberíamos tomarla con un punto de partida para asumir los retos del desarrollo inclusivo que hoy encaramos y superar el negativismo que hoy nos embarga (ver AQUÍ).

¿Se levanta Limón? Una nueva iniciativa podría prosperar y llevar progreso a la provincia de Limón, una de las más pobres y a su vez más bellas del país. Se trata de crear, con ayuda china, una zona industrial que podría agregar varios miles de trabajadores. Esto está en negociaciones y, de llegar a ser una realidad, el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo intensivo para elevar las competencias de la población limonense, en forma acorde con esos nuevos empleos. Es sabido que se construirá en el Caribe un nuevo y moderno puerto, se renovará el actual y se construirá una refinería. La inversión en la zona ya supera en mucho los $2000 millones y puede aumentar en forma sustancial. Se dice también que la ampliación de la carretera Guápiles-Limón, esencial para el tráfico que une el Caribe con el pacífico y el norte de Centro América, será construido “llave en mano” por los chinos y estará terminado en el año 2017.

La empinada nueva carretera a San Ramón. Hay una oposición generalizada entre las poblaciones afectadas, San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Sarchí, entre otras, que consideran los costos de peaje desproporcionados. Más empinado lo pone la crítica de Johnny Araya Monge, con grandes posibilidades de dirigir el próximo gobierno. El proyecto cuesta unos $530 millones y se dice que la concesión de 30 años le produciría $3.930 millones (ver AQUÍ), una suma obviamente desproporcional. Las autoridades del MOPT no han desvirtuado en forma contundente esa cifra. La opinión pública merece explicaciones más claras que las que hasta ahora han dado las autoridades competentes. Tampoco han explicado la diferencia tan abismal de costos con respecto a la carretera que se construye en concreto entre Cañas y Liberia. El Ministro, según un titular de prensa, promete que el viaje a San Ramón durará 50 minutos, pero la realidad es que en carreteras de dos carriles, la velocidad del tráfico la determina el vehículo más lento, incluso con un segundo carril de ascenso. Ocurre en todas las carreteras del país. Si se quiere agilizar el tráfico, deberíamos desechar de una vez por todas las carreteras de dos carriles.

¿Retroceso en Seguridad? Un proyecto propone el uso de “brazaletes” como medida para descongestionar las sobrepobladas cárceles del país. La idea no es mala, aunque sí lo es el proyecto. Tiene sentido en ciertas circunstancias, cuando la persona que ha delinquido no presenta un riesgo social, buscar alternativas para el encarcelamiento. Pero en su forma actual, el proyecto abre un portillo que puede resultar en un incremento de la inseguridad o incluso para la vida de los ciudadanos. Y ello, principalmente, porque sustituye la pena de cárcel para condenas de hasta 6 años, que cubren intento de homicidio, violación de menores, robos, bajonazos, entre muchos otros. De todas maneras los “brazaletes” no son solución para la crisis de sobrepoblación penitenciaria. La solución es contar con mayor capacidad carcelaria. Afortunadamente, la Presidencia ha retirado el proyecto de la corriente legislativa para promover más discusión.

Tribunal Supremo de Elecciones propone la cesión de 30 minutos de espacio radial y TV durante el proceso electoral. Es una medida sana que otros países han adoptado y que hace más democrático el sufragio. En ausencia de esos recursos, los políticos tienen que negociar con los empresarios sus contribuciones para financiar la campaña. Por otra parte, es posible que el aporte del fisco se reduzca sustancialmente. La oposición de los intereses privados que controlan los medios de comunicación ya se ha hecho sentir y ello es lamentable, porque protegen los intereses de los más poderosos, que han recibido con creces la mayor tajada del crecimiento económico. Sin perjuicio de la conveniencia de este proyecto, es una lástima que el TSE no haya propuesto una reducción sustancial del período electoral como otro recurso para hacerlo más eficiente y menos costoso.