¿A cuál socialdemocracia pertenece usted?

Eduardo carrilloUn ala del PLN, el único partido formalmente socialdemócrata (SD) destaca en su discurso la intención de volver a las verdaderas raíces de la socialdemocracia. El PAC, que hoy cobija exliberacionistas, acusa al PLN de neoliberales, aunque la agrupación incluye una corriente chavista y otra decididamente estatista. Sin considerar diferencias  personales, es posible que las brechas se centren en la confrontación entre aperturismoneoestatismo, este defendido a ultranza por el sindicalismo, y en el concepto asociado de libre comercio. Ambos, aperturas y libre comercio, constituyen ejes principales del modelo de desarrollo que ha adoptado el país desde la década de 1980, respaldado por una decisión popular mediante el referendo del 2007.

Sobre el libre comercio y la globalización, un editorial de La Fragua cita al economista Stiglitz, muy respetado entre socialdemócratas, que nos dice que “Abrirse al comercio internacional ha ayudado a crecer mucho más rápido que de otra manera… (que) ayuda al desarrollo cuando las exportaciones impulsan el crecimiento económico…(y que) fue la clave de la política industrial que enriqueció la mayor parte de Asia y mejoró la condición de millones de personas. Por la globalización mucha gente en el mundo ahora vive más y mejor que antes, con superior calidad de vida”. Pareciera entonces, que cómo aprovechemos las oportunidades de la globalización y el libre comercio es un asunto de diseño de políticas públicas, que no define aspectos importantes de posicionamiento ideológico y tampoco debería ser factor de división.

Sobre el neoestatismo, es oportuno citar un artículo, escrito por el Dr. Oscar Arias Sánchez, que aparece en La Nación del 17/03/2013: “Lo he dicho durante años y lo reiteré en mi discurso del Congreso Ideológico Daniel Oduber Quirós el 22 de mayo del 2005: “Necesitamos una socialdemocracia que defienda la presencia de un Estado vigoroso. Pero también precisamos una socialdemocracia que sea honesta consigo misma y que admita que, por gloriosos que hayan sido algunos logros de la actividad estatal en Costa Rica, ningún principio socialdemócrata alcanza para justificar toda intervención estatal como intrínsecamente virtuosa y justa. Frecuentemente, lo que hemos entendido por socialdemocracia no es más que una defensa sin cortapisas de un estatismo paralizante y hasta antidemocrático”.

En La Fragua hemos planteado argumentos similares. Hemos dicho también que la excelencia del Estado la define el principio SD de equidad – representada por coberturas universales y específicas por factor de riesgo – y no por la eficiencia, un concepto de mercado. Sin embargo, la pesada carga económica del despilfarro y el privilegio en la administración pública, ha llevado a la SD (europea especialmente) a considerar la eficiencia como un importante fundamento, primero, porque reduce la generación de los productos del bienestar social y, segundo, porque limita la visión social de la función del Estado, es decir, facilitar los procesos de desarrollo, en vez de obstaculizarlos como ocurre en nuestro caso. En estas dos perspectivas, nuestro Estado actual no es SD como podría derivarse, además, de las palabras del Dr. Arias Sánchez en el mismo artículo mencionado: “… el dominio estatal de un servicio o institución no es otra cosa que una coartada para esconder su control por parte de grupos, gremios e intereses minoritarios y mezquinos que muy poco tienen que ver con los del pueblo costarricense.

Si estos razonamientos son correctos, una buena parte de las brechas entre socialdemócratas queda sin fundamento. Hay pocas raíces que se puedan rescatar de la sociedad que éramos en la década de 1940, condicionante del modelo exitoso de las tres décadas subsiguientes; como tampoco del modelo sustitutivo, liberal, que aplicamos, a medias, y le incorporados aportes criollos durante las décadas siguientes, del cual se derivan sus actuales ejes de aperturas, libre comercio y exportaciones como motor de la economía. Indicadores usados en un editorial de La Fragua, así lo confirman. Agreguemos además que el neoliberalismo queda en un eufemismo usado como recurso político para diferenciar una posición política confusa por la convergencia de ideas disímiles o contrapuestas. Pero, hay algo que nos perturba ideológicamente y que crea una justificada crispación social: la pobreza y la vulnerabilidad que afecta a más de un millón de compatriotas.

El problema tiene siempre matices ideológicos, pero se centra, como ya sugerimos, en el diseño de la política pública. Es notable que en la Administracion Arias Sánchez (AAS) 2006-2010 se lograra bajar al 16% y, además, que se reforzara con medidas de largo plazo (programa Avancemos) y que nuestras estadísticas no miden el “factor nica” de la pobreza, no para actuar con menos solidaridad, sino para saber cuánto del problema es importado. En todo caso, los logros mencionados, nos dice al menos, que una reducción sustancial es posible en el corto y mediano plazos, pero es necesario focalizar la política pública en ello. Sin embargo, el estatismo, en la forma como lo practicamos, sigue presente como obstáculo. La AAS hizo una fuerte inversión social, que figura entre las más altas en la región al año 2010.

Sin embargo, en las circunstancias institucionales actuales, los resultados de lo que invirtimos no depende de montos, sino de la calidad de los órganos públicos y de sus respectivos procesos de ejecución. El país cuenta con unos 60 programas de combate a la pobreza, pero se encuentran dispersos en más de veinte organizaciones públicas, cuyos recursos se gastan principalmente en salarios. El impacto no es sustancial y en todo caso los estilos de gestión (?) no permiten su cuantificación.

Otros ejemplos abundan, pero tomemos sólo tres: La carretera prevista a San Ramón, cuyo costo agregado en largos años de negociación alcanza un tercio de costo total y equivale también a casi un tercio de costo estimado de una red ferroviaria para transporte de pasajeros que cubra la mayor parte de meseta central; la CGR señala el caso de una institución autónoma, cuya capacidad ejecutiva es sólo el 47%, lo que implica ociosidad de recursos, equivalente a un  53% de sus costos de operación; según un informe del Banco Mundial, perdemos unos $500 millones cada año por compras inadecuadas de equipos e insumos. En conjunto estamos hablando de unos $1000 millones al año que, invertidos sostenidamente en bienestar e infraestructura podría impulsar el crecimiento y permitirnos resolver el problema de pobreza. En suma, nuestra máxima prioridad, el combate a la pobreza, no será posible mientras el Estado no sea objeto de cambios sustanciales para liberar recursos que se pierden por ineficiencia, sin ningún beneficio social, y para que, en vez de obstaculizar el desarrollo, lo agilice.

Por otra parte, lograr entender la fragilidad de nuestras divisiones y concentrarnos en tres aspectos fundamentales: una política pública focalizada en la solución del problema de pobreza; la reforma institucional de nuestro aparato estatal; y una reforma fiscal que alivie el fardo que arrastra la clase media y lo reparta entre los sectores de alto ingreso, daría al progresismo mayor cohesión y haría posible lograr en forma expedita ese desarrollo equitativo y solidario que todos queremos.