Gobernar en turbulencia

editorialHay una creciente efervescencia nacional. La población pide más porque sabe que el país puede dar para más. Sin embargo, los proyectos se pegan en la tramitología burocrática y en ello se pierden miles de millones de dólares. Así, la crispación nacional tiene amplia justificación, aunque equivoca al señalar responsables e identificar las causas esenciales. Decir que son los políticos es fácil y sólo parcialmente cierto. Lo es sólo como un efecto acumulado de un sistema político que no distingue los estratégico (o político, valga la redundancia) de los tecnocrático. Y que hemos judicializado esa tramitología hasta hacerla inútil, o pero, un obstáculo para ese desarrollo superior, para el cual tenemos la capacidad y los recursos, si los empleamos en forma apropiada,

Pero, ante la indecisión nacional, que nos incluye a todos, hemos recurrido a lo peor de nuestras tradiciones culturales: culpar al otro y expresar nuestra irritación en una actitud crítica no constructiva. La indignación se expresa, crecientemente, con manifestaciones populares que generalmente guardan poca relación con los hechos que queremos cambiar. Una de ellas incluyó el vandalismo y un acto mediático indigno por parte de una diputada, disque en defensa del presupuesto de la CCSS. La Caja no tiene un problema presupuestal, sino serias deficiencias del modelo de gestión, de prestación de servicios y de ética profesional. Sus desequilibrios económicos son consecuencia de ello. La educación, que ha progresado en muchos direcciones, ha sido uno de los más favorecidos en términos de mejoras justas a la situación salarial. Sin embargo, las peticiones excesivas que se han planteado presenta serios riesgos para el sector salud, la situación fiscal del país y en última instancia, para todos los trabajadores del Estado. Es la vía que escogieron los españoles y griegos para llegar donde ahora se encuentran.

Presumiblemente todo se reduce a un problema de negociación, en el que ciertas propuestas excesivas se impulsan bajo el chantaje de la paralización del país, con serio perjuicio a la economía nacional y al derecho a la transición libre de los costarricenses por el territorio nacional. Un método exitoso, pero de amplio riesgo para nuestra democracia. El éxito relativo de los gremios reside en la debilidad del político, hecho que no hemos querido reconocido y corregido. Hay dos respuestas posibles. En primer lugar está la parte institucional. El comportamiento político responde a un estimulo principal: el compromiso derivado de proceso electoral previo y siguiente. Y ello es coherente con la naturaleza de la democracia, que demanda respuestas al compromiso adquirido con la población.

La solución es muy simple: asignar al político la gestión de la política pública, pero no las responsabilidades de gerencia institucional, donde se definen los recursos y los costos que soporta el aparato administrativo, a través del cual se ejecuta la política. Este debería ser un estrato con cierto grado de independencia, protegido de la interferencia política electoral, a cargo de gerentes profesionales, cuya ética profesional busca adecuar los recursos en función del objetivo central de lograr determinados productos de la mejor calidad y al menor costo posibles. Por supuesto, separar estas dos funciones requieren cambios de fondo a nuestra institucional y legislación, pero es esencial si queremos fortalecer, por una parte, la gestión de la política pública y, por otra, la capacidad para ejecutarla y entregar a la población sus productos y beneficios.

Hay un recurso, no excluyente del anterior, que puede aplicarse en el corto plazo. Lo viene aplicando el nuevo presidente mejicano. Se trata, por una parte, de reconocer las limitaciones de la decisión política producto de la actuación solitaria del Poder Ejecutivo. Y, por otra, de establecer acuerdos sobre una cantidad reducida de programas nacionales, sobre los cuales difícilmente pueda existir desacuerdo. Nuestra crisis institucional es un buen ejemplo de ello. El Presidente Peña Nieto ha presentado una reforma del sector educación, en la que intervienen fuerte intereses particulares y presiones sindicales que en el pasado han sido exitosas, gracias a un manejo inteligente de las sensibilidades políticas. Sin embargo, las fuertes medidas asociadas con esta reforma han sido avaladas por las tres principales fuerzas políticas. Así, difícilmente podrán ser revocadas, por protestas o movimientos populares que sin duda los gremios docentes llevarán a cabo.

Costa Rica puede aprender de ello, sobre todo si la posición del Gobierno va acompañada del mismo compromiso multipartidario permite tomar las medidas correctas en tiempos relativamente cortos. Y hacerlo sin postergar reformas de fondo, como las sugeridas en el párrafo anterior, que fortalecería a los políticos y a la democracia, a la vez que generaría confianza pública, al contar con una mayor capacidad de ejecución, eficaz, eficiente y oportuna, de proyectos de desarrollo.