Cor-ticos

noticortosLa administración pública concentra hoy la atención de Cor-ticos: ¿qué hace una organización esencialmente financiera, el IVM, en la CCSS que se especializa en salud? ¿Qué hacer con la ineficiencia pública? ¿Tenemos una política pública en materia de empresas estatales?

¿Debería ser el IVM, una entidad financiera, separada de la CCSS? La CCSS misma debería tener un gerente, que no tiene necesariamente que ser médico, porque no atiende pacientes y administra un vasto sistema de salud y recursos por un costo aproximado de ¢1.5 billones. La formación médica es irrelevante a esa responsabilidad. Pero lo es más en relación con la supervisión de un fondo de pensiones (el IVM) responsable por la administración de ¢1.573.786 millones, patrimonio de todos, que debe invertirse tanto en Costa Rica como en el exterior (hoy no permitido) para obtener la mejor rentabilidad a favor de sus beneficiarios. El régimen IVM debería ser una entidad financiera separada de la CCSS y administrada por un Gerente de formación financiera, pagado según las reglas del mercado para asegurar su excelencia y seleccionado por un proceso independiente que garantice su excelencia, de la cual dependerá su permanencia en el cargo.

¿Qué hacer con la ineficiencia del aparato estatal? Los indicios de la amplia y costosa ineficiencia pública, presente en los tres poderes del Estado, es cada día más dramática, según lo sabemos por los medios de comunicación. Y de muchos casos tenemos una información parcial ¿Qué hacer? Lo primero es reconocer sus causas, que está en el sistema no en las personas. Fracasamos porque tenemos un ordenamiento institucional en donde los políticos, actúan con motivación electoral. Esto es correcto y bueno, porque, en democracia, tienen que responder ante la sociedad por los compromisos adquiridos. Pero también se encargan de administrar los ministerios e instituciones autónomas y en esto su motivación electoral tiene resultados catastróficos. Esto debería ser responsabilidad de gerentes profesionales, actuando con independencia formal del estrato político y protegido institucionalmente de sus interferencias. Zapatero a tus zapatos. Separar estos dos estratos tiene beneficios para el político, porque puede concentrarse en la formulación de la política pública, de las cuales carecemos; a la vez que hay mayor garantía de que se ejecute, porque tendría recursos tecnológicos y personal capacitado para ello. Separar estos dos estratos organizacionales es crítico, estableciendo las relaciones críticas entre ellos y un mecanismo ágil de rendición de cuentas por resultados.

Importante en gestión pública: distinguir eficiencia y equidad. Quien escribe estas notas cree que la gestión pública es diferente de la gestión de organizaciones de mercado, aunque hay instrumentos comunes a ambos. Una diferencia notable es que en la organización de mercado, la eficiencia es el eje principal del éxito, por su relación con los costos y de éstos con las posibilidades de la empresa de pagar a sus accionistas y hacer reservas para inversión, innovación y competitividad. Es la medida de la excelencia. En la organización pública, al menos en el Estado Social, la excelencia la determina la equidad, que está asociada con las coberturas universales y específicas por factor de riesgo. El Estado debe buscar el bienestar social (cobertura universal), pero a su vez debe proteger a los sectores que por diversas circunstancias sociales se encuentran en vulnerabilidad (cobertura específica). Aquí la eficiencia es un elemento subsidiario que tiene un alto contenido ético: si se despilfarran los recursos, se limitan las coberturas y por tanto también la equidad, mientras en la organización de mercado es un concepto económico.

Empresas públicas: el país no hay tenido clara su política sobre las empresas públicas. Quien escribe estas notas piensa que el Estado debería tener claro cuáles son empresas que responden a un imperativo social. El Estado acepta los beneficios de un mercado, que apoya y regula para potenciarlo y controlar sus riesgos. En consecuencia, su participación como empresario debe circunscribirse exclusivamente a aquellas empresas que son esenciales para lograr beneficios sociales que el mercado no puede garantizar.

Por ejemplo, en perspectiva social no hay evidencia histórica de que el sector privado pueda asegurar coberturas adecuadas de salud para toda la población a un costo razonable. Algo similar ocurre con la educación. Sin embargo, tampoco tenemos claro, por ejemplo en banca nacional, cuáles son sus alcances. Nació para evitar la concentración de la propiedad cuando los grandes propietarios manejaban el crédito. Sin embargo, la banca nacional es cada vez más una banca comercial, que incluso impulsa intereses altos y altos costos de intermediación. O la situación de la Imprenta Nacional que ha pretendido incurrir en la comercialización de sus productos, como lo expone su relación reciente con el Tribunal Electoral que ha preferido, por costo y riesgo, acudir a una imprenta privada. O, el Estado produciendo y vendiendo alcohol, a la vez que costea un programa de prevención de sus efectos nocivos. Además surge el tema de las alianzas estratégicas. Una política pública en este campo, debería de aclarar en qué nuestro Estado intenta intervenir y con qué propósitos. Así instituciones como la banca nacional no perdería su norte y otras no intentarían tomar iniciativas que son contrarias a sus propósitos y posibilidades.