¿Se equivoca don Ottón?

Don Ottón tiene una especie de obsesión que lo induce a pensar en todos los males en términos éticos y a culpar de todo al Partido Liberación Nacional (La Nación de hoy). Su posición es respetable, aunque ello no la hace correcta. Frente a ella planteamos la hipótesis de que los problemas de ética se relacionan con las características del sistema de gestión pública que hemos construido, que pone obstáculos a cada asunto que debe resolver y que genera el impulso perverso de abrir “portillos” mediante la “mordida”.

Nuestro país enfrenta varias crisis. Notable ha sido la de la CCSS, pero algunos de nosotros anunciábamos otras en instituciones fundamentales para nuestro desarrollo, como el ICE. Y ello, sin contar con información, porque en este caso el secretismo ha sido formalizado por alguna resolución de la Sala IV; pero la crisis del ICE ya asoma con claridad, primero al hacer público un déficit de unos ¢80 millones, para luego ser reconocida con más claridad por el propio presidente ejecutivo (ver AQUÍ), aunque su antecesor ya había advertido sobre los excesos de personal. También hemos advertido de la crisis fiscal y sus disparadores propios de privilegios laborales, que nos pueden llevar en 4 o 5 años donde hoy se encuentran Grecia y España. Lo ha confirmado hoy el Sr. Ministro de Hacienda, más o menos en los mismos términos. Estas situaciones obligan a preguntarnos cuáles son las causas fundamentales de esos problemas porque, sin respuestas claras, podríamos optar por soluciones equivocadas y perdida de oportunidad de hacer los correctivos pertinentes. Al intentar aclarar estas cuestiones, no gustaría no politizarlas, aunque es inevitable ignorar que la temática tiene aristas políticas.

Legitimidad. Don Ottón parte del principio de que “nuestros gobernantes carecen de legitimidad” (ver AQUI). Puede ser un fenómeno real, pero no en la forma que lo plantea don Ottón. Está presente en el rechazo que la población hace a las posiciones de grupos (difícil llamarlos partidos) que no han presentado, en forma creíble, respuestas serias a los problemas que enfrenta Costa Rica. Según las más recientes encuestas, el PAC, fundado por don Ottón, es el segundo preferido por el electorado, pero con apoyo popular que sólo llega al 6,7% de quienes dicen que votarán en las próximas elecciones. Más que falta de legitimidad, el PAC y otros grupos de oposición, tienen un problema de credibilidad en la seriedad de sus propuestas. Que el PLN concentre una popularidad de un 42% y que tenga todas las posibilidades de ganar las próximas elecciones es, sin duda, un problema para nuestra democracia. Pero lo es por el vacío de ideas y soluciones a nuestras situaciones de crisis, responsable por la atomización y falta de identidad ideológica de la oposición. Y por la carencia de honestidad en creer que ese vacío de ideas se puede llenar con algún tipo de coalición. En esencia, no parece ético ignorar la biga en el ojo propio y señalar la paja en el ojo ajeno.

Etica. Ciertamente la ética es fundamental, pero no es correcto descargar el problema sobre las espaldas de los políticos. Ha habido hechos de corrupción política, que alimentan el apetito mediático y el morbo popular. Pero la corrupción se presenta a cada minuto, hora y día, siempre que un asunto cualquiera requiere la intervención de la burocracia estatal. Es el producto de lo que hemos llamado la “dictadura del procedimiento”, es decir, esa pared administrativa que a diario detiene toda iniciativa, pública o privada. Es también producto de nuestra organización ¿Quién controla al Poder Judicial? ¿Quién podría pensar que los magistrados se recetaron para sí mismos jugosos privilegios, como los asociados con el régimen de retiro, cuando ellos tienen la responsabilidad de velar por la aplicación del principio de igualdad que contempla el artículo 33 de nuestra Constitución?

La ética es producto de un sistema de gestión pública que hemos construido con la muy eficiente ayuda de los abogados. Es muy eficaz como factor obstructivo, y poco como facilitador de procesos de desarrollo. Y cuando las cosas no funcionan, se crea un incentivo para buscar el portillo y pagarlo con mordidas, arreglo que se hace en los niveles tecnocráticos. Por ello, no es sorpresa que, en el acontecimiento más importante de fechas recientes, La Trocha, no hay políticos involucrados o acusados de actos impropios. La ficción popular, según la cual los políticos y la política son corruptos, tanto como los planteamientos que hace don Ottón, son destructivos y atacan el corazón mismo de nuestra democracia, que ha sido ampliamente generosa con nuestro pueblo. La solución al problema de ética pública, debe combatirse precisamente con una reforma de fondo en nuestro ordenamiento institucional. Don Ottón, junto a políticos y analistas, debería ser muy cauto con las propuestas de los “notables”. Su crítica a la propuesta para aumentar el número de diputados, parece superficial, para no usar un calificativo más fuerte, porque ignora el contexto mayor de la reforma legislativa, en la cual esa propuesta encaja.

Dice don Ottón: “El origen de la falta de legitimidad de la política, la ingobernabilidad, la lentitud y la mala gestión administrativa, no son las leyes ni la organización del Estado, sino la pobreza ética de muchos gobernantes y políticos”. De nuevo, creemos que se equivoca don Ottón y que , la ética tiene una relación causal con las leyes y la organización del Estado. La judicialización de la administración pública ha creado modelos fracasados, que impiden avanzar en cualquier proyecto y que nos cuestan miles de millones de dólares, perdidos anualmente por ineficiencia. Ha sido un claro abuso de autoridad, en la medida que han pretendido, con criterio legal, solucionar una serie de problemas, pasando por encima del criterio profesional de otras disciplinas. Notable, por ejemplo, es el adefesio gerencial y orgánico que han creado en la figura de las juntas directivas, de paso debilitando la función y autoridad del poder ejecutivo.

La política y los políticos tienen una legitimidad que emana de la propia naturaleza de la democracia. Podríamos ir más allá y afirmar que la politización de ciertos procesos es esencial en democracia. Pero vamos por partes. La direccionalidad por la que transcurre un país surge en gran medida de la visión que desarrollan los políticos y que se incorpora como política pública. Esa direccionalidad se cumple en gran medida, a partir del conocimiento que tiene el político, adquirido en el mundo real y en el contacto con la población, individual o colectivo, y con la institucionalidad a través de la cual se busca solución a los principales problemas del desarrollo. La academia puede ayudar, pero es dispensable. El líder más fuerte desde la fundación del PLN no tenía formación académica. La actuación del político tiene como base y estímulo permanente, el compromiso electoral previo y el que se avecina al final de su gestión. Sin esta politización, se estaría violando la ética y engañando al electorado.

Hay, sin embargo, un segundo plano, que llamaremos ‘tecnocrático’, en el cual se formulan planes y proyectos y se ejecutan a fin de entregar a la población los elementos del desarrollo, nacido del compromiso político incorporado a la política pública, como salud, educación, infraestructura, seguridad, entre muchos otros. Los procesos correspondientes son esencialmente técnicos, en una variedad de especialidades, articulados por un gerente profesional con requerimientos importantes de estabilidad mientras dure la excelencia del desempeño. Dada la naturaleza especializada de la función, la formación académica es esencial, tanto como la experiencia. La motivación que actúa como condicionante de sus actuaciones es adquirida como parte de su formación profesional: lograr un producto de calidad al menor costo posible.

El problema de nuestro modelo, es que hemos juntado esos dos niveles de organización y hemos responsabilizado al político por ello. Su motivación, esencial para la gestión política (procesos electorales previo y siguiente) es nefasta para la función tecnocrática. Por ello, el segundo nivel debía estar en manos de gerentes profesionales, con una serie de controles focalizados en la generación de los resultados (productos, servicios, etc) que traducen la política en  productos concretos del bienestar social y del desarrollo. Y con ello se alivia la carga administrativa que los políticos (v.g. ministros) asumen y que les impide poder concentrarse en dotar al país de Políticas de Estado, de las cuales carecemos.

Dice don Ottón que “Además, parte de la corrupción es ofrecer puestos en campaña sin considerar capacidad gerencial o técnica”. Correcto. Por eso el gerente profesional debería asumir total responsabilidad por ello, incluso por las negociaciones sindicales, de tal manera que la regla dominante siga siendo producir con calidad al menor costo posible. Y agrega: “Por ello, la corrupción y el cinismo –de expresidentes, políticos de manada, mandos medios y empleados rasos– debe, sin contemplaciones ni consideraciones de ningún tipo, exterminarse”. Concordamos en parte, porque creemos que la corrupción política, aunque presente en casos prominentes, no es el problema central; y que sí lo es la dictadura del procedimiento como un fenómeno permanente y continuo. Pero también es muy posible que, quitarle al político la responsabilidad directa que ahora tiene por el manejo de toda clase de recursos (incluso contratos y adquisiciones mayores), reduce el ámbito en el que se produce la corrupción. Es un espacio que se trasladaría al gerente profesional que, a diferencia del político que sólo tiene garantía de estabilidad de 4 años, su carrera es su vida y de la cual depende su imagen social, su prestigio personal y profesional, e incluso su estabilidad familiar. O, como diríamos en “tico”, no se la juega fácilmente.

Ciertamente la ética debe fortalecerse, pero eso es parte de nuestra cultura y nuestra educación. Y esos son otros 100 pesos. Lo esencial, en nuestro criterio, es eliminar los estímulos incorporados al sistema, que actúan como inductores de comportamientos contrarios a una saludable ética pública, es decir, aplicando una reforma institucional de fondo. En todo caso, algo de corrupción siempre existirá en la administración pública. Y deberíamos aprender a ejecutar los controles y penalizaciones que sean apropiados a cada caso, pero sin detener el avance de los proyectos para cumplir con los objetivos y resultados esperados. De otra manera pagamos doble, una por el control y otra por la pérdida de oportunidades ocasionada por proyectos fallidos. Es un punto de vista ¿Qué piensa usted?

PD: un artículo de uno de nuestros colaboradores plantea un bosquejo del modelo sustitutivo que se discute en la parte final de este editorial (ver AQUÍ).