¿Cómo superar la corrupción del servicio público?

La ética es la base del sector “Ottonista” del PAC. Lo reitera la Sra. Epsy Campbell al lanzar su precandidatura y señalar: “Habrá que poner una agenda ética concreta y programática… yo estaré en una lucha frontal contra la corrupción, mi lógica será empezar a negociar con ese marco ético”.

Para poder luchar contra este flagelo social, es necesario reconocer cuál es la situación del país y específicamente dónde reside el problema. Erróneamente, se ha generalizado la imagen de corrupción política, aunque más allá de algunos casos prominentes, no es un problema de los políticos o del sistema político. Podríamos poner numerosos ejemplos, pero reiteramos que en la situación bien conocida de “La Trocha” no hay hasta la fecha ningún político implicado. El problema son los estratos gerenciales y técnicos intermedios, donde se manejan procedimientos diseñados para impedir que cualquier proyecto logre sus objetivos en tiempos y costos razonables. Frente a una maraña de obstáculos jurídicos y administrativos, la “mordida” se vuelve una opción atractiva.

Hay otras formas más complejas de violaciones éticas. Es la que resulta de los privilegios laborales que se han asentado en todos los poderes del Estado. Incluso en el judicial que presumiblemente tiene la responsabilidad de velar por la aplicación del principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución Política. Al igual que otros funcionarios públicos, el Poder Judicial ha decidido alejarse de ese principio y crear condiciones de privilegio que no se aplican a otros costarricenses: remuneraciones, vacaciones, permisos para docencia, cesantías y régimen de pensiones en franca quiebra y cuya salvación requerirá la contribución de todos los costarricenses.

¿Cómo superar la corrupción? La única forma es con una reforma institucional de fondo para toda la administración pública. Y la simple aplicación del artículo 33 que, bueno es recordar, cubre a todos los costarricenses y no sólo al burócrata público. En esta reforma reviste particular importancia, por ser el disparador de la crisis fiscal, la existencia de un régimen de beneficios laborales, igual para todos los costarricenses, de conformidad con el principio constitucional mencionado. Resulta contradictorio que los señores magistrados y todo el personal de Poder Judicial tenga privilegios que yo y miles de ciudadanos no tenemos. Si el magistrado puede pensionarse a una edad temprana y con su sueldo vigente, la constitución me da el derecho a recibir ese mismo beneficio. Crear para sí condiciones que lo distingue de otros ciudadanos no es equitativo y va en contra del principio constitucional cuya aplicación deben proteger.

Doña Epsy Campbell y todos los aspirantes presidenciales deberían manifestar su apoyo irrestricto a un cambio que ponga a los costarricenses en igualdad de condiciones y a la administración pública al servicio de todos y de nuestro desarrollo. El costo de la ineficiencia es descomunal, a lo cual se agrega el costo de oportunidad. En efecto, mientras no se superen los problemas de la administración pública, alrededor de un millón de compatriotas en pobreza y posiblemente medio millón más en vulnerabilidad, no podrán hacer realidad sus aspiraciones por una vida en dignidad.