La “Trocha”, la CCSS y nuestra capacidad para encarar los retos del desarrollo

Nuestra capacidad para enfocar correcta y constructivamente los problemas que enfrentamos y para adoptar soluciones coherentes y sostenibles, la pone a prueba la Trocha y la crisis de la CCSS. Nos muestra los tropiezos recurrentes hacia niveles de desarrollo que nos permitan encarar los persistentes problemas de vulnerabilidad y pobreza que afecta a amplios sectores de la población. Y nos pone en la ambivalencia de si puede o no se puede. Veamos.

La Trocha: Nicaragua quiere más de nuestro país. No les basta Isla Calero y ahora pretende derechos de navegación sobre el Río Colorado, una especie de penetración abierta a nuestro territorio, con un gran potencial de irritación nacional,  a juzgar por las repulsivas ocupaciones a Isla Calero, hechas en abierta violación de las medidas cautelares impuestas por la Corte de Justicia Internacional. Es por tanto, importante que podamos valorar con seriedad el riesgo que representa nuestro vecino del norte y adquirir conciencia de que no es nada nuevo; es histórico y data de muchas décadas atrás.

La raíz del problema es que Nicaragua, con gobiernos de derecha e izquierda, viene creando un sentimiento de nacionalismo, para ocultar las diferencias de desarrollo con nuestro país. Ello les permite ejercer el poder, eludiendo los costos que representan la equidad y la solidaridad para los grupos que detectan el poder económico. Debemos entender que esa ha sido la realidad de Nicaragua, fuente de los conflictos con nuestro país, y que no va a cambiar en un futuro previsible. En efecto, estudios independientes estiman que pasarán décadas para que el rezago en infraestructura y otros factores del desarrollo se puedan superar. Con un crecimiento que este año será muy parecido al nuestro (cerca del 5%), sus ingresos provienen principalmente del café, la carne vacuna y la minería, todas ellas frágiles fuentes de trabajo, mal remunerado o estacionario.

La “Trocha” es esencial frente a esas realidades. Sin embargo, es importante superar algunos patrones culturales que limitan nuestra capacidad ejecutar este y muchos otros proyectos de desarrollo. Somos proclives al escándalo político y a quedarnos pegados en él, como si nos ofreciera algún tipo de deleite. Nos quedamos anclados en cada acontecimiento negativo, que percibimos como parte de un patrón que conduce a la desintegración de nuestra democracia, aún cuando sus logros son motivo de amplio reconocimiento externo, reflejado objetivamente en los indicadores de desarrollo. Por supuesto, reconocemos que hay lagunas en materia de equidad y solidaridad que debemos superar.

Los acontecimientos de la “Trocha” es un ejemplo de esos patrones culturales que limitan la capacidad de focalizarnos en la solución de los grandes problemas nacionales. Primero, porque creamos ficciones y perdemos claridad sobre la naturaleza de esos problemas. Una de esas ficciones es que los políticos y la política están corrompidos y el país se nos cae a pedazos. Lo cual riñe con el hecho de que nuestra institucionalidad tiene enormes fortalezas (también deficiencias) y que lo que origina el “chorizo” son los estratos tecnocráticos intermedios, no los políticos. Nótese que hasta el momento no hay un solo político involucrado en los líos de la Trocha, sino técnicos y burócratas intermedios, con sus contrapartes del sector privado. Esta confusión debilita nuestra democracia, confunde el diagnóstico, nos lleva a decisiones desacertadas y conduce a la persistencia de los problemas que urge resolver.

Peor, en esa confusión de causas y efectos, hemos perdido perspectiva de los objetivos originales de la “Trocha”. Deberíamos pensar que, si los conflictos con nuestro vecino del norte tienen carácter permanente, según  hemos argumentado, la “Trocha” se convierte en un elemento central de nuestra estrategia para enfrentarlos, en primer lugar por simple logística. En las condiciones físicas actuales el país no puede ofrecer respuesta eficaz, oportuna y ágil a conflictos fronterizos. Pero, más importante, es reafirmar nuestro compromiso con el bienestar de la población que habita la faja fronteriza norte, por décadas abandonadas y en pobreza. Esto es precisamente lo que nos distingue de Nicaragua y debemos reforzarlo en la forma que sea más evidente para su gobierno: en sus propias fronteras. No hacerlo sería emular el comportamiento de Nicaragua, ausente de un claro sentido de equidad y solidaridad social.

¿Se puede o no se puede? ¿Por qué involucramos a la CCSS en relación con esta cuestión? Usando la “Trocha” como ejemplo, hemos querido demostrar que, para encarar los retos actuales con éxito, tenemos que superar actitudes y ficciones a las cuales parece que estamos pegados; y focalizarnos en soluciones coherentes con la naturaleza de los problemas. Sin embargo, la administración pública está tomada por procesos burocráticos que todo lo obstaculiza y, por tanto, la toma de decisiones requiere, sobre todo, mucho carácter. Y parece que ese carácter está presente en los cuerpos directivos que hoy comandan la seguridad social.

Para sorpresa de muchos, el sistema político ha acompañado el proceso de cambio de la Caja. La evidencia más clara es la aprobación en primer debate, por parte del congreso, con un solo voto negativo, del proyecto de interpretación auténtica a la ley de incentivos que podría producir un drenaje del 10% en el presupuesto de la CCSS. Esta medida es fuertemente resistida por el sindicato médico y podría conducir a trastornos en la prestación de servicios y conflictos laborales en el futuro inmediato.

El carácter de los cuerpos directivos se refleja también en la intención de requerir que todos su personal “marque tarjeta” (hora de entrada y salida del trabajo). Esta medida ahora sólo se le aplica al personal no profesional, cuando es más delicada para aquellos de cuya presencia depende la prestación de un servicio al público que procede de distintos puntos del país y para quienes ese servicio puede implicar superar sufrimiento físico, pérdidas de habilidades físicas y mentales, o la capacidad de empleo/ingreso. Al igual que para otros profesionales administrativos, de cuya función depende la solidez de la institución. De nuevo, la resistencia y el conflicto asoman con medidas como esta. Pero el hecho de que el tema sea planteado como una posibilidad, demuestra que los directivos de la Caja no tienen temor a enfrentar decisiones que, aunque buscan la solidez institucional y la protección del interés público, enfrentan una fuerte oposición gremial y la posibilidad de movimientos huelguísticos, por más que sean ilegales. La Presidencia Ejecutiva y sus cuerpos directivos parecen creer que sí se puede, y la opinión pública debería ofrecer un fuerte reconocimiento y respaldo por ello. Además, pueden ser ejemplo para estimular acciones similares en amplios sectores de la administración pública.