Reforma institucional, política, clase media y pobreza

Alguna vez don Oscar Barahona Streber, Ministro de Hacienda en los  gobiernos don José J. Trejos y de don José Figueres, declaró ante el congreso que fácil la mitad del gasto público era despilfarro. Si la apreciación de ese brillante ministro fuera cierta hoy -con un costo actualizado de administración pública en unos $20 mil millones- el despilfarro del 50% representaría $10 mil millones por año. En La Fragua hemos manejado cifras más conservadores según las cuales el costo de la ineficiencia pública se acerca a $4000 millones por año. Y esto equivaldría sólo al un 20% de costos de ineficiencia, aunque los indicios que la prensa difunde a diario, sugieren niveles son más altos.

Pero cualquiera sea la situación, es evidente que el país paga dos costos muy altos por el estado de ingobernabilidad que arrastramos. Uno es el costo económico de la ineficiencia, sustentado en esas contundentes cifras que hemos mencionado. El otro consiste en el secuestro que la ingobernabilidad representa de nuestro desarrollo. Tenemos una administración pública que paraliza todo proyecto de desarrollo o cuyos resultados se obtienen décadas de su inicio, a costos infinitamente más elevados. Sabemos, por ejemplo, que los atrasos en la negociación de la nueva carretera a San Ramón agregará a los costos originales unos $181 millones, aproximadamente el 60% de lo que nos costaría una moderna red ferroviaria para el transporte de pasajeros en el GAM.

El Gobierno tiene un déficit fiscal del 4,4% del PIB, cifra ligeramente inferior a $2000 millones y menos de la mitad que nuestra conservadora estimación de pérdida por ineficiencia ($4000 millones). El plan fiscal propuesto por el gobierno fue rechazado por congreso, afortunadamente porque en condiciones de ineficiencia más recursos sólo alimentan más ineficiencia y crecimiento de los privilegios, principales responsables del déficit.

Sin reforma institucional que controle los principales disparadores del gasto público y sin más recursos tributarios, el gobierno acude a todo mecanismo de incremento de ingresos que le sea fácil de ejecutar. Es así como pagamos uno de los costos más altos del mundo de gasolina; las tarifas de los servicios públicos, reguladas por entidades oficiales, crecen bastante por encima de la inflación; hay una verdadera actitud de acoso fiscal, en casos como el marchamo y los impuestos sobre sociedades y bienes raíces, sustentados en valores inflados por Hacienda, que no guardan relación con el mercado en recesión. Es la clase media la que está siendo asediada por Hacienda, simplemente por la relativa impunidad de que disfruta ¿Cómo justificar que vehículos más viejos paguen impuestos de rodado cada vez más altos? ¿Cómo explicarles a las autoridades de Hacienda que con precios de mercado o mucho más bajos, los bienes raíces y los vehículos simplemente no se venden?

El país arrastra más del 20% de pobreza y más del 35% de vulnerabilidad. Son los compatriotas que no satisfacen sus necesidades básicas o que se encuentran en los umbrales de la línea de pobreza y tienen dificultad para mantener un nivel de vida digno. Un país que despilfarra por simple ineficiencia cifras como las mencionadas, no puede aspirar a un desarrollo equitativo y solidario. Y si lo intenta, no obtendrá resultados, como es evidente de unos 60 programas sociales, hoy diluidos en una variedad de organizaciones públicas, totalmente ineficaces. El país vive una sensación de crisis y la pérdida de confianza en su propia capacidad para encarar los retos del momento, en gran medida alimentadas por la ingobernabilidad. A menos que se adopte una reforma institucional de fondo, ese sentimiento seguirá siendo un factor de desestabilidad política y social, una de cuyas manifestaciones es que más de la mitad de los costarricenses se consideran desafiliados del proceso electoral.