Ingobernabilidad: un problema sistémico

Se nos anuncia que el informe de la comisión de notables está en vísperas de conocer la luz pública. Es la respuesta a un estado de ingobernabilidad, de inmovilidad, que ha impulsado a varias fuerzas, políticas y civiles, a formular propuestas de cambio, cuyos alcances apenas estamos empezando a conocer. Surge también de un alto nivel de consenso nacional sobre la necesidad de superar poderosos obstáculos para encarar persistentes problemas, especialmente vulnerabilidad y pobreza de amplios sectores sociales. Puede ser, además, que sea la causa principal de una sensación de crisis general que mina nuestra confianza en la capacidad encarar los grandes retos y de la pérdida de credibilidad en el sistema político, en una democracia que ha sido generosa en extremo con los costarricenses.

Ingobernabilidad parece ser la caracterización más frecuente de la sensación de crisis que nos embarga. Pero se asienta principalmente en un aparato público, que absorbe algo cercano a la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) y que se enfrenta en cada paso a los esfuerzos para lograr un desarrollo más solidario y equitativo, que todos sabemos está al alcance de nuestras posibilidades. La evidencia es contundente. La encontramos en ejemplos dramáticos, como la platina; el puente de Río Sucio cuyos costosos arreglos se los llevó el primer aguacero; los atrasos de la concesión de la autopista a San Ramón, que agregan un costo adicional de casi $200 millones, equivalente al 60% de lo que nos costaría una red ferroviaria para transporte de gente en el GAM; una capacidad operativa que sólo le permite a RECOPE ejecutar menos de la mitad de los proyectos que emprende; el reconocimiento oficial de que JAPDEVA tiene un exceso de 35% del personal que necesita, para mencionar ejemplos de sobra conocidos.

Sin embargo, la magnitud de la crisis nos sigue golpeando, con nuevas situaciones que parecen alcanzar los rincones más ocultos de la administración pública, en días recientes, la administración del nuevo Estadio Nacional; la gestión de las becas por el FONABE y el MEP; la concesión de obra pública que sólo ha concretado un proyecto desde su creación; el urgente proyecto Limón Ciudad Puerto, que en varios años sólo ha invertido algo cercano al 10% de sus recursos.

Descubrimos a diario la pesada naturaleza de la crisis institucional porque surge algún informe o algún acontecimiento inesperado que la delata. No obstante, es claro que hemos creado un monstruo institucional público, constituido por unas 360 organizaciones, absolutamente inmanejable y que plantean cuestiones impostergables ¿Necesitamos toda la infraestructura y personal que tiene la Imprenta Nacional, si hoy contamos con nuevos medios tecnológicos? ¿Si el IFAM cumple dos funciones principales, sistematización de normas y capacitación, es necesaria toda la infraestructura y recursos que ahora tiene? ¿Son necesarias todas esas 360 instituciones? ¿Tenemos mejor tecnología, eficaz y más económica, para ejecutar las funciones que conserven relevancia? ¿Hay competencias y duplicidades entre esas 360 organizaciones, muchas producto de ocurrencias políticas? ¿Es en sí misma la dispersión organizacional un factor de ingobernabilidad? ¿Neutraliza el impacto de unos 60 programas sociales fragmentados en la estructura organizacional dispersa?

Detrás de este análisis hay un problema ético. La ingobernabilidad constituye la principal restricción al bienestar de algo cercano al 20%  de la población, o un millón de costarricenses que cargan el pesado fardo de la pobreza; o de un 35% de los que están en vulnerabilidad, algo cercano a 1.5 millones de compatriotas, si agregamos los que se encuentran en los linderos de la pobreza.

Por otra parte, nos dice algo fundamental para lograr soluciones estables. El problema no yace en las distintas organizaciones, sino en la naturaleza misma del modelo de gestión que hemos desarrollado y que está presente en todas las organizaciones públicas y en todos los poderes del Estado. De nuevo, focalizarnos en problemas como los de la CCSS, que tanto preocupa a la población y a los políticos, puede constituir una pérdida de oportunidad para superar sus causas fundamentales. No son las partes las que fallan, sino el conjunto de la administración pública, nuestro modelo total de organización y gestión, que tiene la capacidad para crecer y demandar recursos al margen de los problemas que enfrenta la sociedad y, con frecuencia, contribuyendo a ellos. Es la brecha que hemos creado entre nuestras aspiraciones de equidad y solidaridad, por una parte, y la aplicación de recursos organizacionales, administrativos, tecnológicos, materiales y económicos asignados para su solución, por otra. Esperemos que las propuestas de reforma tengan la amplitud y profundidad que la naturaleza de la crisis demanda.