Política: entre retórica y realidad

Ocupa un lugar de privilegio en el discurso político, la búsqueda de algo que se nos fue. Para unos el estado de bienestar que impulsó el desarrollo del país en la segunda década del siglo pasado; para otros, el estado social de derecho, producto de la lucha de muchos costarricenses que se plasmó en reformas sociales importantes adoptadas, aunque no necesariamente implementadas, en la década de 1940.

Las añoranzas de un pasado siempre mejor no coinciden con las realidades. Eramos, al finalizar la primera mitad del siglo pasado, menos de un millón de habitantes, casi todos pobres, sin educación, en una economía agraria, con una expectativa de vida que no alcanzaba a los 50 años. Somos hoy una sociedad integrada por más de 4 millones de costarricenses, con un nivel de desarrollo medio, educados, con coberturas universales o casi universales en muchos servicios esenciales, como salud, educación, agua potable, etc. El progreso que ha hecho el país en democracia, porque muchas otras naciones escogieron otras vías, ha sido extraordinario. Y sí, seguimos arrastrando problemas, especialmente de marginación y pobreza, por causas atribuibles a nosotros mismos.

Los procesos electorales exacerban las falacias que tratan de explicar lo que fuimos y lo que somos. El mundo cambió y el país tuvo que cambiar. Y lo hemos hecho con éxito, al impulsar niveles de crecimiento que han estado por encima de la mayoría de los países en vías de desarrollo. Excepto por el servicio público, que conforma arriba de un 44% del PIB y cuyos costos de ineficiencia rondan con facilidad los $4000 millones por año. Con este drenaje de recursos, ninguna sociedad puede alcanzar la equidad y solidaridad que todos sabemos posible y deseamos. Cierto, se requieren otras reformas, como la impositiva, pero, si no superamos el problema de improductividad del aparato estatal, la generación de recursos fiscales solo contribuirán a un mayor despilfarro.

Algunos grupos se han dado la libertad de calificarse de defensores del patrimonio nacional y acusar a sus rivales en la arena política, de neoliberales. Tal posición no se sostiene a la luz del principio progresista de buscar el bienestar de las mayorías. Debería ser evidente por sí mismo, que niveles de pérdida de recursos como los que hemos mencionado ($4000 millones por año), cierra las puertas a cualquier forma de progreso equitativo. Es decir, esos niveles de despilfarro impiden alcanzar el nivel de crecimiento que requerimos para distribuir mejor. De modo que la defensa del patrimonio no es otra cosa que una excusa para mantener un régimen de privilegios que no es sostenible y que actúa como el mayor obstáculo al desarrollo.

Tampoco se sustenta la acusación de neoliberales por quienes buscan aperturas que generen estímulos para la institucionalidad pública propenda hacia una mayor eficiencia y libere recursos para el tipo de desarrollo en equidad que queremos. Las aperturas han demostrado hasta el cansancio que producen un mejor servicio al público y que nos obliga a buscar formas más productivas y económicas de servir a todos los costarricenses, con prioridad en los sectores vulnerables. Y esto tiene un sólido sustento en la ética socialdemócrata de favorecer al mayor número posible.

De nuevo el discurso político ha recogido estos hechos, dándole la forma que más convenga a intereses especiales de grupos laborales y de tendencias políticas. La izquierda más radical se aferra a un neoestatismo reciclado y clama por un pasado que ya no existe. El socialcristianismo, activo en las pasadas reformas sociales, es ambivalente entre ciertos temas sociales y movimientos hacia el liberalismo económico. Otras agrupaciones transitan ocasionalmente por esas temáticas, apegados a intereses muy particulares, religiosos o de otra naturaleza.

En el PLN, una plataforma pretende recuperar la socialdemocracia, aunque no nos dice cuál y en qué términos. El candidato presidencial de hecho, don Johnny Araya Monge (JAM), ha enarbolado esa bandera, tanto como otros que de alguna forma parecen tener un rival común: el arismo, que ha tenido la visión y la valentía para hacer los ajustes que el entorno global demanda, con un claro sustento social. Parece que, a partir de la renuncia de Rodrigo Arias Sánchez (RAS) a participar en la convención primaria, las diferencias se van desvaneciendo. Y se desvanecen porque posiblemente no existen. En un programa radial (Nuestra Vos) JAM dice que sus grandes prioridades son reforma institucional, pobreza y crecimiento. Las mismas que planteó reiterativamente RAS durante su campaña pre-electoral, aunque con mayor desarrollo y concreción. También nos dijo JAM que buscaría, dentro y fuera de su Partido, a los elementos más competentes para la función pública. Lo que trae a memoria la meritocracia de Oscar Arias.

Sin embargo, el mayor reto de JAM es estructurar un programa con mayores componentes y contenidos sociales que la Administración Arias Sánchez. Sin entrar en detalles sobre el fortalecimiento de la educación, el programa Avancemos, las pensiones no contributivas, el rescate de la infraestructura física y muchos otros proyectos que requerirán miles de millones de inversión en el futuro inmediato, el mejor indicador del carácter socialdemócrata se encuentra en haber casi doblado el nivel de gasto social entre el 2006 y el 2010. Esta es una meta difícil de superar y, por ello, posiblemente JAM no lo intente. Es posible también que en aras de la unión, la falacia de recuperar algún tipo de socialdemocracia perdida en la memoria de algunos, simplemente se desvanezca frente a los retos reales que encara el país.