Contenido y proceso de la reforma institucional

Los “notables”, nombrados por la Sra. Presidente Laura Chinchilla darán a conocer su propuesta de reforma institucional en los próximos días. Así, conoceremos sus contenidos, que son de máxima urgencia si queremos liberar voluntades y recursos que nos lleven a un desarrollo equitativo y solidario. Tal vez conoceremos también los procesos previstos, para evitar que dicha reforma se nos quede como un sueño más, en la larga lista de proyectos que esperan por décadas su conclusión. Hoy nos referimos a éstos procesos, tan trascendentes como los contenidos.

La reforma es una pesada carga para cualquier gobierno y, por tanto, debe plantearse como un proyecto nacional. Hay factores positivos y negativos que considerar. Estos últimos se encuentran en la resistencia sindical, ya anunciada por sus líderes, que tratarán a toda costa de proteger sus privilegios. En cualquier disputa, constituye la parte fuerte de la negociación, porque tienen la capacidad, legal o ilegal, de paralizar la circulación civil y el transporte de bienes, servicios y personas. Un Gobierno cualquiera es la parte débil, por la propia naturaleza de los condicionantes de la democracia y porque actúa bajo la presión de dos estímulos esenciales: un proceso electoral previo y otro subsiguiente. Por ello, el principal recurso para superar la resistencia sindical se encuentra en la constitución de un mandato nacional de reforma, que debería concretarse con un referendo. La evidencia objetiva (encuestas) sugiere que hay amplio respaldo para ello.

Promover respaldo popular del proceso de cambio. Un mandato popular implica tener el respaldo de las mayorías, al margen de sus creencias políticas. Es posible que en estos momentos exista un amplio consenso sobre la necesidad de reformar las instituciones públicas y recuperar la gobernabilidad perdida. Esto es aparente de la calificación que la población hace de sus instituciones. Pero ese consenso es necesario alimentarlo, porque es la base del mandato popular que hemos mencionado en el párrafo anterior. En esencia, es necesario que los “notables” se mantengan en una labor de difusión nacional sobre la reforma que se propone, los resultados esperados y los elementos de proceso involucrados en su eventual constitución en Ley e implementación. La meta subyacente de este esfuerzo de persuasión es combatir nuestra tradicional tendencia a la dispersión y a pensar que todos tenemos razón y que nuestras razones deben ser atendidas. En esencia, se trata de lograr una especie de pensamiento nacional de reforma, no nos brinde unidad en el cambio.

Control del cortoplacismo político. Implica trabajar con las agrupaciones políticas y, más importante, con los diputados, para evitar que el cortoplacismo dominante, las ocurrencias y el interés político de grupo se impongan sobre el interés nacional. De nuevo, se trata de mantener la asesoría de los “notables” a efectos de darle seguimiento al proceso hasta que se constituya en Ley de la República.

Superar nuestra incapacidad ejecutiva. Sabemos que duramos décadas en ejecutar proyectos importantes, a costos sustancialmente más altos y con serias consecuencias en nuestro desarrollo, porque el factor tiempo guarda relación con las oportunidades de atender nuestras carencias sociales, institucionales y económicas. El mandato popular debe tener un elemento de control, aceptado voluntariamente por la institucionalidad, que garantice que todo el esfuerzo de reforma se concrete de acuerdo a un calendario razonable, con prioridades de corto plazo y acciones que por su propia naturaleza tomarán más tiempo.

Seguro que hay muchos otros elementos a considerar para asegurar que la reforma tenga ese efecto que buscamos: liberar nuestros recursos y capacidades para ponerlos en beneficio de niveles de desarrollo superiores, con prioridad en las necesidades de los sectores más vulnerables. Hemos seleccionados varios de ellos, porque la experiencia demuestra, primero, que como sociedad somos dados a la discusión interminable y a la dispersión que se opone al desarrollo; porque los intereses particulares deben amarrarse al interés nacional en un referendo; porque habrá sectores que se han venido beneficiando con un régimen público de privilegio que presentará una fuerte lucha para detener las reformas; porque el congreso ha dado muestras fácticas de “construir” procesos en los que naufraga las buenas iniciativas; y porque hay suficiente evidencia de la incapacidad de las instituciones públicas para ejecutar proyectos, sin importar el impacto político, social y económico para el país. Además, estamos seguros que los “notables” y otros elementos que han venido elaborando propuestas de cambio, han pensado en los factores de viabilidad final de la reforma. En cierta forma, los puntos contenidos en este editorial, apunta en esa misma dirección.