Acoso fiscal contra la clase media

Los impuestos a la importación de vehículos usados y el cobro del marchamo han expuesto una realidad nacional: frente a la crisis fiscal e institucional de la administración pública en todos los órganos del Estado, la búsqueda de recursos frescos viene penalizando, especialmente, a la clase media.

El modelo económico que ha adoptado el país desde la década de 1980 ha sido exitoso y sigue generando beneficios económicos para la población. Se mantiene un crecimiento económico saludable, los ingresos siguen creciendo en todos los sectores laborales y la crisis no ha golpeado al país tanto como a otros de la región. Sin embargo los avances parecen insuficientes para producir un impacto sustancial en pobreza y equidad.

El Gobierno buscó y fracasó en lograr recursos frescos a través del Plan Fiscal, cuya aprobación le negó el congreso, con alguna razón. Sin embargo, los recursos agregados por esa vía habrían sido insuficientes para financiar programas sociales prioritarios y, por lo menos, mantener los niveles de gasto en sectores críticos como educación, ciencia y tecnología, sujetos a recortes.

Se dice, además, que la carga tributaria nacional es fuertemente regresiva, posiblemente más de lo que oficialmente se reconoce. Según algunos analistas económicos, esa carga tributaria ronda entre un 13% y un 14% del PIB. Pero otros consideran que se acerca más al 20%, si se agrega como aporte tributario algunas cargas sociales, entre ellas los de la seguridad social. Para entendimiento del lector, nuestra seguridad social es única en el continente, con la excepción de México. Los seguros sociales en América Latina son entidades relativamente pequeñas con bajas coberturas de sectores específicos de la población. Nuestro país tiene una cobertura cercana a la universal, aunque con deficiencias en la calidad/oportunidad de la atención y el mayor gasto per cápita en salud de América Latina, según manifestaciones del actual Ministro de Hacienda.

Frente a esta realidad parece que cualquier recurso es válido para atraer recursos al erario público, no importa si con ello profundizamos nuestras inequidades sociales y económicas. Y lo más fácil es cargarle la mano a la clase media. Lo vemos con los impuestos a los vehículos nuevos o usados que, ante la reacción popular, el Ministerio de Hacienda valora los riesgos políticos y hecha marcha atrás; con el impuesto al ruedo, sobreestimado en un principio y revertido después; con los impuestos a bienes raíces, sobrevalorados por iniciativa del Ministerio de Hacienda con el contubernio de las municipalidades que igualmente buscan incrementar sus ingresos; con las tarifas de los servicios públicos, que se van ubicando entre las más costosos de la región y de muchos países del mundo; con elevados costos de la gasolina que todos pagamos por igual, para mencionar unos pocos ejemplos.

El tema central es que hemos sido remisos en enfrentar la crisis institucional, alimentada por dos factores principales: el alto costo de la ineficiencia, que hemos estimado conservadoramente en unos $4000 millones por año; y procesos engorrosos y lentos que tienen secuestrado el crecimiento, el desarrollo y la equidad. La crisis institucional no es una crisis de este gobierno y menos del gobierno actual. Es el producto de décadas de indiferencia frente a un Estado disfuncional, construido sobre las bases de un sistema de privilegios, que prevalece en el gobierno central, tanto como en los poderes legislativo y judicial. Es a su vez una crisis política nacional, porque la población dejó de creer en la capacidad de nuestra democracia de proveer soluciones frente a los retos que encara el país y que afecta con especial dureza a los sectores vulnerables que alcanzan un 35% de la población.

Las buenas noticias es que hay un relativo consenso, tanto en el plano político como en el civil, de que el país no puede seguir por la ruta actual. La urgencia de una rápida solución ha impulsado a unos 6 o 7 grupos a proponer soluciones de corto, mediano y largo plazo. El reto es consensuar una propuesta de cambio y, sobre todo, crear los mecanismos para que se ejecute en el menor plazo posible. Además, debe plantearse como un mandato popular, porque de otra forma la visión política cortoplacista podría desviar la atención sobre los factores estructurales, disparadores de la crisis. Así su recurrencia se mantendría y habríamos perdido la oportunidad de cambio. Sus costos seguirían pesando cada vez más sobre la clase media y los sectores vulnerables.