La reforma institucional como fuente de equidad y solidaridad

En torno al clientelismo político, hemos creado infinidad de instituciones que hacen lo mismo, pero a un mayor costo; han proliferado privilegios que la economía no puede financiar; se mantienen organizaciones que han perdido sus objetivos o para las cuales hay medios más eficaces y económicos; se nombra en exceso personal innecesario; se generan crisis fiscales recurrentes; y se limita la capacidad para atender el problema del desarrollo. En suma, el Estado se ha convertido en una vorágine administrativa, ineficiente y costosa, que obstaculiza el desarrollo. Siendo su costo cercano a la mitad del PIB, tiene un efecto negativo sobre la competitividad global de nuestra economía.

Nuestro país ha hecho notables progresos a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Quienes crecimos dependiendo de la pulpería, podemos ver hoy grandes supermercados y “moles” que nos ofrecen un mundo de posibilidades de consumo. Pareciera además que nuestros recursos son suficientes para mantener niveles de demanda consistentes con la oferta de bienes y servicios. Una muestra de ello es que, en un solo fin de semana, llenamos un centro deportivo donde se presentó un cantante español, un estadio donde actuaba Lady Gaga y otro más donde jugaba Saprissa y Alajuela, con entradas cuyos costos en algunos casos superaban los $200.

A pesar de los éxitos sociales y económicos, seguimos arrastrando la deuda social de la pobreza, que abarca a más de un millón de costarricenses. Y, aunque la situación del país sobresale a nivel internacional, con un desarrollo de nivel intermedio, nuestros éxitos han alimentado las expectativas de la población. Un consumismo llevado al extremo de nuestras capacidades económicas tiene el efecto de marginación, exclusión y polarización de importantes sectores de la población.  Nuestra sociedad ha sido invadida por un sentimiento de crispación, desconfianza y negativismo.

¿Qué hacer para recuperar la confianza del costarricense en una democracia que le ha sido generosa? Obviamente, reducir la pobreza y la vulnerabilidad en forma sustancial y demostrar que es posible alcanzar el bienestar, con sentido solidario, equitativo y sin exclusión. Y ¿Cómo hacerlo?

Primero, debemos rechazar el recurso retórico de ciertos grupos que culpan de todo a una figura difusa, que llaman el neoliberalismo. Es una falacia que nos distrae, nos hace perder oportunidades e impide nuestra actuación sobre los factores causales de la pobreza y el subdesarrollo. Por otra parte, detrás del mote del neoliberalismo se esconde una suerte de neoestatismo que, de prosperar, mantendría el status quo y, por tanto, la pobreza. Son posiciones de pequeñas minorías, exacerbadas por un lamentable efecto de exposición mediática.

El sector privado de la economía es saludable a pesar del efecto de la crisis mundial. El crecimiento, bajo las condiciones de crisis es satisfactorio y uno de los más altos de la región. Nuestro problema principal es un aparato público centrado en el control y amarrado a largos procesos que no concluyen en resultados que contribuyan al bienestar de la población. Y que, por engorrosos y lentos, nos cuestan varios miles de millones de dólares anuales, que se despilfarran sin ningún beneficio social. Más aún, una economía en la que el costo de la burocracia pública llega casi a la mitad del PIB, pierde competitividad nacional global, en un entorno agresivamente competitivo. Con esos niveles de despilfarro, ningún país será capaz de proveer los niveles de empleo, ingresos y oportunidades para resolver el problema de pobreza y exclusión. Afortunadamente, parece haber un amplio grado de consenso a nivel civil y también entre las principales agrupaciones políticas sobre la necesidad de una reforma institucional que nos permita corregir los problemas antes señalados.

Una reforma institucional que nos permita recuperar recursos por la vía de la productividad, abarca una variedad de aspectos, como los privilegios laborales, los excesos de personal, el régimen de contratación administrativa, los sistemas de control, nombramientos por competencia, mayor movilidad laboral para superar la impunidad, la integración del servicio público para evitar “ruedas sueltas” ajenas a una política nacional de desarrollo, entre muchas otras. Además debería complementarse con medidas distributivas, como un sistema tributario progresivo y mejorar programas sociales esenciales para el bienestar de los costarricenses, como la salud, la educación y la vivienda.

Pero sobre todo debe erradicar el clientelismo político que permea todo proceso de gestión del desarrollo, en todos los poderes del Estado y a cuyo amparo se han generado una serie de vicios administrativos en los que se pierden los recursos que deberíamos dirigir a las mayorías, según lo explicamos en el primer párrafo de estas notas.

Erradicar el clientelismo político implica cambiar la organización que ha prevalecido en nuestro estado republicano. Nuestra institucionalidad debería conformarse en torno a dos componentes orgánicos claramente definidos. El primero y más importante es lo que podríamos llamar el nivel de gestión estratégica, donde se establecen las grandes iniciativas de desarrollo para el corto, mediano y largo plazos. Es en esencia, la formulación de Políticas de Estado, de las cuales carecemos, porque el político no se focaliza en ellas y su atención está en las crisis y en el día a día de la administración pública. Es importante notar que los estímulos de actuación del político emanan de un proceso electoral anterior y los compromisos políticos correspondientes; y del proceso electoral siguiente, del cual surgen cálculos políticos importantes. Y esto es legítimo dentro de las reglas de juego de la democracia.

Lo que no es ni sensato ni legítimo, es que el político, actuando bajo esos estímulos electorales, tenga la responsabilidad por la gestión de las instituciones tan complejas como el MOPT, el MEP, la CCSS, el ICE o el INS. Este es otro plano organizacional, que demanda gerentes profesionales con las tecnologías y las competencias que su labor requiere y que actúen bajos estímulos diferentes, propios de su formación académica y de los objetivos de su gestión: lograr servicios y productos de calidad al menor costo posible. Y, en beneficio de estos objetivos, la negociación sindical debe ser conducida por dichos gerentes, porque ella determina oportunidades y riesgos institucionales. Este estrato orgánico necesita además, un escudo formal (legislación) que lo proteja de interferencias políticas. En este estrato organizacional se centra la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo, una debilidad crónica de nuestros gobiernos.

En suma, dos niveles de organización, uno responsable por las estrategias de desarrollo y otro por la formulación y ejecución de planes y programas, coherentes con esas estrategias. El político en el primer estrato es una figura temporal, condicionada por los procesos electorales. El gerente público es una figura permanente, cuya estabilidad la determina la excelencia de su trabajo. Si los planes y programas no se concretan en productos y bienes de calidad y bajo costo, que se generan con oportunidad, la remoción del gerente es necesaria. Estos dos niveles de organización, articulados por ciertos mecanismos de control, producen ganancias para el sistema político y el tecnocrático. La concentración del político en las grandes estrategias, nos procurarán las Políticas de Estado de las que ahora carecemos; mientras los gerentes profesionales no brindarán servicios de calidad, provistos en forma oportuna, a costos razonables, de los que tampoco disfrutamos ahora.