Bienestar, democracia y autoritarismo

El mayor beneficio que nos da la democracia, es la garantía de la libertad y otros derechos humanos fundamentales. La socialdemocracia persigue además el estado del bienestar. Sin embargo, bajo cualquier modalidad, la democracia es lenta o totalmente incapaz de garantizar el bienestar de la población, sin exclusión. La evidencia no es clara, pero en algunos casos los regímenes de corte autoritario parecen tener alguna ventaja en llevar, con mayor celeridad, bienestar material a sus ciudadanos.

Esa ventaja se deriva, principalmente, de la fluidez con que puede movilizar los recursos nacionales hacia el cumplimiento de ciertas metas sociales. Sin embargo lo hace prescindiendo de filtros propios de la democracia, limitando la independencia de los poderes del Estado, de las libertades civiles y de una prensa totalmente libre. Y al hacerlo, los derechos civiles y las libertades individuales se ponen en riesgo.

Todo muy bien, si al menos las conquistas sociales fueran sostenibles y la economía se desarrollara para mantener un estado de bienestar sin exclusión. La evidencia histórica sugiere que el éxito relativo del autoritarismo es muy pronunciado al principio porque, bajo condiciones extremas (muy altos niveles de pobreza) ciertas medidas asistencialistas pueden un impacto importante, pero luego se estabiliza en niveles que siguen siendo inaceptables y potencialmente desestabilizadores. También hay evidencia de un deterioro de la economía, lo cual va minando la capacidad del país mantener el ritmo de progreso inicial. Venezuela hoy importa varios miles de millones de dólares en productos alimenticios, especialmente de Colombia, porque su propia capacidad productiva se deteriora en forma acelerada. Está llegando al punto de tener que importar derivados del petróleo, porque sus mejores técnicos han rechazado el modelo de gestión politizada y se han ido a otros países.

Nicaragua tendrá un nivel de crecimiento en el entorno del 5%, similar al de Costa Rica. Sin embargo, las bases fundamentales de la economía nicaragüense son el café, la carne y la minería. El primero es sólo una fuente de trabajo estacionario; la segunda es de muy baja intensidad laboral; y la tercera usa mano de obra barata. En tales circunstancias es difícil que Nicaragua pueda superar sus niveles de pobreza de más del 50% de su población. Cuba ha reconocido, 50 años después, que su experimento socialista ha sido un fracaso, pero no podrá revertir los efectos de la ruptura social y familiar que en ese mismo período provocó.

Parte del problema es que la presencia de una autoridad central no garantiza que, en materia social, económica y política, sea poseedora de la verdad. No la posee Chaves, Ortega o Castro. Es posible que tampoco la posea Oscar Arias, Laura Chinchilla o cualquiera de los gobernantes que le antecedieron o los sucederán. Pero los elementos de lentitud de la democracia, son filtros necesarios para que la verdad se decante y nos acerquemos a ella. Eso es lo que hace la crítica civil, la prensa, el congreso, el poder judicial, la defensoría de los habitantes, los órganos de control, si se les garantiza la independencia. Con esos filtros no tenemos que esperar 50 años de conflicto social y sufrimiento económico, como Cuba, para descubrir que estamos equivocados. Los correctivos no irán orientando por la ruta correcta.

 

Las distintas modalidades de democracia tienen distintos problemas en conservar las libertades y los derechos civiles, a la vez que provee bienestar material que le permita a la ciudadanía niveles adecuados de dignidad. El liberalismo lo deja en manos del mercado, mientras la socialdemocracia entiende que el Estado tiene que intervenir activamente con política pública social y con la regulación del mercado en sus tendencias contrarias a la equidad y la solidaridad.

Sin embargo, los socialdemócratas somos descuidados con la eficiencia y culpables de un patrón, según el cual el estatismo crece en demasía, se vuelve improductivo e ineficiente y, en esa medida, drena los recursos que deberíamos invertir en el bienestar de las mayorías. Construimos así un aparato estatal que cuida el bienestar de su burocracia pero ignora el bienestar de la población en su conjunto. Costa Rica hoy arrastra poco más de un 20% de pobreza y si incluimos la vulnerabilidad la cifra sube al 35%, o 1.5 millones de compatriotas. Mientras tanto el costo de la ineficiencia lo hemos estimado, conservadoramente, en unos $4000 millones de dólares. La equidad y la solidaridad que forma parte de nuestra retórica no son posibles bajo estas circunstancias de despilfarro.

Obviamente, necesitamos una serie de correctivos para lograr un nivel de desarrollo más acelerado, pero sobre todo más equitativo y solidario. Pero a menos que realicemos una reforma institucional de fondo, no podremos liberar todo el potencial productivo de nuestros recursos. Los mayores obstáculos se encuentran en el servicio público. Sin embargo, hay dos aspectos en los que debemos focalizarlos si queremos una reforma exitosa, que toque los puntos sensibles que actúan como causa de nuestra problemática social: que liberemos a nuestras instituciones de la injerencia política; que logremos un mandato popular de reforma, mediante plebiscito, porque el costo político es muy alto para cargarlo sobre las espaldas de cualquier administración; y que las reformas contengan un tiempo para ajustes inmediatos indispensables para empezar a caminar y otro para reformas más sustantivas que posiblemente incluyan una constituyente.