Diputada PAC pide rescatar proyecto sobre sociedades de convivencia

Diputada Carmen Muñoz Quesada

San José.- La Asamblea Legislativa decidirá si el país y sus instituciones democráticas avanzan o se estancan en materia de derechos humanos, su reconocimiento y promoción. Con su voto, las y los diputados definirán el futuro del expediente Nº. 17668, Ley de Sociedades de Convivencia.

La diputada Carmen Muñoz Quesada, representante del Partido Acción Ciudadana (PAC) aboga por permitir que el proyecto de ley continúe su trámite legislativo con miras al Primer Debate.

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos emitió un dictamen negativo de mayoría, que recomienda enterrar el proyecto, y un dictamen afirmativo de minoría, presentado por la diputada Muñoz Quesada y el diputado Víctor Hernández Cerdas, que solicita al Plenario Legislativo su aprobación.

“El Congreso tiene  la obligación y  la responsabilidad de ampliar y resguardar los derechos humanos de la población. La diversidad sexual es una realidad y a nosotros, como legisladores, nos corresponde ofrecer respuestas a las demandas y necesidades de la población”, señaló la legisladora del PAC.

Rechazar el dictamen negativo de mayoría, explicó la diputada Muñoz Quesada, permitiría que el Congreso avance en la discusión del proyecto de ley. De lo contrario, la Asamblea Legislativa enviaría otra pésima señal, no sólo  al país,  sino a la comunidad internacional, en materia de derechos humanos.

Además, la representante del PAC solicita a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, desconvocar el proyecto de Sociedades de Convivencia que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“No tiene sentido que la Asamblea se desgaste analizando dos proyectos que, prácticamente, son iguales. Quienes adversan el proyecto pueden archivar el dictamen que está en Plenario, aduciendo que existe otro texto en la corriente legislativa”, explicó la diputada Muñoz Quesada.

El proyecto Ley de Sociedades de Convivencia ingresó a la Asamblea Legislativa en abril de 2010. En 2006, la Sala Constitucional resolvió que la Asamblea Legislativa debe legislar sobre la materia.