Corrupción: cómo se ha construido y quienes son responsables

Olvidemos para los efectos de esta nota los valores que de alguna forma hemos ido perdiendo, para encontrar otros factores causantes de la corrupción en nuestro país. Existe y es un problema relevante, pero cómo se produjo y quiénes son los principales responsables de ello. Y no se trata de focalizarnos en el problema, sino de aproximarnos a la verdad y focalizar en las soluciones. Un mal diagnóstico casi siempre va acompañado de males decisiones correctivas.

Una de estas falacias es la tendencia generalizada a culpar de la corrupción a los políticos. Ciertamente algunos lo son, pero el problema fundamental se asienta en algún otro personaje o sector. Nuestro país progresó en forma notable en la segunda mitad del siglo pasado. Se impulsaron proyectos de desarrollo que transformó una sociedad agraria, pobre en su casi totalidad, en un país de ingreso medio, con altos índices de desarrollo humano. Esos proyectos demandaron un Estado más fuerte, en torno al cual surgió nuestra clase media, tecnócratas competentes, que condujeron al país por la senda del bienestar.

La organización pública, como todo organismo vivo, crece, se desarrolla y envejece. Nuestro estado, fuerte y amplio en los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, se ha vuelto esclerótico, pesado y débil. Logradas ciertas conquistas sociales y económicas, mantuvo un crecimiento ajeno a los objetivos de desarrollo y a la productividad de la función pública. Progresivamente, caímos en una tendencia histórica: los recursos de la administración pública se emplean para el bienestar de su burocracia interna y no para el servicio de la sociedad. Esta burocracia se constituye en un poder dominante, a través del sindicalismo y el ejercicio de la huelga mediante la cual pueden –y en efecto lo hacen- paralizar la economía y toda actividad nacional. El político en función de patrono, constituye la parte débil, fundamentalmente porque su formación y los estímulos que condicionan su conducta surgen de un compromiso electoral previo y actúa en función del cálculo de un proceso electoral futuro inmediato.

Surge así la dictadura del procedimiento. Se trata de una cultura burocrática, en la cual los procesos intermedios adquieren una importancia relativa mayor que sus objetivos. La actividad tecnocrática se concentra en ellos, como sabemos de proyectos que duran décadas y multiplican muchas veces su costo original. Los ejemplos abundan, aunque son más notables en infraestructura vial. Para un estado interventor como el nuestro, esto implica que todo ciudadano tiene que lidiar durante la mayor parte de su vida con una serie de procesos administrativos complejos y lentos, para los cuales se hace necesario abrir portillos que generalmente agregan el costo ético y económico de la mordida. Esta es hoy la primera causa de la corrupción. Pero es también la causa fundamental de que la carreta del desarrollo se nos haya quedado pegada a mitad del camino y que no logremos alcanzar niveles de crecimiento y recursos para superar la persistente pobreza que aqueja a una parte importante de la población. Si bien los políticos tienen alguna responsabilidad por este estado de cosas, hoy la corrupción se asiente en la burocracia intermedia que ejerce la dictadura del procedimiento.

El chorizo está en la mente de todos. Con frecuencia se practica de una manera generalizada, es decir, se vuelve un problema sistémico, pero en el imaginario colectivo se acepta también la necesidad de superar esta lacra social. Sin embargo, las decisiones son complejas, fundamentalmente porque se sustenta en un régimen de costosos privilegios que, una vez adquiridos, se defienden incluso con violencia. La experiencia que hoy viven España, Grecia y otros países demuestran que las soluciones sólo se encaran cuando la crisis ha tocado fondo y por tanto resulta más dolorosa para todos.

Los políticos no siempre adquieren plena conciencia de estos problemas y sus alcances. Perciben las crisis que brotan, por ejemplo, la más evidente de la CCSS, pero no alcanzan a entender que otras se manifestarán en instituciones como Japdeva, el ICE, AyA, y Recope. Y  pierden oportunidades, recursos y energía tratando de superarlas en un infructuoso esfuerzo individual dirigido a cada una de ellas, con lo cual se logran paliativos que no producen soluciones sostenibles, si no se corrijan los factores causales, asociados con el sistema de administración pública en su conjunto.

La solución es una reforma institucional de fondo, que ponga muros de contención a las tendencias que a la larga producen esa situación. Las medidas son de distinta naturaleza, pero algunas tienen un valor estratégico fundamental, por ejemplo: 1) crear condiciones laborales más o menos uniformes para todos los ciudadanos, de acuerdo con el principio de igualdad que determina el artículo 33 de la constitución político. Incluye un marco para que los salarios adquieran un cierto grado de uniformidad y justicia e, igualmente, para vacaciones, cesantías, incapacidades, régimen de pensiones, etc.; 2) quitar a los políticos, parte natural débil, la representación patronal y crear un nuevo estrato, administrado por gerentes profesionales, que en el futuro se encarguen de negociar los acuerdos sindicales, sustentados en calidad y eficiencia del servicio prestado; 3) crear mecanismos efectivos y eficaces de rendición de cuentas. Los recursos tecnológicos digitales disponibles deberían de posibilitar un conjunto de indicadores estratégicos, focalizados tanto en resultados finales como procesos intermedios, que permita valorar el desempeño de las organizaciones públicas en tiempo real y en los espacios que sean relevantes, incluso el civil; y 4) hacer las reformas políticas e institucionales asociadas que correspondan. Por ejemplo, en general nuestra democracia tiene contrapesos que permiten algún elemento de rendición de cuentas. Pero igualmente hay organizaciones y empresas importantes que son ruedas sueltas, sin ningún control político o gerencial.

En suma, la corrupsión es hoy un fenómeno burocrático, más que político, y su corrección depende en gran medida de una reforma institucional de todo el aparato estatal.