Caso Cruz: construyendo crisis

Somos más eficientes aportando a la crisis que encarando los serios problemas nacionales. El caso originado en el voto que le niega la continuidad del magistrado Fernando Cruz ha levantado una polvoreda, producto de un entorno de hipocresía política y de la impresión popular de que todo problema es atribuible a la corrupción. Políticos oportunistas aprovechan para llevar agua a su molino, sin considerar que hoy todos ellos y sus movimientos están en la picota. Según las últimas encuestas, si las preferencias se contabilizan relativas a la población votante total, los resultados son para llorar (por ejemplo, el PLN 14,53% y el PAC 4,48%).

La prensa es un factor multiplicador de la crisis. Durante estos días, un canal de televisión ha hecho un esfuerzo, no disimulado, por obtener las respuestas que desea, haciendo preguntas que las sugiere. La prensa escrita ha encontrado la forma de fomentar reacciones emotivas, que se venden bien. Si hay alguna conclusión que sacar de todo este circo, es que nuestra institucionalidad, toda ella, colapsó. Si había la sensación de que el poder judicial había capeado el vendaval de la crisis, sus propias reacciones lo han puesto al lado de los poderes ejecutivo y legislativo. Según los jerarcas del poder judicial, la no reelección atenta contra la independencia y la institucionalidad jurídica, es decir, que se debe ignorar la Constitución; la decisión de la Asamblea Legislativa no se debe respetar y de hecho se han expresado explícitamente contral ella; y que esa decisión interfiere con los asuntos del poder judicial, pero este lo ha hecho en forma grosera contra los poderes legislativo y ejecutivo. En adición el Presidente de la Corte Suprema y la Presidente de la Sala IV han emitido públicamente su criterio y con ello se han descalificado para decidir la constitucionalidad de la decisión del Congreso, aún si la decisión la toman los suplentes, porque sus opiniones han sido contundentes y serán determinantes.

La principal contribución al estado de crisis proviene del sector político. La hipocresía es evidente. Se habla de politización y de cobro de facturas, especialmente por ciertos sectores del espectro político. Se trata de ideas cortas, como son cortas sus memorias. Son los mismos que cuando se discutió la reelección de Virginia Calzada, Presidente de la Sala IV, fue atacada por los diputados del PAC por “abandonar criterios jurídicos para convertirse en una Sala eminentemente política” y constituirse en una especie de “senado”, según palabras de Alberto Salom, exdiputado y exjefe de fracción del PAC. En la reelección de Luis Paulino Mora y Luis F. Solano, el diputado de la misma agrupación, R. A. Carazo, manifestó que les cobraría factura “… por la no reelección de Olga Nidia Fallas al TSE, la cual representada una piedra en el zapato de OAS”. La entonces diputada Gloria Valerín, dijo, en oposición de la reelección de otro magistrado, que “…no puedo dejar de hacer una relación entre este voto y esta carrera política del magistrado Solano Carrera, porque me parece que está muy claro su procedencia arista”.

Es notable que los dos escándalos más recientes, el de la ley mordaza y la no reelección del magistrado Cruz, pasaran el filtro de la Asamblea Legislativa sin manifestaciones claras de disenso ¿Cómo fue que 38 diputados de 6 partidos se pusieron de acuerdo para emitir ese voto? ¿Dónde estaban los diputados que hoy se rasgan las vestiduras por esa decisión? ¿Por qué la reacción tardía? ¿Será una mezcla del cálculo político y la negligencia que han caracterizado a la AL?

Ciertamente se ha hecho daño a la democracia. Y sobran contribuyentes a la crisis nacional, cada día más evidente. Es posible que haya servido para exponer su profundidad y extensión. Sólo podremos salir adelante con una reforma institucional profunda que abarque al Estado en forma integral, incluyendo todas sus instituciones. Pero una reforma en serio tiene un alto costo político que ningún gobierno, por sí solo, puede cargar sobre sus espaldas. Todos debemos aportar y para ello nada mejor que un mandato popular a través de un referendo. La Sra. Presidente lo ha mencionado. Podría ser su mayor legado, además de un gran aporte para atender la deuda social que seguimos arrastrando, la pobreza, y una bendición para el próximo gobierno, que encontrará un mejor entorno de gobernabilidad.