El caso Cruz es político

El caso Cruz ha conmovido al país ¿Cuántos costarricenses conocen al magistrado Cruz? Posiblemente la inmensa mayoría no sabe quién es, menos a qué se dedica y cuáles son sus antecedentes. Entonces  ¿Por qué tanto revuelo? Posiblemente por tres razones principales: porque un grupo de políticos y analistas, con intereses ajenos a los del país, ha logrado manipular los acontecimientos (decisión negativa del Congreso sobre su reelección); porque los medios, por razones políticas o simplemente por rating, le han dado amplia difusión a esas manipulaciones; y, porque hay un nivel de descontento general que la población descarga sobre los políticos la culpabilidad de todo.

El caso Cruz ha producido un enorme daño al país. Las circunstancias parecen estar claras: 1) la Asamblea Legislativa (AL) toma una decisión sobre lo que entiende son facultades constitucionales; 2) 38 diputados de seis fracciones aportan 38 votos necesarios para esa decisión y el PLN vota en bloque; 3) el Jefe de Fracción del PLN hace un pésima defensa de la justificación de esa decisión; 4) los magistrados de la Corte de Justicia interpretan que, una decisión negativa sobre la reelección es contraria a la independencia que los jueces deben tener. Es decir, las facultades que en este aspecto otorga la CP son, por decirlo de alguna forma, de vacilón y no deben tomarse en serio; y 5) la Corte Suprema y sus órganos se tiran a la calle para protestar la decisión de la AL.

Muchos desaciertos se han acumulado en este proceso y, ciertamente, se le ha dado una estocada a nuestra democracia, con el aporte de tirios y troyanos. La Asamblea Legislativa  (AL) no pudo presentar una buena argumentación para respaldar su decisión, aunque legalmente no tenía que hacerlo. La reacción de muchos diputados en contra la decisión se dio en forma tardía, cuando percibieron la reacción del público y de los medios de prensa. Antes, la decisión se adoptó sin cuestionamientos alguno de los diputados presentes. Notable la participación del poder judicial, que justifica ampliamente la reacción crítica de la población y la urgente necesidad de reformas internas. Primero, relativizó el valor de la Constitución (la no reelección de magistrados es un acto contra la independencia de los jueces y por tanto no debería darse). Luego se lanzó a las calles para protestar una decisión hasta ese momento legítima. También se descalificaron para legitimar el proceso, con declaraciones cargadas más de emotividad que de legalidad. Finalmente, interfirieron abiertamente con los poderes ejecutivo y legislativo al requerir la anulación de la decisión congresional.

Los políticos han sido francamente hipócritas, acompañados de algunos que pasan por analistas. Sus intereses partidarios han sido los determinantes de sus posiciones. No reconocen el carácter político de ambos la AL y la Corte Suprema, a pesar  de que políticas han sido las posiciones sostenidas por el magistrado Cruz (aunque legítimas). Por cierto, la criticable actuación de Fabio Molina no es muy distinta de la que asumieron los diputados R. A. Carazo, A. Salom y G. Valerín, al cobrarle pasadas decisiones a los magistrados Luis F. Mora, Virginia Calzada y Luis F. Solano (ver expedientes 15.997 y 17.238).

Es evidente que el perdedor ha sido nuestro país. Y que la necesidad de una reforma institucional no debe dejar por fuera a ninguno de los poderes del Estado. Para recuperar la confianza de la población en la democracia es esencial que todos nos aboquemos a una reforma integral, preferiblemente convertida en mandato por vía de referendo. De otra manera el diálogo y la negociación serían un incentivo para que los políticos nos lleven por otra senda.