Corte Suprema de Justicia rechaza “amenazas” e “intimidaciones”

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE GARANTIZA A LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE EL EJERCICIO IMPARCIAL Y OBJETIVO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

 1.    El sistema democrático por el que ha optado nuestra Constitución exige que el Poder Judicial sea absolutamente independiente, en consecuencia las potestades constitucionales de los Poderes de la República deben ser ejercidas de manera que no constituyan una ingerencia indebida en esa independencia.

2.    Asimismo, el sistema de frenos y contrapesos exige que las potestades constitucionales de los Poderes de la República, sean ejercidos dentro del marco del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
3.    La discrecionalidad que da la Constitución a la Asamblea Legislativa de no reelección a un magistrado de la Corte, es una potestad que debe ser ejercida dentro del marco de estricta legalidad, transparencia y debate público.

4.    El ejercicio de la potestad constitucional de la Asamblea Legislativa en los temas de nombramientos de Magistradas y Magistrados no puede ser utilizado para lesionar el principio de independencia y objetividad en la función jurisdiccional que nos atañe como jueces y juezas de la República, siendo tal independencia una garantía fundamental que define nuestra constitución Política para la salvaguardia del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

5.    No aceptamos se pretenda la existencia de una magistratura “alineada”  a ningún partido político y rechazamos categóricamente las claras amenazas de la Jefatura del Partido de Gobierno para amedrentar a las magistradas y magistrados de esta Corte.

6.    Le aseguramos a la ciudadanía que la judicatura costarricense se mantendrá con absoluta firmeza frente a cualquier amenaza a su independencia, fiel a su juramento constitucional. Rechazamos cualquier intento de intimidación de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, independientemente de su rango y oficio y defenderemos la independencia judicial con toda la fuerza de la Constitución y la ley así como con los demás instrumentos propios de un régimen democrático.