Caso Cruz: en busca del culpable

Adquiere popularidad, más de la que es saludable para el país, la crítica exacerbada y el uso del dedo acusador cada vez que un evento cualquiera adquiera presencia mediática. Hemos creado, y seguimos alimentando un entorno en el que todo anda mal y el país se nos cae a pedazos. De nada sirve el reconocimiento de nuestras conquistas sociales y económicas por parte de órganos internacionales independientes. Y, aunque uno culpa al otro y viceversa, esta cultura es prevalente en el sistema político y en la población civil. Nos atacamos en un patrón de conducta autodestructivo que agrega a los retos del desarrollo que enfrentamos y que parece rehuimos. Dos ejemplos frescos ilustran esta situación que degrada al individuo, a la sociedad y a la democracia.

La llamada “ley mordaza” pasó en un acto de eficiencia legislativa digna de mejores proyectos, que siguen esperando su turno. Y pocas veces aparecen tantos críticos, de todos los sectores del país, que contribuyeron con su silencio a que el proyecto pasara con facilidad los filtros de los poderes legislativo y ejecutivo, de los grupos de interés especial, como los periodistas, y la población civil. Pero, buscar culpables entre la multitud de ellos, es una tarea imposible y sin sentido. Por supuesto, hay que corregir el daño hecho y más de uno tendrá que cuidar que no le majen cola.

La no reelección de magistrado Cruz es el otro ejemplo, que ha generado una explosión de acusaciones y contra acusaciones. Veamos aquí algunos temas relacionados que exponen las falacias e hipocresías de las críticas o, tal vez mejor, de los críticos.

Factor popular: una abrumadora mayoría de los costarricenses no conocen al magistrado Cruz o cualquiera de sus colegas de la Corte. A pesar de ello, la crítica es generalizada aunque las argumentaciones escaseen. Es la sensación nacional de que algo anda mal con el gobierno. Sí, en el gobierno, porque es el foco principal de la crítica, legítima o ilegítima.

Factor institucional: la crítica no reconoce que la no reelección de cualquier magistrado es un acto constitucional, que está dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa. Aunque el caso Cruz es único, debería tomarse con un acontecimiento posible y natural dentro del ordenamiento jurídico. Más tratándose de una situación en la que se evidencia un patrón de disenso reiterativo con respecto a sus colegas magistrados. Lo cual podría determinar alguna posición ideológica, que también es muy natural, aunque puede tener un costo (ver factor ideológico abajo).

Factor personal: sobre algún grado general de frivolidad en el tratamiento público del caso, se destaca la gran madurez y dignidad del magistrado Cruz. No se ve perseguido, no cree que le estén cobrando algo, no siente resentimiento con quienes impidieron con su voto que no se mantuviera en la Corte Suprema. Al igual que nosotros, revela algún elemento de sorpresa, pero lo considera un acto institucional más, parte de las reglas de juego que él acepta y respeta.

Factor ideológico: se apunta el dedo contra el PLN que aportó todos sus votos para juntar 38 requeridos para evitar la permanencia del magistrado en sus funciones. Otras agrupaciones están exentas de culpa. Mientras otros factores son usados con puro cálculo político, en este domina la simple hipocresía. La Corte y los magistrados no están exentos del juego ideológico. Ellos mismos han sido parte de una ideología liberal (como lo es nuestra constitución) que privilegia el interés individual sobre el social. En nuestro país, como en muchos otros, la elección de los magistrados está sujeta a una consideración ideológica. En países que nombra a sus magistrados a perpetuidad, los grupos políticos esperan con ansias el retiro de alguno de ellos, para influir en el nombramiento de su sustituto. Un aspecto propio de la democracia.

Factor ingobernabilidad: quienes votaron por la no elección han hecho un pobre argumento, al relacionar su decisión con la ingobernabilidad. Por supuesto que la Corte Suprema contribuye en forma sustancial a la ingobernabilidad, tanto como la Asamblea Legislativo o el Poder Ejecutivo. El sistema de privilegios, principal factor de la crisis fiscal, es tan prominente en la Corte Suprema como en el Gobierno Central. Los diputados que han usado este argumento, a favor o en contra, deberían examinar su gran improductividad, el rankin que le da la población (las encuestan la ubican en los más desprestigiados) y su falta de compromiso con la reforma del reglamento, uno de los grandes obstáculos que tiene el desarrollo del país. Aunque se ha utilizado el caso Cruz para evadir responsabilidades evidentes de ingobernabilidad, esta es irrelevante a la decisión del congreso en el caso Cruz.

Defensa de la democracia: Cierto que la democracia está recibiendo golpes de los costarricenses, a pesar de su buen desempeño, según evaluación objetiva de organismos internacionales independientes. Esperamos que los políticos sepan asumir sus responsabilidades, enfrentar reformas urgentes y recuperar la credibilidad popular. Sin embargo, la decisión que ahora toman los diputados en el caso Cruz, no es otra cosa que el ejercicio de la institucionalidad democrática. Si no nos gusta, podemos cambiarla, pero no podemos crear mecanismos para protegernos de potenciales abusos y luego atacarlos porque se ejercitan. Por otra parte, defienden la democracia quienes en algún momento quisieron descarrillar una decisión soberana tomada en referendo (con carretillos de mociones) y más recientemente impidieron que el congreso hiciera ejercicio del voto con el plan fiscal ¿Hipocresía? ¿Doble estándar?

Mientras se escriben estas líneas, la decisión legislativa, apegada a las facultades que le otorga la Constitución, sigue generando reacciones diversas y sombras sobre el ya enrarecido entorno político nacional. Por una parte, la judicatura ha movilizado sus recursos sindicales, nacionales e internacionales, en apoyo al magistrado Cruz. Pide independencia para su función, lo que nos dice que sus miembros son una clase especial de costarricenses, no sujetos a rendición de cuentas y sí a la impunidad. Más serio, la judicatura pide independencia, pero se la niega a la Asamblea Legislativa, al cuestionar una decisión claramente enmarcada en nuestro estado de derecho, que deberían respetar ¿No es eso lo piden para sí misma?

Esta misma facultad constitucional está siendo cuestionada por otros órganos del Poder Judicial. Notable la decisión política impulsada por el Fiscal General para protestar, vestidos de negro, en contra de la decisión tomada por la Asamblea Legislativa dentro de sus facultades constitucionales, valga el énfasis.  El mensaje que el Sr. Fiscal General nos envía es claro: no importa cuán ajustada a la ley esté una decisión, esta puede revocarse ejerciendo presión popular sobre los órganos responsables respectivos. Los costarricenses estamos advertidos que este es un recursos practicado por la fiscalía y validado por ellos incluso en sus propias decisiones.

No importa que La Fiscalía está abriendo con ello un portillo al caos que ellos mismos están por practicar.Siéntase tranquilo, compatriota. Aquí no hay culpables, sólo perdedores, usted, yo, la sociedad como un todo.