La violencia del 8 de noviembre y los retos del desarrollo

Los actos de violencia, producidos por la confrontación entre manifestantes y la fuerza pública el 8 de octubre pasado, parecen haber suscitado reacciones encontradas. Tomó especial relevancia la presencia de tres diputados de línea “chavista”, lo que plantea un serio problema a nuestra institucionalidad, cuando miembros del primer poder de la república actúan –incluso con agresiones- en contra de oficiales que intentan mantener el orden público y hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos al libre tránsito. A una semana de estos acontecimientos, ya se anuncian tres manifestaciones más.

Es posible que no tenga sentido discutir quién tuvo responsabilidad por los desórdenes que se produjeron. Si parece importante destacar que la reacción del país parece ser negativa, mientras algunos políticos defienden a los manifestantes y critican la reacción del Gobierno a través de la fuerza pública, que intervino muchas horas después del inicio de la marcha. Más relevante aún, nos parece, es analizar como esas formas de comportamiento, de ambos lados, afecta nuestra capacidad para resolver problemas fundamentales que encara el país.

Al respeto conviene dejar sentado que la democracia ofrece otras opciones para que todo ciudadano o grupo manifiesten sus descontentos o críticas, sin violentar los derechos del resto de los ciudadanos. Más complejo es saber por qué se recurre a otros métodos, que tienen, a la larga, un mayor costo social y económico. Es posible que la respuesta se encuentre en la composición de los grupos de protesta. En ella se encuentran ciudadanos que buscan llamar la atención de las autoridades constituidas democráticamente, por los efectos de sus políticas que consideran nocivos; otros que han perdido confianza en las rutas que sigue el país y simplemente quieren expresar su enojo; un sector conformado por los “anti”, más radicales, que quieren la ruina total del modelo y su sustitución por otro salvador; mientras otros simplemente buscan exposición mediática como medio de reconocimiento que les niega la institucionalidad política; y siempre hay un elemento originador común: un sindicato público.

La cuestión sigue siendo por qué no utilizar los mecanismos que ofrece la democracia y garantizan el derecho a la protesta y a la crítica pública. La respuesta puede estar en dos factores principales: un político generalmente proclive al enfoque del pobrecito frente a grupos que actúan en contra del orden establecido; y, partes en conflicto que buscan actuar desde una posición de fuerza contundente, a menudo con matices de violencia, aprovechando la debilidad del político.

De estos factores surge la impunidad. Las manifestaciones producen grandes trastornos económicos, por ejemplo, cuando impiden que los ciudadanos acudan a cumplir con sus actividades productivas, accesen servicios esenciales, o impidan que los productos, especialmente perecederos, lleguen a su destino en el mercado nacional o internacional. Los sindicatos parecen inmunes a la reacción pública que, según encuestas, los ubica entre las instituciones sociales peor calificadas, lamentablemente, a lado de la Asamblea Legislativa. Y el efecto social se agrava, cuando, en aras de la paz y la armonía, las autoridades públicas ceden a las pretensiones de los manifestantes y además subsidian sus actos, accediendo al pago de salarios caídos e ignorando violaciones legales. Todo esto contribuye a crear un clima de impunidad, lo que implica que las manifestaciones se vuelven reiterativas, no implican costo alguno y ofrecen un estímulo para disfrutar de algún descanso subsidiado. Recordemos, por ejemplo, el cálculo de los sindicatos docentes para evadir huelgas en períodos de vacaciones.

Todo muy bien, si con este patrón de conducta no estamos fomentando vicios que generan enormes costos sociales y económicos. El país enfrenta retos económicos cuyos alcances no están claros. Es posible que nuestros mercados a las exportaciones puedan reducir la demanda de nuestros productos. EE UU tiene un débil crecimiento y la Unión Europea se encuentra en franca recesión. Por otra parte, hoy tenemos niveles de vulnerabilidad que alcanzan un 35% y afectan a 1,5 millones de compatriotas. A la vez que pagamos el alto costo de la ineficiencia pública, que ronda una pérdida de oportunidades y recursos, que hemos estimado, muy conservadoramente, en $4000 millones por año. Los privilegios que defienden los sindicatos es parte de este alto costo de ineficiencia, están integrados a una crisis institucional mayor y constituyen una limitación al logro de una sociedad más equitativa y solidaria.

Frente a esta realidad, algún político y analista ha sugerido, frente a un estado de crisis, responder con un estado de excepción, con privación de las libertades individuales, para hacer ajustes mayores a nuestra institucionalidad. No concuerdo con ello. Pero creo que el país no podrá enfrentar esos retos, a menos que la población observe un mínimo de disciplina. Vivimos en un entorno en el que reina la indisciplina y la sensación de que podemos actuar dentro o fuera del marco de la ley, con total impunidad. Y seguimos culpando a los políticos, cuando hay una responsabilidad claramente compartida por todos. ¿Cómo superar este estado de cosas? Posiblemente la única solución pasa por un acuerdo nacional que no ignore los derechos laborales, pero que tampoco los ponga sobre el interés nacional, mejor si se respalda con un mandato tomado en referendo. Y, por aquello de las modas en boga, un acuerdo que no implique alianzas, con sus efectos devastadores, como los de la gestión 1978-1982 o la reciente Alianza por CR, responsable por la pobre gestión del directorio legislativo durante el período mayo 2011 a abril 2012.