Seguridad pública, por María Julia Fonseca Solano, Diputada

Al inicio de este Gobierno, las encuestas de investigación de opinión pública atribuían a la inseguridad ciudadana como el primer problema que agobiaba a la población, no solo quitaba la tranquilidad a muchísimos ciudadanos, sino bienes materiales y hasta la vida, en el peor de los casos, en ciertos eventos delictivos detestables.

Sin embargo, para el Gobierno de la República, desde sus inicios, la seguridad y la paz social constituyen una prioridad, reconociendo la preocupación real de los costarricenses.  Consecuentemente, se establecieron las prioridades en este campo tratando de mejorar la seguridad ciudadana, el combate irrestricto al narcotráfico, la profesionalización y la capacitación policial.

Las autoridades a cargo de esta gran responsabilidad han enfrentado estratégicamente muchas de las causales, aportando una gestión no solo planificada sino incrementando sustancialmente el presupuesto ministerial para dotar a la fuerza policial de mayor y mejor equipamiento vehicular, tecnología de comunicación moderna, accesorios de protección para enfrentamiento contra el hampa y narcotráfico.  Aparte de ello, concordante con la situación, se tiene programado construir una escuela de policía para preparar en mejor forma a nuestros efectivos y nobles servidores.

El 19 diciembre del 2011, según La Gaceta número 243, el Poder Ejecutivo emitió el siguiente decreto, abro comillas: “Declarar el año 2012 como el año de la seguridad municipal, seguridad comunal y la paz.”, cierro comillas, ello en procura de una acción coordinada institucional.

Acción y efecto positivo que debe reconocerse dado que las estadísticas reflejan una reducción de la incidencia criminal superior al trece por ciento, al pasar de diecinueve mil quinientos setenta y siete a diecisiete mil doscientos noventa y cuatro actividades ilícitas, esto, según el boletín de la prensa emitido por el Poder Judicial.

La criminalidad la conforman una amplia gama de hechos o delitos dolosos que amenazan la vida e integridad física y sicológica de las personas.  La importancia de la disminución de la tasa de criminalidad no es solo como parámetro de medición de la seguridad ciudadana de un país, amén de la disminución del dolor muchas veces irreparable que causa en la familia costarricense, sino que también es un referente de los índices de desarrollo humano.

Algunas de las cifras que muestran esta disminución incluyen las demandas por asaltos, robo de vehículos, homicidios dolosos y estafas.  No por ello se oculta que el hurto de ganado, secuestro y actos sexuales contra menores, trata de personas, violencia doméstica y asesinatos contra menores fue de una incidencia mayor.  No obstante, se trabaja intensamente en sus causales y acciones de mitigación.

El aspecto positivo de sus resultados para mejorar la seguridad obedece a una ejecución bien delineada, acompañada de casi un millar más de oficiales. Los operativos de inteligencia conjuntos contra el narcotráfico han sido evidentes, y muy satisfactoria la incautación de droga y sus nexos de corruptela asociados. El equipamiento y flota vehicular permite una mayor vigilancia, así como la cantidad de jueces registra veintinueve plazas más para dar un tratamiento más expedito a los juicios.

Estas cifras no son para alegrarse, ni para celebrar, pero sí para reconocer que existe una mejoría en la percepción y realidad de la incidencia criminal menor en lo que concierne a la seguridad ciudadana.