Un referendo para la reforma institucional

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma institucional de profundo alcance que cruce los principales ejes de la crisis de ingobernabilidad que encara el país. La oposición es mínima y proviene principalmente del sector sindical que no quiere perder los costosos privilegios que ahora ahogan a la administración pública y que en muchos sentidos obstaculizan nuestro desarrollo y el bienestar de las mayorías más vulnerables. ¿Cómo llevarla a cabo?

Una estimación de La Fragua, muy conservadora, sugiere que se pierden no menos de $4000 millones por año, como costo de la ineficiencia y los privilegios de la burocracia pública. Sabemos que más del 90% del gasto público está conformado por sueldos, pensiones e intereses y solo queda alrededor de un 6% para inversión, mientras la infraestructura nacional está en franco deterioro. Una situación de crisis fiscal que no permite enfrentar los retos de la globalización y llevar a cabo programas sociales para recuperar niveles mínimos de bienestar de 1,5 millones de costarricenses en vulnerabilidad. Peor aún, la crisis fiscal puede desembocar en el corto plazo en una crisis mayor, tipo España o Grecia. Ello porque el costo de la administración pública y sus privilegios crecen, en proporción geométrica, en monto y velocidad. Es una bola de nieve.

Aunque las pretensiones de sindicatos como el SEC son imposibles de cumplir y además perjudiciales para sus propios trabajadores, según la experiencia europea, pareciera natural su resistencia a perder los privilegios adquiridos. Hoy sabemos que los pluses que las convenciones colectivas superan en un 100% el costo de la planilla salarial y que esta crece, al margen de los incrementos anuales, por el automatismo de dichos pluses. En consecuencia, si no hay una actuación decisiva, las perspectivas de una crisis mayor están a la vuelta de la esquina.

Sabemos también que los sindicatos tienen capacidad y voluntad para ejercer una presión contundente y desproporcional su carácter minoritario. Incluso en situaciones de ilegalidad, han sido y son capaces de paralizar la economía nacional en apoyo a sus privilegios. Este es un costo político que ha probado ser eficaz para obligar a las autoridades nacionales a aceptar condiciones onerosas para la economía y el desarrollo, que a la larga pagan las mayorías más vulnerables. De modo que se puede concluir que la reforma institucional, si tiene la profundidad que la crisis demanda, tendrá un costo político que cualquier gobierno encontrará difícil cargar sobre sus espaldas.

Por ello muchos hemos sugerido la conveniencia de un acuerdo nacional. Ha sido objeto de consulta entre los principales líderes y partidos políticos que  aspiran a  llegar a la presidencia de la república. Uno de ellos (ML) ha sugerido además la posibilidad de un referendo, de tal manera que el próximo gobierno, cualquiera que sea, tenga un mandato para llevar a cabo la reforma. Hoy la prensa hace referencia a un pedido del precandidato don José María Figueres Olsen (JMFO) para “cambiar las reglas de la Asamblea Legislativa y de la Sala Constitucional”.

JOMF recorre caminos ambiguos y quizás ello afecte el carácter de sus propuestas. Le ha dicho a los costarricenses que no está en campaña, cuando lo contrario es obvio; igualmente, que Vía Costarricense no es un proyecto electoral, aunque pareciera evidente que sí lo es (o será). Ahora nos hace una propuesta que tiene un alcance limitado, referido a dos puntos importantes, pero parciales. Sin embargo, la idea central del referendo constituye el único elemento de seguridad que nos proteja del chantaje de la paralización de la economía nacional, como recurso principal de los sindicatos para descarrilar la reforma;  y que su vez proteja a una propuesta racional, de la posible contaminación política que puede resultaer letal.

Si queremos que Costa Rica cambie, si queremos corregir los desequilibrios de nuestro desarrollo, si queremos solidaridad y equidad con los sectores socialmente desprotegidos, necesitamos un mandato popular que obligue al próximo gobierno implementar la reforma institucional dentro de un periodo prudentemente corto. El problema es ¿Cuál reforma? El país tiene hoy suficiente madurez para hacer que esa reforma comprenda los elementos estructurales que han producido la crisis y, más importante, que sirvan de factores preventivos contra crisis futuras. Los que menciona don JMFO son importantes, pero son solo dos. Seguro que una buena reforma tendrá muchos otros aspectos, por ejemplo:

  • Recuperación de la confianza en el sistema político y en los políticos. Se perdió porque los políticos no se han concentrado en la gestión de políticas, es decir, en depurar las estrategias derivadas de cada compromiso político electoral. Mientras los políticos anden administrando los procesos tecnocráticos (para los cuales no tienen competencias) no podrán actuar con eficacia en la delicada tarea de definir las grandes estrategias de gobierno y velar porque los órganos competentes las ejecuten.
  • Recuperación de la capacidad de ejecución de la política pública. Es la otra cara del esfuerzo para ganar la confianza de la población en nuestra buena democracia, que tanto le ha dado a nuestro país. Y este no es un proceso político, sino un tipo de responsabilidad que requiere del aporte de gerentes profesionales que manejan la tecnología de ejecución de proyectos. Dada la complejidad de instituciones como el MEP, el MOPT, la CCSS o el ICE, entre muchas otras, estos gerentes deben ser seleccionados por sus competencias y nombrados por tiempo indefinido, en función de la calidad de su desempeño. Además, deben estar institucionalmente protegidos de injerencia política indebida. Tendría a su cargo negociar las convenciones colectivas futuras, bajo un principio de ética profesional simple: la búsqueda del mejor producto al menor costo posible.
  • Regulaciones amplias para todo el régimen laboral del Estado en todos sus poderes. Debe incluir un marco común relativo a salarios, vacaciones, licencias para docencia, las cesantías, las pensiones, las incapacidades, selección de personal, rompimiento del contrato laboral, etc.
  • Régimen de contratación administrativa y mecanismos de control, incluyendo la restitución de la función contralora, ahora extralimitada.
  • Apertura del proceso de elección de diputados para darle mayor libertad de actuación al elector (eliminación de las listas determinadas por las estructuras de los partidos).

En materia de reforma institucional, ha habido mucho aporte previo. Es razonable pensar que le ha sido entregado a la comisión de notables que nombró la Sra. Presidente, que será considerado y lo pertinente incorporado a la propuesta que esperamos para noviembre 2012. También es razonable pensar que esa comisión aglutina una buena dosis de experiencia y conocimientos para formular una propuesta sólida, con reformas estructurales para hacer los correctivos inmediatos y evitar que las crisis hagan su aparición en el futuro. Reiteramos, el problema es cuánto deterioro esa propuesta tendrá que afrontar en el proceso de discusión política y civil. Por eso, la idea de que la propuesta sea esbozada correctamente y llevada a referendo es una manera de que todos los costarricenses compartamos el costo político. Recordemos que dos proyectos de menor complejidad, el plan fiscal y la reforma del reglamento del congreso, fueron frustradas por intereses politiqueros cortoplacistas. El referendo evitaría una nueva frustración a un pueblo que considera que el sistema político perdió la capacidad para concebir soluciones eficaces para los retos que enfrentamos y, sobre todo, para ejecutarlas.