Movilización laboral en JAPDEVA, ICE… ¿Quién evitará su tendencia reiterativa?

Dos instituciones públicas, el ICE y JAPDEVA, han iniciado sendos movimientos de movilización laboral para deshacerse de excesos de personal que se han venido acumulando, producto de generosas concesiones hechas por políticos con recursos que no son propios, bajo la presión de un proceso electoral recién pasado y otro que se avecina. La medida es necesaria, aunque costosa, pero no hay razón para pensar que los patrones de comportamiento responsables por tales excesos no se repitan en el futuro.

Si las condiciones estructurales que originan estos problemas no son removidas, los patrones de comportamiento que las producen seguirán presentes en nuestras organizaciones públicas y en el corto plazo tendremos recurrencia de esas situaciones de crisis. Por otra parte es evidente que los excesos son comunes en toda la administración pública y en todos los poderes del Estado. Según manifestaciones del magistrado don Román Solís en el programa radial Nuestra Vos, Costa Rica tiene la tasa más alta de jueces por 10 mil habitantes en el continente y sin embargo los delincuentes andan libres por nuestras calles agregando a un agudo problema de seguridad. La Contraloría General de la República nos ha dicho que la capacidad de ejecución de proyectos de RECOPE ronda el 47%, lo que sugiere que hay una capacidad ociosa que supera el 50%.

Más significativo son los excesos que se han producido en años recientes en la CCSS, acompañados de una baja en productividad (servicios a la población). El carácter recurrente de este fenómeno se encuentra documentado. En efecto, en su libro La Seguridad Social y el Desarrollo en Costa Rica, el Dr. Guido Miranda hace referencia a sustanciales nombramientos hechos durante el gobierno de turno en el período 1978-1982, que igualmente no tuvieron ningún efecto positivo en la calidad o cantidad de servicios a la población.

Las medidas de movilidad laboral en el ICE y JAPDEVA son decisiones en la dirección correcta. Pero de las consideraciones anteriores surgen dos preguntas que las formulamos en positivo ¿Por qué no aplicarlas en toda la administración pública, si el problema es generalizado? Y, si queremos que los correctivos sean sostenibles ¿Cuáles son los factores estructurales que deben corregirse para evitar la recurrencia del problema?

En un foro sobre el pasado y futuro del Partido Liberación Nacional (PLN) uno de los panelistas (Sr. Alvarez Desanti) destacaba una idea interesante: liberacion debe impulsar liderazgos políticos. La política debe ejercerse por políticos y no por tecnócratas ¡Excelente! pensó quien escribe estas líneas. Pero falta el complemento: el PLN debe impulsar la designación de gerentes profesionales y competentes para los procesos tecnocráticos. Los políticos deben sacar sus manos de dichos procesos. Sugerimos que por estas decisiones pasan los correctivos de fondo de muchos de los problemas estructurales que alimentan las crisis institucionales recurrentes de nuestro sistema político-administrativo. Nos explicamos, sin entrar en detalles que este espacio no permite.

Primero, la sugerencia del Sr. Alvarez Desanti, se da en un contexto donde el factor dominante son los compromisos políticos, adquiridos en el contexto de procesos electorales pasados y futuros. Son compromisos legítimos y naturales del proceso democrático. Es lo que liga la visión del político con la problemática nacional, producto de su contacto con la población votante; así como con las soluciones que eventualmente  el gobierno articula para dar respuesta a ella. Sin embargo, nuestros políticos, metidos en procesos tecnocráticos para los cuales no tienen competencia, no han podido focalizarse en la gestión de la política pública y por tanto hemos fallado en encontrar las mejores rutas para el desarrollo solidario del cual depende el bienestar de las mayorías. Esta distracción no puede exagerarse cuando pensamos en organizaciones tan complejas y conflictivas como un el MOPT, el MEP, el ICE o la CCSS. De modo que muy bien la sugerencia de Alvarez Desanti, pero dejemos que los políticos se ocupen estrictamente de la gestión política. El Sr. Presidente ganará con ello y seguro que la población se sentirá satisfecha, confiada y solidaria, de saber que el político se enfoca en contribuir de concretar una visión país y las rutas para alcanzarla.

Pero la solución es, hasta aquí, incompleta. Necesitamos sacar al político del proceso tecnocrático y construir, porque no lo tenemos (o no funciona), un segundo proceso mediante el cual la política se traduce en planes y programas y se ejecutan en términos de equidad, calidad, oportunidad y eficiencia. Esto es, mediante el cual la política se transforma en productos (bienes y servicios) que la población en efecto recibe, en tiempo y espacio coherentes con la naturaleza de sus necesidades y de los problemas que enfrenta el país. Esto se cumple en procesos tecnocráticos, en los cuales la motivación política es fatal. Debe dejarse en manos de gerentes profesionales estables (de cualquier disciplina, pero con competencia gerencial), cuya ética profesional se resume en lo siguiente: generar el mejor producto al menor costo posible.

Decimos que dicha organización no existe y de ahí el fracaso en ejecutar la política. Los ejemplos sobran: 25 años en la carretera a San Carlos y contando; y 30 en la ruta a Caldera; quiebra de JAPDEVA que hoy está en desequilibrio económico y ha dejado de aportar al desarrollo de la zona Caribe; Chilamate que arrancó y está parada por una expropiación y porque se quedó colgando, sin conexión con la interamericana; ICE con creciente incapacidad de producir la energía que necesitamos y cuyos costos al consumidor son excesivos; una Asamblea Legislativa inoperante y costosa; RACSA quebrada; educación superior costosísima pero insuficiente e incoherente con las demandas del mercado; gran cantidad de organizaciones que hoy pueden cumplir sus funciones con otra tecnología, con una fracción de su personal; un régimen de autonomía que produjo ruedas sueltas, que no responden a una estrategia integral de desarrollo, entre muchas otros problemas institucionales.

En esencia, lo que queremos decir es que nuestra administración pública necesita dos estratos que ahora no tiene. Uno de gestión política para la construcción de las grandes estrategias de desarrollo (políticas de estado), a cargo del político que tiene la motivación y generalmente las competencias para ello, que no se adquieren en la academia, sino por el contacto sostenido con la población, la institucionalidad pública y el sistema político-electoral. Y otro estrato, complementario y a la vez independiente, con escudos institucionales que impidan distorsiones del factor político. Es un estrato más permanente, apolítico, cuyas estrategias le son dadas por el nivel de decisión política, pero con facultades para emplear con relativa independencia la ética profesional y el poder de las tecnologías correspondientes para traducir la política en resultados concretos para beneficio de toda la población. Por supuesto, hay interrelaciones, para asegurar la coherencia del proceso conjunto (política-planes-resultados), pero en un marco de respeto mutuo, por las diferencias naturales de los procesos de gestión política y  gestión tecnocrática, que en conjunto buscan mayor bienestar social y económico, con un uso productivo de los recursos siempre escasos.

Solo si dejamos que estos segundos procesos se lleven a cabo sin interferencia política, lograremos los equilibrios que el desarrollo necesita. Entre ellos que los recursos -especialmente humanos- y sus costos se ajusten a los objetivos de los procesos y metas del desarrollo. Y no al cálculo político electoral.