Gobierno veta dos aspectos de la ley que permitirían huelgas en servicios públicos esenciales

Sandra Piszk, ministra de Trabajo

San José.-El Poder Ejecutivo vetó parcialmente la reforma que se tramita bajo el expediente 15.990, Ley para la Reforma Procesal Laboral. Se trata del veto a unos pocos artículos

sobre dos aspectos que contiene dicha legislación, por ser inconstitucionales y contrarios al interés público.

El Poder Ejecutivo recordó que ha respaldado el trámite de dicha legislación por estar convencido de que ésta viene a modernizar la legislación procesal laboral de nuestro país.

Además, gran parte de la ley fue el resultado de acuerdos alcanzados entre los sectores patronal y laboral, gracias a la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como al concurso de distintos diputados y diputadas.

En este sentido, según manifestó la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, “por los avances que supone en materia laboral, el Gobierno avala la gran mayoría de los artículos de este proyecto”.

No obstante lo anterior, y dado que la ley incluye aspectos que trasciende las relaciones laborales del sector privado y alcanza al sector público, el Poder Ejecutivo se ve obligado a interponer un veto parcial, particularmente a los artículos 382 y 394, por las siguientes razones:

1. En el Decreto Legislativo, tal y como fue aprobado por la Asamblea Legislativa, se avala la posibilidad de huelga en los servicios públicos esenciales, incluyendo aquéllos que afecten la vida, la salud y la seguridad de las personas.

2. Adicionalmente, según las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo aprobado, el Estado estaría imposibilitado de contratar temporalmente personal para que realice la labor de los huelguistas, por lo cual el servicio podría dejar de prestarse.

Estos aspectos son contrarios a lo estipulado por el artículo 61 de la Constitución Política y a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional. El veto procede por razones de constitucionalidad y también de oportunidad y conveniencia, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad y eficiencia de estos servicios y de que se presten sin interrupciones que afecten a la población y al interés público.

De acuerdo con lo manifestado por el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, “con la nueva legislación, ante una huelga como la que recientemente tuvimos en JAPDEVA, el Estado no podría contratar trabajadores para que realicen las labores de carga y descarga. Esto es inaceptable porque perjudicaría a todos los costarricenses”.

“El Gobierno espera que una vez recibido este veto, la Asamblea Legislativa pueda llegar a un acuerdo para corregir estos aspectos y que la reforma sea una realidad en el menor tiempo posible”, indicó el Ministro de Comunicación, Francisco Chacón.