Energía eléctrica: aprovechar todos los recursos del país

Costa Rica es un país sui géneris. Nos domina una cultura que tiende a la crítica extrema de todo lo que hacemos, o no hacemos. Discurrimos en discusiones informales y procesos formales, privilegiándolos sobre los resultados sustantivos,  perdiendo oportunidades de desarrollo y despilfarrando los recursos escasos, esenciales para llevar bienestar a nuestra población. Es en estos procesos en los que tardamos décadas para ponernos de acuerdo para  completar obras de infraestructura importantes, al tiempo que luego terminamos pagando en exceso por ellas. Los procesos técnico-administrativos relacionados con la esperada carretera San Jose-San Ramón, que se vienen atrasando desde el 2005, nos cuesta ya unos $270 millones más y la cifra seguirá creciendo hasta que tomemos una decisión firme. Muchos millones pagaremos también por la carretera a San Carlos y se pagaron por la Ruta 27 a Caldera, en las que hemos invertido unas tres décadas.

Durante el proceso electoral, en el Plan de Gobierno, se nos dijo que tendríamos que producir en los próximos 10 años la electricidad que producimos en los últimos 60 años. La predicción parecía correcta y sospechamos que obedece a estudios técnicos confiables. Dos acontecimientos sustentan ese planteamiento. El primero es que estamos cubriendo faltantes, generando cada vez más energía con combustibles fósiles, altamente contaminantes, y a costos variables y crecientes, por razones de convulsión política reiterativa, fuera de nuestro control.  Sólo para tener una idea, según datos del 2010, estábamos adquiriendo 137 millones de libros de búnker por año, produciendo 2728 toneladas de emisiones CO2 y gastando unos $77 millones por año. Esto con sólo un 38% de operación de la capacidad de la planta de Garabito. Hoy, por condiciones climáticas, el ICE ha impuesto nuevas tarifas para cubrir un incremento en la generación de energía térmica, a la contaminación y al bolsillo de los costarricenses.

El segundo es que el ICE ha convocado a concurso abierto para comprar 140 megavatios de energía eólica a generadores privados. Las ofertas recibidas fueron por 360 megavatios, lo que sugiere capacidad ociosa. Es notable además, que el precio fijado para las ofertas oscilen entre $0.08 y $0.12 por kilovatio hora, mientras los costos de la planta de Pirrís, ICE, serán aproximadamente el doble. El reto que asume la empresa privada es, por una parte, producir energía alternativa limpia y, por otra, hacerlo a la mitad del costo que espera el ICE con su nueva planta de Pirrís.

A pesar de los evidentes beneficios de la participación del sector privado en un mercado compartido y regulado, el proyecto para aumentar hasta en un 25% la generación privada, duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Primero, bajo una actitud neo-estatista, mantener el status quo, la ingobernabilidad y, por tanto, los obstáculos al desarrollo. Segundo, mantener una situación de monopolio público y con ello un estímulo a la ineficiencia. Tercero, mantener una actitud de incoherencia entre discursos ecológicos y prácticas contaminantes. Cuarto, perjudicar al consumidor que tendrá que seguir cubriendo los costos de la producción  monopólica con tarifas cada vez más onerosas. Quinto, alimentar un déficit energético que podría acelerarse en la medida que las condiciones de crisis internacional se vayan superando. ¿Qué es lo que debería hacer el congreso? Aprobar el plan de apertura parcial de la generación eléctrica y permitir con ello la experiencia exitosa, muy a la criolla, de mercados regulados para beneficio del consumidor (que somos todos) con mejores servicios y a precios razonables.