Diputado propone descongestionar Sala Constitucional

San José.- Descongestionar la Sala Constitucional de Recursos de Amparo podría ser una realidad, luego de que esta semana la Comisión Plena II aprobó en I debate la  iniciativa del diputado Rodolfo Sotomayor, que pretende regular el derecho de petición, vía Ley de la República.

Con el expediente # 17.961 se crea  un marco jurídico real, objetivo y eficiente sobre el derecho de petición de las y los  ciudadanos.

Según indicó el diputado socialcristiano, Rodolfo  Sotomayor, esta iniciativa  dará  mayor seguridad y certeza jurídica al desarrollo y protección del contenido esencial de este derecho fundamental y a sus principios, sin quedar sujeto a cambios jurisprudenciales o a criterio de un juez constitucional.

Actualmente, el derecho de petición está establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y el artículo 1 de la Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Sin embargo, no existe  una normativa como la que se plantea en este proyecto de ley, en donde los casos se abordarán en el ámbito administrativo.

Para el legislador,  el  reconocimiento y  la aplicación del derecho de petición,  se ha dado en la mayoría de los casos por medio  de  recursos de amparo que son resueltos por la Sala Constitucional y con este proyecto se pretende corregir el vacío legal y garantizar su ejercicio ante las autoridades públicas por parte  de las y los costarricenses.

“Este proyecto de ley pretende ser una herramienta jurídica de respaldo y ejecutividad para las y los ciudadanos, porque ya se han dado cambios de criterios en la aplicación e interpretación del derecho de petición, al enviar algunos de los asuntos que considera la Sala como parte de la justicia administrativa a conocimiento de los Tribunales Contenciosos Administrativos.  Estos casos son conocidos como amparo de legalidad,”  explicó el diputado Sotomayor Aguilar.

Sotomayor Aguilar resaltó además, que el proyecto de ley pretende crear una instancia administrativa para la defensa de este derecho y su pleno ejercicio.

Cabe resaltar, que dentro de los aspectos que regula este proyecto de ley están: titulares del derecho de petición, destinatarios, objeto de las peticiones, principio de informalidad, presentación de escritos, tramitación de peticiones, subsanación de la petición, casos de inadmisión de peticiones, declaración de inadmisibilidad, decisiones sobre competencia;  tramitación y contestación de peticiones admitidas y protección  administrativa.

Es importante destacar que se establece una  sanción de un 5% de salario base por incumplimiento de esta Ley.

Otro  aspecto muy importante de este proyecto, es que brinda  apoyo y acompañamiento, por parte de la Defensoría de las y los Habitantes y de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, a los pueblos indígenas que deseen aplicar su derecho de petición, tanto en la forma, como el  fondo y procedimiento del trámite, con el fin de garantizar el éxito de la petición.

“En términos generales, esta es una iniciativa garantista, sustentada en el reconocimiento de los derechos fundamentales en el ámbito legal, retomando sus principios, en especial, el de progresividad y el de la libertad de dirigirse a los órganos públicos,”  concluyó el diputado Rodolfo Sotomayor.