Crisis de la CCSS, crisis de la administración pública

Nuevas denuncias ponen en evidencia que la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, sigue latente. Casi la mitad del costo de la planilla de la Caja se origina, no en salarios propiamente, sino en una serie de pluses que se han venido acumulando a través del tiempo. Son el producto combinado de demandas laborales alejadas de las realidades económicas de la institución y del país, con la debilidad que representa el político metido a gerente, sin que tenga las competencias para ello pero y, más importante, una motivación para la toma de decisiones, que excluya consideraciones asociadas con compromisos electorales previos y cálculos electorales futuros.

La solución es simple: zapatero a tus zapatos. Es decir, dejemos que el político cubra la delicada función de gestionar las políticas públicas (que escasean), sin que el ajetreo de la administración operativa distraiga su atención. Es posible que si hiciéramos esto, el político se podría focalizar en las grandes estrategias del desarrollo, mejoraría su imagen pública y la población recuperaría parte de la confianza en la política –es decir en la democracia- que ha perdido.

Pero no solo eso. Si la administración de instituciones tan complejas e importantes como la Caja y el ICE se encargaran a gerentes profesionales, seleccionados al margen del proceso político y estables en sus funciones a partir de la calidad del desempeño, también ganaríamos en la capacidad nacional para ejecutar las políticas y concretar los beneficios sociales deseados. De esta forma, las grandes estrategias se construirían en perspectiva política, como lo demanda la democracia, pero la formulación y ejecución de planes, proyectos y programas se ejecutarían en ese otro plano gerencial, sin interferencia política. Si ganamos porque dotando al país de sólidas políticas públicas, pero además creamos las instancias para garantizar su traducción en productos y resultados concretos, habremos recuperado toda la confianza que se puede esperar de la población.

Es una ida en la que hemos insistido en La Fragua y sobre la que hemos escrito varios editoriales. Y no es nueva. De alguna manera, el concepto de autonomía buscó proteger importantes instituciones del efecto nocivo de la política, cuando esta se proyecta más allá de su propio entorno, abarcado la formulación y ejecución de planes correspondientes. Sin embargo, las cosas se han enredado y la autonomía se ha convertido en una rueda suelta, bastante divorciada de las políticas de desarrollo. Por otra parte, el sistema parlamentario europeo mantiene ese mismo principio. Lo hace con Secretario Permanente, una figura de gerencia pública, estable, con las competencias respectivas, encargado de la ejecución de toda acción requerida para el cumplimiento de la política pública. Reiteramos, esa política se formulada en la esfera superior de gobierno, por el político y en armonía con el proceso y compromisos electorales, como es legítimo en democracia. Hay, además, una relación lógica entre ambas funciones (política y tecnocracia) derivada del hecho de que la segunda está determinada por la primera y que aquella tiene un derecho natural a pedir resultados y rendición de cuentas, sin que ello implique interferencia mutua. Es decir el político se queda en su campo natural de actividad y el tecnócrata en el suyo.

Hemos hecho referencia a la CCSS y al ICE. Sin embargo, el concepto es aplicable a la totalidad de las instituciones públicas, incluidos los ministerios. La idea central es que ambos campos son suficientemente importantes para que nuestra administración pública funcione. Y suficientemente específicos, para ubicarlos en planos separados, sin perjuicio de la interdependencia esencial para mantener la coherencia entre las grandes orientaciones del desarrollo y los procesos ejecutivos respectivos.