Congreso aprueba Ley de Tránsito

San José.- El Plenario Legislativo aprobó en Segundo Debate, con 43 votos por unanimidad, el expediente 18.032, Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial. Este proyecto viene a cambiar la legislación actual y hacer más proporcionales las multas.

La Fracción del Partido Liberación Nacional, representada por su Jefe, Diputado Fabio Molina Rojas, celebró la aprobación de este proyecto que es Ley de la República.

El Jefe de Fracción señaló que, esta legislación es de gran importancia para el país, porque “viene a ofrecer un modelo más proporcional, sin dejar de sancionar conductas reprochables como lo es la conducción temeraria y bajo los efectos del licor, con el fin de prevenir conductas reprochables en carretera, más allá del elemento punitivo, sino formar a los conductores y peatones”.

El proyecto fue presentado en el mes de marzo de 2011, luego de un proceso de análisis y dialogó intenso entre las fracciones representadas en la Comisión Especial de Tránsito, representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Poder Judicial y otros sectores interesados en el tema.

Durante su tramitación se logró depurar un texto que atiende a cabalidad la mayoría de las preocupaciones de las instituciones y sectores involucrados en el tema.

En la Comisión Especial de Tránsito, el proceso fue riguroso se realizaron más de 15 audiencias con especialistas, se consultaron formal e informalmente todos los sectores involucrados, se efectuaron de tres a cuatro sesiones de trabajo semanales para atender a todas las instituciones y organizaciones que han quisieron externar su posición.

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos; por tanto abarca: la organización del Estado para hacer frente a sus responsabilidades en la materia, un marco jurídico adecuado y la concientización y sensibilización de los usuarios de los usuarios de la vía pública.

Partiendo de ello, se pretendió direccionar esta iniciativa de ley hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a)    Dotar al país de una de una legislación integral, desarrollada a partir de criterios técnicos objetivos y  consistentes con la realidad nacional, en un marco del absoluto respeto a los principios constitucionales.

b)    Fomentar un cambio de cultura en los conductores y usuarios de la red vial nacional, y promover la convivencia segura de estos, a partir del posicionamiento de la temática en el ámbito educativo.

c)    Instrumentalizar herramientas que prevengan conductas reprochables en carretera, más allá del elemento punitivo, es decir, mediante la formación en seguridad vial y la consolidación de hábitos seguros para conductores y peatones.

d)    Proveer el marco jurídico necesario y suficiente, a fin de que el Estado atienda con eficiencia y eficacia los requerimientos del país en materia de tránsito y seguridad vial.

e)    Ejercer la potestad sancionatoria administrativa y penal del Estado en materia de tránsito, bajo una correcta ponderación de los bienes jurídicos tutelados, la reprochabilidad de las conductas, el resultado de la conducta reprochable y la magnitud de las sanciones. Esto en absoluta observancia de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.

f)     Constituirse en una herramienta que establezca las bases para contribuir a la reducción de la accidentalidad en carretera, con resultado de muertes o lesiones.

A grandes rasgos, esta nueva propuesta constituye una reforma integral de la legislación vigente, considera la problemática nacional en materia de tránsito y seguridad vial, fomenta un cambio de cultura en los conductores y usuarios de la red vial nacional, y procura mayor agilidad de los procesos administrativos y judiciales que devienen de la materia.  Particularmente, abarca el ordenamiento en temas de educación vial, transporte público, seguro obligatorio automotor, requisitos de circulación de vehículos, examen técnico vehicular, sistema de evaluación permanente de conductores, sistema de acreditación de conductores, materia recursiva, multas acordes con la reprochabilidad de las conductas y con la realidad económica del país, y penas que atienden principios de razonabilidad y proporcionalidad, medidas alternativas en sede administrativa y judicial, delimitación clara de las funciones de atañen autoridades competentes en materia de tránsito, entre otros.

Principales propuestas que incorpora el proyecto.

Sistema de Puntos 

El sistema de evaluación permanente de conductores se perfila como un mecanismo de control de desempeño, para la ejecución de medidas correctivas dirigidas a la enmienda del comportamiento y al fomento de conductas que fortalezcan la seguridad vial.

Este sistema funcionará por deméritos, es decir, el conductor infractor suma puntos negativos en vez de perder los que le fueron asignados.

Si la licencia se expide con una vigencia de 6 años, el conductor podrá acumular un máximo de 12 puntos durante este período, pero si se expide con una vigencia de 4 años, el conductor podrá acumular un máximo de 8  puntos durante este período. Mientras que si se expide con una vigencia de 3 años, el conductor podrá acumular un máximo de 6 puntos durante este tiempo.

Solamente se acumularán puntos en las infracciones categoría A y B, que son las conductas que causan mayor accidentalidad e incidencia  de muertes y lesiones en carretera.

Además, el sistema incorpora la gradualidad, ya que ninguna conducta genera la acumulación  total de puntos permitidos. Las conductas más riesgosas, consecuentemente, las más reprochables implicarán la acumulación de 6 puntos.

Régimen diferenciado de conductores profesionales y noveles

El régimen diferenciado de conductores tiene como propósito atender las características propias de tres tipos de conductores: los profesionales, los noveles y el resto de conductores.

En este sentido, quienes se dedican profesionalmente a conducir vehículos están en una posición diferenciada, respecto de los conductores que usan su vehículo solamente para desplazarse de un lugar a otro.  Esta diferencia de categoría va en dos sentidos.  Por un lado, respecto a la magnitud de los vehículos automotores que conducen, y por otro, respecto a las largas jornadas de tiempo que permanecen conduciendo en razón de las actividades que realizan; circunstancias ambas que aumentan el riesgo de causar accidentes.

Respecto al conductor novel, el criterio para clasificarlo como tal, radica en que sea un conductor cuya acreditación para conducir por primera vez le haya sido expedida  por un plazo inferior a los tres años.

Esta clasificación, se encuentra directamente relacionada con la vigencia de la licencia de conducir que se propone para los conductores que se acreditan por primera vez.  Dicha vigencia, podría considerarse un período de prueba para los conductores, el cual, responde al interés de corroborar las aptitudes y actitudes de los conductores respecto a la conducción, y paralelamente, permite que los conductores perfeccionen sus destrezas y hábitos de conducción.

Las razones expuestas, justifican los parámetros diferenciadores de los conductores profesionales y noveles, respecto del resto de conductores, y consecuentemente, justifican establecer un estándar de conducta más alto y sanciones más drásticas para las conductas de alta reprochabilidad cometidas por este tipo de conductores.

Las Multas

La génesis de esta propuesta radica en el reconocimiento de la desproporcionalidad e irracionalidad de las sanciones vigentes, las cuales, a juicio de las y los Legisladores exceden lo estrictamente necesario para alcanzar el fin deseado.

El ejercicio realizado para la fijación del monto de las multas fue traer a valor presente las multas que originalmente se establecieron en 1993 en la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, Nº 7331.

La propuesta incorpora una fórmula de actualización anual de los montos, cuyo parámetro es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, al 30 de junio de cada año, el cual, no podrá ser superior al 14 por ciento. Con esto la actualización de los montos de las multas no deberán recurrir a una  reforma legal, que es ventajosa porque desestimula la modificación sistemática de la ley.

Además, el monto total de las multas incorporan el 30% correspondiente al PANI.

La multa más elevada quedaría en ¢280.000 para quien incurra en infracciones categoría A, como por ejemplo: conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Circular en cualquier vía pública a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora. Adelantar en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho.  El giro en U y giro a la izquierda en lugares donde no sea permitido.  Actualmente la multa más alta se encuentra en  ¢468.000.

La multa más baja queda en ¢20.000, por ejemplo: circular sin los documentos registrales exigidos, conducir con las placas reglamentarias en un sitio distinto al destinado para estas, detenerse sobre el señalamiento horizontal. Actualmente la multa más baja se encuentra en  ¢46.800.

Las multas son severas pero atienden la realidad económica nacional y los parámetros de constitucionalidad.

Licor

En este tema la propuesta de consenso es muchas más rigurosa que la legislación vigente ya que establece una categorización de conductores y conductoras, con la cual, a los y las que tienen menos de 3 años de haber obtenido la licencia por primera vez y los y las que conduzcan transporte público o vehículos pesados y articulados se les impondrá una sanción administrativa cuando manejen un vehículo con niveles de alcohol entre 0.2 y 0.5 gramos por litro de sangre y una sanción penal cuando manejen un vehículo con niveles de alcohol superiores a los 0.5 gramos por litro de sangre.

Actualmente estos conductores y conductoras son sancionados administrativamente cuando circulan con niveles de alcohol entre los 0.5 y 0.75 gramos por litro de sangre y con sanción penal cuando  sobrepasen los 0.75 gramos de alcohol por litro de sangre.

Siendo uno de los propósitos del proyecto disminuir la accidentabilidad en carretera las y los Legisladores se basaron en estadísticas del MOPT, que revelan que de la totalidad de los accidentes de tránsito registrados en el año 2010 solo un 7.8 % se deben a alcohol, la mayoría son ocasionados por velocidad (29.15%), peatones imprudentes (17.9%), entre otras.

Igualmente, datos de alcoholemias en operativos de tránsito realizados entre febrero y mayo de 2011 indican que de un total de 1528 alcoholemias realizadas, 1002 conductores circulaban con niveles de alcohol que oscilaban entre 1 y 2 gramos por litro de sangre, mientras que solo 2 conductores circulaban con niveles de alcohol que iban de los 0.2 a 0.5 gramos por litro de sangre.

Por otra parte, solamente 1.2% de los accidentes cuya causa es el alcohol se producen en niveles que sobrepasan el gramo de alcohol por litro de sangre.

Finalmente, la propuesta de consenso atiende los parámetros establecidos por la OMS al restringir la conducción bajo los efectos del alcohol en niveles que comprometan la capacidad de las y los conductores.

En razón de lo dicho, la mayoría de las y los diputados, coincidieron en impulsar una propuesta rigurosa pero que atienda  criterios técnicos objetivos.

En este sentido, una propuesta de cero tolerancia en alcohol no es viable, no solo porque desatiende los criterios indicados, sino también ya que según reconocidos toxicólogos el organismo humano puede producir alcohol de manera endógena hasta en un 0.2 gramos por litro de sangre. Por lo que sancionar por debajo de este nivel iría en contra de la propia naturaleza humana.

En el mundo la política de cero tolerancia solo ha sido implementada en países como Afganistán, Arabia Saudita, Azerabayan, Bahrein, Bangladesh, Eslovaquia, Hungría, Irán, Libia, Kuwait, Qatar, Pakistan, Ucrania, entre otros. Demás esta mencionar las abismales diferencias entre estos países y el nuestro.

Educación

El proyecto establece como obligación incluir de forma integral la temática de la seguridad vial en la educación preescolar, general básica, media, diversificada y técnica profesional o vocacional. El objetivo es modificar a través de la educación, la cultura de los y las conductoras convirtiendo la Seguridad Vial en componente para el desarrollo de una convivencia respetuosa y responsable de las personas.

La Dirección General de Educación Vial y el Consejo de Seguridad Vial en coordinación con el Ministerio de Educación Pública desarrollarán un curso teórico dirigido a personas estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo para la obtención de la licencia de conducir y expedirá el certificado correspondiente previa aprobación de un examen.

Cursos de sensibilización y reeducación vial

Con el objetivo de crear una consciencia sobre el respeto a las normas de seguridad vial, el MOPT por medio de la Dirección General de Educación Vial y mediante el procedimiento de concesión, puede autorizar a los Centros Educativos Públicos y Privados para que impartan el Curso Básico de Educación Vial y el Curso para Infractores.

Estos cursos se prevén para el proceso de acreditación de conductores y la reacreditación de los conductores cuya licencia ha sido suspendida.

Trabajo Comunitario

El trabajo comunitario se aplicaría como una medida alternativa a la pena privativa de libertad, esta será autorizada por el juez y su ejecución quedará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Paz.

Asimismo, el trabajo comunitario se aplicará como medida alternativa a la suspensión de licencia declarada en vía administrativa, o bien, como mecanismo para descontar parcialmente los puntos acumulados por cada infracción cometida, sin prescindir de los cursos de sensibilización y reeducación vial.

El trabajo comunitario constituirá uno de los principales elementos resocializadores de la conducta del conductor, lo cual, en gran medida asegura que a los conductores reacreditados se les haya disuadido de la futura comisión de infracciones.