Oro para el desarrollo nacional ¿dónde encontrarlo?

Carencia de recursos es la principal característica del Gobierno. Producto de ella prácticamente todos los programas han sufrido recortes, con graves consecuencias para el desarrollo y para los sectores vulnerables del país. En tales circunstancias, localizar minas de oro y aprovechar su potencial resulta imperativo, especialmente si ello se puede hacer con ausencia total de perjuicios ambientales. Es lo que nos sugieren Alicia Avendaño y Julio Rodríguez si empleáramos la plataforma de compras electrónicas estandarizada para la adquisición de bienes y servicios de la administración pública en su conjunto. El sistema ya ha sido probado a nivel nacional e internacional, con resultados dramáticos. En nuestro caso, la mina de oro de la sistematización de compras públicas tiene un potencial de ahorro cercano a los $1000 dólares por año, con cero daños ecológicos. Pero ¿Cuántas otras minas de oro tenemos y cuál es su potencial?

Recope tiene un presupuesto de ¢1.759.721.001 (unos $3.5 millones). Según la Contraloría tiene sólo una capacidad de ejecución de proyectos del 47%, es decir, una capacidad ociosa de $1,7 millones. Japdeva tiene un presupuesto de ¢28.000 millones, un 80% del cual corresponde a salarios. Su Presidente Ejecutivo ha dicho públicamente que el 35% de su personal es exceso comprobado. Es decir, algo aproximado a ¢9800 millones se pierde cada año, sin considerar otras fuentes de ineficiencia. Sabemos hoy que los atrasos en la concesión de la carretera a San Ramón nos costará unos $270 millones. Los arreglos de La Platina, que ahora sabemos no sirvieron, nos costó $3.8 millones. Sabemos que la CCSS nombró varios miles de funcionarios a un costo multimillonarios, sin incremento (más bien con reducción) de productividad. También que el Presidente Ejecutivo del ICE durante la anterior administración denunció los excesos de personal. Y las denuncias de despilfarro público abundan, como se puede verificar ojeando la prensa de cada día. En los dos últimos se encuentran 3 o 4 de estas denuncias.

Podemos además intentar alguna aproximación de la mina que tenemos en lo que podríamos llamar la recuperación de la capacidad productiva de la administración pública en su conjunto. Nuestro PIB, según datos del Banco Central, alcanza una cifra cercana a los 48 mil millones de dólares. Más o menos un 44% corresponde al costo del aparato productivo (¿improductivo?) estatal, o sea unos $21.120 millones (todas cifras anuales). Nuestro Ministro de Hacienda en dos administraciones, el Dr. Oscar Barahona Strever, manifestó al congreso unas décadas atrás que la mitad del gasto público era despilfarro. Los indicios mencionados en los párrafos anteriores sugieren que posiblemente ronde entre un 30% y un 40%. Pero, para tener una idea de la magnitud del costo de la ineficiencia pública, aceptemos que conservadoramente ese costo equivale al 20% o sea unos $4224 millones que se gastan sin que el desarrollo o el bienestar de los costarricenses reciban algún beneficio. Es, simplemente, recursos perdidos. Y suficientes para corregir nuestro déficit fiscal y financiar las más ambiciosas metas de desarrollo.

No queremos alimentar el negativismo o la crítica inútil con estos datos. Tampoco cuestionamos el tamaño del Estado, aunque favorecemos uno fuerte, no esclerótico. Sí queremos brindar alguna dimensión, más o menos objetiva y seguro aproximada, de la magnitud del costo de la ineficiencia (en el sector público un tema ético) o, puesto en otros términos, de la mina de oro que tenemos si lográramos recuperar nuestra capacidad productiva. Afortunadamente, parece que el país ha llegado a un amplio consenso de que tal situación es insostenible. Lo han reconocido todos los movimientos políticos y también la Administración Chinchilla Miranda, al nombrar una comisión de notables para que, en el muy corto plazo, hagan una propuesta de cambio institucional, como punto de partida para corregir el vasto despilfarro de recursos públicos, mientras alegamos carencias que impiden el desarrollo social y económico. Y eso que no medimos, tal vez porque no tenemos la capacidad, el costo social y económico de lo que dejamos de hacer por mala asignación y empleo de los recursos.

Es indiscutible que habrá fuertes resistencias al cambio por parte de grupos minoritarios o anclados en un rígido neo-estatismo, lo cual augura un importante costo político de cualquier reforma. Deberíamos pensar en algún mecanismo para aliviarlo y compartir la carga con participación civil, tal vez incluso a través de un mandato popular, respaldado por un referendo.