Referendo sobre la CCSS ¿Para acabar con lo que queda de la Caja?

El país se ha convertido en un entorno folclórico, donde todo se vale, incluso las más absurdas ocurrencias o actos de oportunismo que podrían ocultar las peores formas de corrupción política, porque afectan el bienestar de todos los costarricenses y rasgos fundamentales de la sociedad que somos o que quisimos ser. La más reciente ocurrencia es la pretensión del exdiputado Wálter Muñoz, de realizar una consulta popular (referendo) para reformar la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social No. 17 del 22 de octubre de 1943, mediante un proyecto de ley, presentado al Tribunal Supremo de Elecciones y aceptado por éste. Sin ahondar en los intereses que están en juego, legítimos de la población e ilegítimos de algunos grupos de interés, manifestamos nuestra oposición a tal referendo, por las razones que exponemos a continuación.

Primero: la iniciativa pretende tomar el control de la Junta Directiva de la CCSS, quitando la potestad del poder ejecutivo para nombrar a tres miembros, los cuales serían nombrados por la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS, que preside, el Dr. Wálter Muñoz. La Junta Directiva – y no el poder ejecutivo – nombraría al gerente general de la CCSS (hoy Presidente Ejecutivo).

Segundo: la nueva figura equivale a dejar en manos de una entidad privada, presunta organización de asegurados, y de un grupo bajo el liderazgo del Dr. W. Muñoz, la gestión de la CCSS. No hay mecanismo posible que garantice la participación de los asegurados en esa entidad privada y tampoco hay razón para pensar que el Dr. Muñoz tenga la solución de los problemas que aquejan a la seguridad social, cuya crisis reconocemos y cuya solución posiblemente requiera medidas más de fondo que las que ya se vienen tomando, con incuestionables efectos positivos.

Tercero: el Dr. W. Muñoz y quienes lo acompañan no tienen soluciones al problema de nuestra seguridad social. Se equivocan cuando pretenden convencer a los costarricenses, cuyo apoyo buscan, de que la esencia de la crisis se encuentra en la conformación de la junta directiva y en el nombramiento de un gerente general. Ciertamente ambos son parte del problema, pero sustituirlos por otro esquema, controlado por intereses especiales, sin ninguna duda, sería el colapso total de la Caja y dejaría sin protección a la salud especialmente a los sectores más vulnerables.

Cuarto: ¿Por qué aseguramos lo anterior? La Caja esencialmente tiene un problema en su modelo de gestión y de prestación de servicios. El primero es producto de una serie de vicios que se han incrustado en nuestro sistema de administración pública y requiere correctivos de carácter nacional. De otra manera el desorden administrativo, los altos costos burocráticos, la mala calidad del servicio y su inoportunidad (colas), se agudizarán. La intención de ejercer el control de la Caja, a través de los mecanismos previstos en el referendo, no se enfoca sobre los problemas esenciales de la Caja, pero sí tiene implícitos los elementos para destruirla, no para recuperarla.

Quinto: es cierto que la intromisión de la política en la gestión de la Caja es parte del problema. Pero dejar la Caja fuera del ámbito de la política pública es tan grave como entregarla en manos de uno o más grupos  de interés privado, que nunca serán representativos de los asegurados. Sería simplemente suicida. Es importante hacer la diferencia entre la Caja e instituciones públicas que hoy compiten en el mercado abierto, como el INS, el ICE o los bancos. Estos venden servicios que pueden acomodarse a la reglas del mercado. Pero la salud es un servicio que no funciona ese contexto de mercado y es un hecho fáctico que los que así lo hacen, son hoy los más costosos, inequitativos e ineficientes y, por ello, los menos frecuentes a nivel mundial. Cualquiera sean las reformas, la CCSS debe seguir siendo una institución pública, que vele por el interés de todos los costarricenses.

Sexto: en la organización actual, las juntas directivas, como modelo de gestión, son un adefesio construido con criterio jurídico. Es una figura de gerente colectivo, que no cumple su función de atender los grandes problemas que definen en equidad, eficacia y eficiencia lo que es la CCSS. El problema no reside en quién los designa o a quién representan, sino quitarles las responsabilidades administrativas menores, asignarles funciones de carácter estratégico que no interfieran con la responsabilidad de gerencia general y seleccionarlos por las competencias de sus miembros, relativos a sus funciones. Por supuesto, instituciones como la Caja deberían tener un gerente general y gerentes de nivel intermedio de probada capacidad profesional, nombrados por un ente independiente y por tiempo indefinido, en función de la calidad del desempeño. Esto no se puede lograr entregando la CCSS al Dr. Muñoz y sus asociados.

Séptimo: hay un problema más de fondo, relacionado con la organización de nuestro Estado. Primero, estamos hablando de un sistema público, que busca uno de los objetivos críticos del bienestar social: proteger la salud de todos sus ciudadanos. Por supuesto, el bienestar social depende de otros aportes (educación, seguridad, trabajo, infraestructura, etc.), pero sin la salud ninguno de los otros cumple con su finalidad. Por eso, en nuestra democracia, la hemos considerado como un derecho fundamental y una responsabilidad pública. Pasarla a una entidad privada o cederla a un grupo de interés especial, constituye una negación fundamental de nuestro ordenamiento político o, más importante, de nuestra aspiración de equidad y solidaridad.

Octavo y final: lo anterior tiene una implicación especial ¿Necesita la CCSS una Junta Directiva? Y si la necesita ¿Para qué? Concluimos estas reflexiones con dos anotaciones finales. La primera es si preservamos la estructura original de nuestro Estado, que en su concepción original asigna la rectoría de cada sector al gobierno, representado por el presidente y el ministro del ramo. Si así fuera, la Junta Directiva de la CCSS sobra o tendría que tener funciones que no entren en conflicto con la autoridad fundamental del gobierno. La segunda es la necesidad de una especie de gran Consejo de Salud, por medio del cual el ministerio rector coordina con otras instituciones y ministerios que actúan sobre la salud, como es muy evidente en el caso de Acueductos y Alcantarillados.

Hemos categorizado de absurda la propuesta de un referendo. Quienes la impulsan pretenden tener más de la mitad de las firmas necesarias para realizar el referendo. Si fuera así es preocupante. No sabemos si hay razones jurídicas que podrían, por sus implicaciones en la organización de nuestro Estado, declarar la iniciativa inconstitucional. De todas maneras, los costarricenses, que en su mayoría quieren reformas de fondo a la CCSS, debemos estar conscientes de sus implicaciones en términos de equidad, solidaridad y bienestar general. Nuestro estado de ánimo y la hipercrítica a la que somos propensos no debe oscurecer el entendimiento de la iniciativa en cuestión. Los riesgos son muy grandes y lo que tenemos, con deficiencias notables, siguen siendo las bases para construir algo mejor; no para desecharlo o destruirlo.