Elementos de prevención de situaciones de crisis en la gestión pública

editorial 150x150 Elementos de prevención de situaciones de crisis en la gestión públicaLa Fragua acaba de publicar un editorial, según el cual no hay solución de la crisis, a menos que los privilegios que se han incluido en la estructura salarial sean corregidos, preferiblemente suspendidos en la medida que lo permita la Ley. Por extraña coincidencia en la misma fecha del editorial, el Gobierno anuncia un proyecto para hacer esos correctivos. Por supuesto, las decisiones en democracia demandan la participación de los actores relevantes y el resultado de dichos correctivos no los conoceros por algún tiempo, aunque sí las propuestas. Los tambores de guerra ya suenan desde los cuarteles sindicales, pero eso es también parte de la democracia. Como lo es también que el Gobierno debe encarar la coyuntura actual a partir de su propia bandera electoral: mucha firmeza y mucha honestidad de actuación.

Queremos, como contribución a la solución de la problemática, intentar respuestas a varias preguntas ¿Qué tan grave es la situación? ¿Por qué estamos en esta crisis? ¿Quiénes la propiciaron? ¿Cuáles son algunos elementos de contexto que actúan como sus disparadores?

Las cifras son clara manifestación de la gravedad de la crisis. Hoy el Gobierno tiene ingresos fiscales sólo para cubrir el 52 del gasto público. Casi la mitad debe financiarse con dinero prestado, con ramificaciones negativas en varios sectores de la economía. El gasto en salarios, intereses y pensiones, absorben el 92% del presupuesto nacional. Para las inversiones, físicas y sociales, sólo queda el 6%. Los salarios (incluidos pluses y otros privilegios) absorben casi el 80% del gasto público y ya son bola de nieve. Crecen en proporción geométrica, aumentan de un año al otro en forma tal que en el corto plazo podría paralizar en su totalidad el gobierno. La Fragua ha calculado muy conservadoramente, que la ineficiencia tiene un costo de unos $4 mil millones de dólares por año. Esto presumiendo una pérdida de sólo un 9% por esa causa. Los indicios sugieren un despilfarro mayor.

¿Por qué estamos en crisis y quiénes la propiciaron? No hay duda que el comportamiento de los políticos es el principal factor responsable. Pero esto ocurre principalmente por las características del modelo de organización pública que tenemos. Veamos: el político adquiere sus competencias a través de un contacto prolongado con la sociedad civil y también con las instituciones públicas, para contribuir a dar respuesta a sus necesidades. Esta formación es esencial, en democracia, como insumo para alimentar al político cuando se integra a la función de gobierno. Pero sólo si nos referimos a las grandes estrategias de desarrollo y a la construcción de la política pública, como orientación para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. A pesar del malestar general con los políticos, podemos señalar éxitos y fracasos históricos de la función política. Hoy el país tiene altos niveles de desarrollo, el bienestar general de la población es satisfactorio, se han tomado grandes iniciativas y tenemos una buena institucionalidad. Pero cada vez nos cuesta más ejecutar algún proyecto de desarrollo, toma más tiempo y a la larga pagamos en exceso por él, clara señal de un aparato público disfuncional. La solución: hagamos una clara distinción entre la función política-estratégica, por una parte; y la función tecnocrática, a cargo de formular y ejecutar proyectos coherentes con las política que se formulan en el plano superior, por otra.

La evaluación del desempeño es una de las preocupaciones centrales del Gobierno, en la medida que afecta productividad y costo. Por supuesto que este es un aspecto importante de la administración del recurso humano, pero puede ser totalmente inútil en ciertos contextos. De poco sirve la evaluación del desempeño si la gerencia la ejercen los políticos, cuya formación y motivación, según hemos dicho, es incompatible con esa función. Si se quiere fomentar una cultura en torno a la calidad y costo de los servicios públicos, ello sólo se puede lograr con la motivación y competencias del gerente profesional. La formación y sensibilidad del político, esencial en un plano superior de formulación de estrategias de desarrollo, puede ser catastrófico (generalmente lo es) en el plano de los procesos técnico-administrativos.

La evaluación del desempeño organizacional es algo en lo que pensamos poco en la administración pública ¿Cómo podemos evaluar satisfactoriamente en el plano individual, si el desempeño de la unidad o institución es un desastre? Uno pensaría que las colas que hoy atrasan, con alto riesgo, la prestación de servicios  a cientos de miles de asegurados, sería suficiente para calificar mal el desempeño de una alta proporción de los responsables institucionales. Pero la evaluación del desempeño individual revela todo lo contrario. Con la tecnología digital que hoy tenemos a nuestra disposición, es posible generar un conjunto de indicadores críticos, muy pocos de ellos, que nos permita leer el desempeño de unidades o instituciones, el cual debería guardar coherencia con los resultados del desempeño individual.

El registro de los costos de operación es otro elemento de contexto para evaluar la calidad del desempeño organizacional e individual, con incidencia directa en productividad. Es una carencia aún en la empresa privada, dado que los sistemas de base contable son caros, lentos y con frecuencia divorciados de la toma de decisiones. Sin embargo, hay experiencias con características contrapuestas: simples, de muy bajo costo, de rápida aplicación e insertos en la toma de decisiones.

Volvamos un poco atrás: queremos una administración pública productiva, de calidad y a costos que no generen riesgos fiscales, fuente reiterativa de crisis. Decimos que para ello se requiere cuantificar costos ¿Para qué? Esencialmente para aplicar el viejo principio de Pareto, que podríamos llamar en términos más modernos, gestión estratégica y que consiste en la capacidad para actuar sobre aquellos aspectos, elementos o factores determinantes del perfil de desempeño global de toda una unidad o una organización. Esto lo hacemos conociendo la composición de los insumos asociados con la producción de un servicio o de un conjunto de ellos, a efectos de conocer su productividad específica y racionalidad del costo y, más puntualmente, para determinar las cargas y el costo de los insumos asociados con una unidad de producción, o con un conjunto de ellas. Es aquí donde podemos detectar cuáles con los centros de producción que pesan más en el conjunto (proyectos de desarrollo que tienen una mejor relación de beneficio social y costo) y, con el mismo fin, las cargas específicas de insumos por unidad de producción o por unidad de gestión. El insumo “horas trabajador” cuando se relaciona con la producción es la medida de la productividad.

No intentamos sentar cátedra sobre aspectos específicos de la administración pública, aunque ello sería bueno si queremos que los abogados, que nos han llenado modelos integrados con criterio jurídico y con irrespeto absoluto al aporte de otras disciplinas, trabajen más en la forma y se apoyen más en los expertos de las disciplinas pertinentes en materia de contenidos. Grandes adefesios, como la presencia excesiva de juntas directivas y sus procesos internos de toma de decisiones, son producto de este abuso de autoridad profesional.

Pero la intención de estas notas va más allá. Lo que queremos es aportar conocimiento sobre algunos factores estructurales que impulsan las crisis. El Gobierno está actuando correctamente en dos frentes: el componente remunerativo como elemento de desestabilización fiscal, que requiere con urgencia un conjunto de límites legales a los privilegios que hoy alimentan el problema fiscal. Y el componente más amplio de la crisis institucional, en manos de un conjunto de notables que, confiamos, tiene la capacidad para ver más allá de las simples restricciones legales y puedan visualizar modelos que tengan la propiedad de prevenir futuras situaciones de crisis.