Crisis fiscal y privilegios del sector público

No es contradictorio: la crisis institucional, que algunos llaman ingobernabilidad, se alimenta de dos factores: el alto costo de la remuneraciones públicas y, a pesar de ello, la baja productividad del aparato público en todos los poderes del Estado. Ciertamente los sistemas de administración pública parecen estar diseñados para obstaculizar el desarrollo, gracias a la creatividad de los abogados que nos llenaron de leyes y reglamentos, contrarios a los más esenciales principios administrativos, que se duplican y enfrentan entre sí. En esa vorágine de normas y controles, se sitúa el funcionario público, muy aplicado en la defensa de sus privilegios y muy poco en la calidad y oportunidad del servicio que presta a la comunidad.

Hoy decía el Ministro de Hacienda, Lic. Edgar Ayales, en un programa radial, que Costa Rica tiene el mayor gasto per cápita en salud de América Latina y, sin embargo, arrastramos un rezago importante en la calidad de servicios y aún mayor en oportunidad, como se refleja de las prolongadísimas listas de espera de la CCSS, una clara ofensa al asegurado que paga las altas remuneraciones de su personal. Para quienes ponemos por delante de nuestras ideologías la equidad, resulta irritante ver cómo en Costa Rica se crea aceleradamente un régimen de salud ineficaz e inoportuno, para la clase media baja y el pobre; y otro, en el sector privado, para la clase media alta y el rico. Incluso quienes carecen de recursos tienen que acudir por servicios privados, porque las esperas pueden representar riesgos fatales.

El diagnóstico realizado por la OPS/OMS anotaba un crecimiento sustancial de personal en años recientes, que iba aparejado de una disminución en la producción de servicios. Es un patrón que se repite una y otra vez en las organizaciones públicas, como lo evidencia el Dr. Guido Miranda, quien describe una situación idéntica en su libro La Seguridad Social en Costa Rica, publicado hace unos 20 años. O en las manifestaciones del presidente ejecutivo de Japdeva, que reconoce que tiene un 35% de exceso de personal; o del del ICE, según manifestaciones de su anterior presidente ejecutivo y las medidas, insuficientes y tardías, que ahora se llevan a cabo para reducir costos, estabilizar las altas tarifas y combatir el déficit presupuestario. El punto central de este patrón es que, a menos que haya cambios estructurales, mejores salarios y más personal sólo hace que los mayores costos se distribuyan en menos unidades de producción (mayor costo por unidad de prestación de servicios), al igual que más horas generan una relación menor de producción por hora laboral. Claras señales de ineficiencia extrema.

La situación que enfrenta nuestro buen Ministro de Hacienda, Lic. Edgar Ayales, es compleja. Sabe que los ingresos fiscales hoy sólo alcanzan para pagar algo cercano a la mitad del gasto público (52% para ser preciso), pero también que cualquier incremento, en la estructura salarial actual de la administración pública, sólo producirá un déficit mayor, sin que ello se manifieste en mejoramiento del servicio, según hechos antes mencionados. Es decir, don Edgar sabe que la situación fiscal no se puede resolver sin atender el problema laboral y salarial de la administración pública, que hoy absorbe casi el 80% del presupuesto nacional y crece en proporción geométrica. Con el agravante de que muchos de los privilegios de la estructura salarial tienen su base en leyes que el mismo congreso ha aprobado sin indicar las fuentes de financiamiento; o en convenciones colectivas que han generado derechos adquiridos que no se pueden revertir. Y, para redondear, el lector podrá intuir el mayor obstáculo de todos: una reforma de fondo le impone un costo político muy alto para el gobierno que la asuma.

Al respecto es interesante anotar una propuesta que circuló en algún medio de comunicación. Consistía en un acuerdo político (no electoral), sobre la reforma institucional necesaria para que el país vuelva a caminar. Definida las bases de la reforma, antes del proceso electoral del 2014, todas las partes se comprometían a respetarlas sin importar quien llegase al poder. O, mejor aún, realizar un referendo para darle un mayor respaldo popular y constituirlo en un mandato que el próximo gobierno estaría obligado a respetar. Dada la profundidad de la crisis y los costos políticos de enfrentarla, el planteamiento resulta sumamente atractivo.