Consumidores de Costa Rica pide cambios a proyecto de ley

San José.- La Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibió en audiencia a  Erick Ulate Quesada, representante  de la Asociación Consumidores de Costa Rica para referirse a la reforma integral de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

En su exposición Ulate Quesada indicó que en  el artículo 52 que establece el efecto de la prohibición de usura presenta una ambigüedad en la definición ya que se establece con base en el interés excesivamente elevado pero el parámetro de comparación es el existente en el mercado.

Sostuvo que claramente se deja en el ámbito de la reglamentación la forma en que se va a aplicar el parámetro de comparación entre el interés, índice o cualquier otra herramienta

“Existe una ausencia en el proyecto a soluciones de los problemas comunes de los consumidores por ejemplo en la especulación de  tasas de interés o del ocultamiento de interés”, acotó Ulate Quesada.

Afirmó que con relación al artículo 58 sobre  publicidad comparativa la reforma no aplica el calificativo de “engañoso”, como si lo hace actualmente la Ley.

Dejo claro a los congresistas que la reforma saca de esta definición de publicidad comparativa el hecho de que los consumidores puedan ser víctimas de imágenes, frases, leyendas, sonidos cuando se induzca a engaño.

Sobre la redacción del artículo 65 sobre ofertas con otorgamiento de crédito sostuvo que debe indicarse que el precio de contado no debe variar y usarse como base del cálculo para vender con ese crédito.

Mencionó que esta reforma es del criterio que la garantía debe verse desde que el cliente disfruta del bien o servicio y no desde que se emite la factura.

Plantearon igualmente la propuesta de eliminar el inciso 2 del artículo 81 ya que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),  pretende que el consumidor pueda elegir si quiere que le sustituyan el bien, le devuelvan el dinero o que le reparen el artículo.

Sobre la redacción del artículo 97 la Asociación recomienda la reformar del trabajo de la Comisión Nacional del Consumidor ya que en la actualidad se tiene una gran presa en la resolución de conflictos.

Sugieren que dicha comisión no solo abogados sino experto en otras áreas, económicas y  comerciales, que vengan a aportar a la resolución de los casos y evitar recurso que alargan los procesos.

Con relación al artículo 103 establecen  que las organizaciones del consumidor puedan   asumir la defensa  de los intereses colectivos del consumidor.

En el articulo 117 abogan por que se indique que  la dirección de apoyo al consumidor cuente con un plazo de 2 meses contados desde el momento de la presentación de la denuncia  para terminar  proceso de instrucción del expediente.

Asimismo plantean que se defina que los dineros de las multas de distribuyan de la siguiente manera: un 50% de los dineros vayan a la caja única del estado, un 25% al MEIC para planes de educación y  un 25% al denunciante.

En el tema de tarjetas de crédito indicó que se debe regular el tema de la publicidad comparativa de tasas de  interés, hostigamiento en la venta, y el canon de regulación para tarjetas de crédito.