Quisiera un gobierno que…

Se nos acumulan los problemas y en la imagen colectiva se asienta la sensación de que el país se nos cae ¿Qué tan mal estamos? En un entorno de crisis con una alto costo humano, nuestra economía crece a una tasa cercana al 5%; las reservas también han crecido y mantienen sólidas; la inflación es la más baja en muchos años; el desempleo se mantiene alto pero no alcanza los niveles de países como EE UU y la UE; la pobreza ronda el 22% pero la vulnerabilidad (incluidos los que están en los linderos de la pobreza) alcanza el 35%. Tenemos una reserva de recursos para infraestructura, lo que presupone alimentar el crecimiento y a la vez incrementar empleos e ingresos, mientras se realizan obras importantes: un billón de dólares en el nuevo puerto de Moín, varios miles de millones más con proyectos como la carretera Cañas-Liberia, la carretera a San Carlos avanzada en más de un 50% en el trecho Sifón-Florencia, el tapón de Chilamate, la nueva refinería, posible ampliación de la ruta 32, entre muchos otros. Tenemos recursos de sobra para tener una infraestructura de primer nivel, si se aprovechan en forma adecuada, lo que garantizaría alimentar niveles de crecimiento entre del 7% o el 8%.

La situación es gris, con tonalidades oscuras y luminosas. Nuestra democracia nos ha dado mucho y nos ha distinguido a nivel mundial por la solidez de sus instituciones y por los logros en materia de desarrollo humano. Muchos países, con más recursos, no han logrado nuestros niveles de desarrollo. Tenemos un sector privado dinámico, pero un sector público ineficiente que pesa demasiado en el conjunto de la economía (aproximadamente un 45% del PIB) y que, en conjunto, hace nuestra economía poco productiva. Los costos de la ineficiencia, varios miles de millones de dólares por año, implican pérdida de oportunidad de bienestar y reducción de la pobreza y la vulnerabilidad. Mientras el Gobierno tiene ingresos sólo para cubrir el 52% de su gasto. La diferencia alimenta la deuda externa y un costo enorme en intereses. Además, la crisis pública crece en proporciones geométricas, lo que representa la posibilidad de un riesgo de la magnitud de España o Grecia, si no se controla.

¿En tales circunstancias, cuál es el gobierno progresista que quisiera? Primero, quisiera un gobierno que decida. Sé que puede cometer errores, pero prefiero eso a que las decisiones circulen en comisiones o que no se ejecuten. El Gobierno de Pacheco podría ser uno de los más costosos en nuestra historia política, no por lo que hizo sino por lo que dejó de hacer. Por supuesto, todos sabemos de las dificultades de la toma de decisiones en el sector público, por duplicidades, tramitología, controles, etc., pero igual sabemos que, con mucho carácter y más comunicación, algunas decisiones se llevaron a cabo, como el TLC y la adjudicación del nuevo puerto de contenedores de Moín.

En segundo lugar quisiera un gobierno que enfrente la crisis institucional que abarca a todos los órganos del Estado, principal obstáculo al desarrollo y bienestar que sabemos posible. La ineficiencia es una carga que si no se elimina y reduce sustancialmente, no será posible ofrecer oportunidades a las mayorías y superar el problema de pobreza y vulnerabilidad que, en conjunto, afecta cerca de 1,5 millones de costarricenses. Tenemos un exceso de instituciones, muchas de las cuales se repiten, han perdido su razón de ser o sus funciones se pueden realizar con nueva tecnología a una fracción del costo actual. Más de 300 organizaciones conforman el sector público y muchas de ellas carecen de control o de una vinculación con la política pública. Quisiera además que la política, el mundo de las grandes estrategias de desarrollo, adquiera respeto y relevancia. Pero que, a su vez, la administración de la cosa pública (formulación y ejecución de planes) se entregue a tecnócratas profesionales, con estabilidad en función de desempeño y la competencia para asegurar servicios de calidad, que se otorgan en forma oportuna y al menor costo posible. La política y la tecnocracia se complementan, pero mezcladas, debilitan la función política y obstruyen la función administrativa.

Nuestro país tiene un modelo definido que, en muchos sentidos, han estremecido nuestra identidad ideológica. El motor del crecimiento económico se centra en el libre comercio, que nos enfrentó con el TLC, pero que toda la población parece haber aceptado, al aprobarse, sin conflictos importantes, muchos otros ‘tlcs’. También con las aperturas, que produjeron o están produciendo dos efectos positivos: mayor eficiencia institucional y mayores beneficios para las mayorías, para el consumidor. La tarea no está terminada y se enfrenta a un renovado neoestatismo en algunos sectores, una forma de apego a viejos conceptos, obsoletos en la realidad actual.

 En tercer lugar quisiera que se impulsaran algunos proyectos o áreas críticas para el crecimiento, especialmente en infraestructura, educación, investigación y desarrollo de tecnología. Quisiera que el gobierno adquiriera conciencia de que la educación de nuestros hijos está en manos, no de la familia, sino de los maestros y profesores, que los tienen cautivos por varias horas diarias. En cambio, los padres se encuentran en el mercado laboral, conmutando o cumpliendo con actividades propias de la vida en sociedad. Por tanto quisiera que el gobierno impulsara la creación de un nuevo cuerpo docente, con una formación científica y ética más sólida, para que la transmita a nuestra juventud. Esto tiene un costo, pero es la vía a un desarrollo equilibrado, del cual se derive el bienestar material y el crecimiento cultural de la población.

Finalmente, quisiera un gobierno que se preocupe por vigilar de cerca y en forma permanente cómo nuestro desarrollo se refleja en el bienestar de las mayorías, pero de manera especial sobre los sectores vulnerables, ese 30 o 35% conformado por quienes están en pobreza y cerca de la línea de pobreza. Avanzamos en este campo, pero la crisis neutralizó los logros. Sin embargo, sabemos que podemos hacerlo, con una economía en rápido crecimiento y mecanismos de distribución que tengan un impacto contundente en el corto plazo. Deberíamos aspirar a eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza al 2018 a tasas de un 12 o 13%. Es posible si nos focalizamos en esta meta.