Pensiones del Poder Judicial – la extensión de la crisis institucional

No es nada nuevo, pero las cifras son contundentes: el sistema de pensiones del Poder Judicial (PJ) se quedaría sin fondos en el año 2026, todo producto de un sistema de privilegios, a pesar de que en él reside la responsabilidad constitucional de velar por la aplicación del principio de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución Política. Lo que implica que los actos de inmoralidad, muchos de los cuales rayan en corrupción, son sistémicos en todas las organizaciones del Estado, las cuales privilegian el beneficio material de sus miembros sobre el interés nacional o sus responsabilidades por la cobertura de servicios a la población.

Pero hay otra circunstancia de la crisis. Ya se encuentra en lo que podríamos llamar el efecto de bola de nieve. Veamos: el sistema de pensiones tiene un déficit que equivale al 20% del PIB nacional; sabemos que los salarios del sector público hoy se encuentran alrededor de un 280% por encima de los que paga el sector privado por función similar; sabemos también que las convenciones colectivas han logrado pluses e incrementos automáticos en la estructura salarial, de manera tal que instituciones como la CCSS, aún con cero incremento salarial, su planilla aumentaría en un 27 mil millones de colones; y que los 5 mil colones de incremento otorgado por el Gobierno en fecha reciente, producirá aumentos de hasta 148% en las planillas públicas, en razón de aumentos y pluses incorporados en la estructura de salarios (lo dijo la Sra. Ministro de Trabajo).

El problema de las pensiones es un caso más entre muchos otros. La situación es grave, como lo expresa el Superintendente de Pensiones: ”Así de dramático está esto: cada día que pase, las medidas que se propongan van a resultar insuficientes, y aquí estamos hablando de que se han tomado no días para eso, sino años, años en los cuales las personas se siguen pensionando bajo una fórmula que es insostenible”. Lo mismo es cierto para el Estado en su conjunto, que enfrenta una situación donde el tamaño de la bola es cada vez mayor, como lo es también su velocidad. No olvidemos que España se encontraba en plena solvencia en el 2009 y que la penosa crisis que hoy sufren todos sus trabajadores se gestó el corto periodo de 4 o 5 años. Recordemos, además, que La Fragua ha venido estimando, muy conservadoramente, las pérdidas por ineficiencia en unos 4 mil millones de dólares por año; que el Gobierno hoy sólo tiene recursos para pagar el 52% de sus gastos; que destina el 94% para sueldos, pensiones e intereses; y que con el 6% restante para inversión, tampoco podemos esperar mayor estímulo al crecimiento y, por tanto, al incremento de recursos fiscales.

Todo lo anterior implica que no hay mucho tiempo para una reforma institucional de fondo y que se hace necesario crear condiciones estructurales bajo el espíritu de igualdad que establece el artículo 33 de la CP, para que los factores que hoy tienen al país estancado y a las instituciones muy cerca de situación de quiebra económica, no se vuelvan a presentar. El régimen laboral público, debe incluir un marco de condiciones laborales que se cumpla por igual en todos los poderes del Estado y en todas sus instituciones centralizadas o descentralizadas. Y debe regularse bajo la premisa, primero, de que no podemos esperar responsabilidad en la negociación laboral, porque el patrono, la parte más débil, está conformada por políticos que actúan naturalmente en función de un proceso electoral previo y otro próximo, cuya estabilidad pende de un hilo (la confianza del Presidente). Y, segundo, que los sindicatos parecen no entender los riesgos de la crisis, como lo evidencian las irreales y absurdas pretensiones del sector docente (SEC).