Costarricenses de tercera categoría. – Federico Ruiz W. Politólogo

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Costa Rica, según fuera reseñado por el Subdirector General de Migración y Extranjería hace algunos meses, la población costarricense que está actualmente radicada en el exterior ronda la cifra de 250.000 ciudadanos. Esto representa aproximadamente el 6% de nuestros compatriotas y no debe ser considerada una cifra menor.

Desperdigados por el mundo, algunos han abandonado nuestro país de forma temporal (como quienes salen a estudiar), o de una forma mucho más permanente (quienes salen a buscar un trabajo porque no encuentran oportunidades aquí). La inmensa mayoría, sin embargo, buscan mantener algún tipo de arraigo con su patria (lo se por experiencia propia).

Lo anterior se facilita con el acceso a Internet que permite llevar el pulso de lo que pasa en Costa Rica, ya sea a través de las prensa escrita, los programas radiales, las decenas de blogs, plataformas como Facebook, Twitter, o con el cara a cara que permite Skype. Puede incluso decirse que muchos costarricenses en el exterior están más informados de lo que pasa en el país, que los ciudadanos que no han salido de su tierra.

Sin embargo, no debemos olvidar la canción de León Gieco cuando dice: “desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente”. Es por tanto un deber moral y cívico que el Estado costarricense haga todo lo posible por mantener y fortalecer el vínculo con sus ciudadanos que están lejos de nuestras fronteras, procurando, en la medida de lo posible, su retorno y el recuento de sus familias. Mientras eso sucede, el costarricense de afuera debe ser tomado en cuenta con exactamente los mismos derechos, como si estuviera adentro.

Por lo anterior, me resulta altamente preocupante y doloroso, cuando, sin la menor reflexión, nuestro Estado ha creado tres categorías de costarricenses, y con gran engaño se vanagloria porque “finalmente los ciudadanos podrán votar en el exterior a partir de 2014”. Eso es, antes que todo, una colosal cancamusa, una estafa, un timo. Reseñemos las clases de compatriotas:

La máxima categoría de ciudadano es quien tiene la dicha de vivir en Costa Rica, con todos los derechos. En febrero de 2014 podrá ir a las urnas y votar en todas las papeletas e incidir en la conformación de la Asamblea Legislativa. En el 2016 podrán votar en elecciones municipales por quienes están llamados a resolver los problemas de su cantón. En esta categoría de ciudadanos hay que incluir a la población privada de libertad, quien desde la cárcel podrá votar gracias a los ingentes esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones por inscribirlos.

El ciudadano “clase B”, es aquel que por suerte vive cerca de una embajada o consulado. Esta persona se inscribe como votante y tiene exclusivamente el derecho de votar en las elecciones presidenciales, o si llegase a suceder, en algún referéndum. No tienen la posibilidad de votar por diputados (a pesar de que estos aprueban leyes, que aun estando en el exterior les impactan directamente), y sin duda no pueden votar por sus representantes locales (a pesar de que sus familias se ven afectadas por quienes resulten electos en los concejos y alcaldías).

Los ciudadanos de tercera categoría son, como habrá adivinado el lector, aquellos que no viven en la cercanía de una embajada o un consulado. Son como aquel estudiante de la Universidad de Kansas, quien debe hacer todo trámite ante el consulado costarricense en Houston (según la jurisdicción), a una distancia de 1021 kilómetros en línea recta. Por no hablar de la costarricense que habita en un país donde ni hay embajada, ni consulado. Estos ciudadanos verán por los medios digitales la elección, pero no participarán de ella, ni siquiera en la presidencial.

Véase además lo lamentable de los números de registro de votantes. Según se anunció recientemente con bombos y platillos, al día de hoy hay un poquito más de 4000 costarricenses inscritos para votar. Eso representa el 0.09% del total de la población y únicamente el 1.6% de quienes están fuera de Costa Rica. ¿Cómo es que eso no nos indigna, nos avergüenza y nos motiva a cambiar ese sistema que excluye a compatriotas de la vida nacional?

Sobre lo anterior debe decirse, con toda contundencia, que no existe excusa alguna para impedir que quienes habiten fuera del país voten por sus diputados. El artículo 106 de nuestra Constitución Política es clara en señalar que el carácter del diputado es por la nación, lo que quiere decir que nos representan a todas y todos los ciudadanos. La naturaleza de la representación popular no debe confundirse con la forma en que se eligen (a través de las provincias).

Pero, en caso de que alguien quiera posicionar la forma de elección por encima de la naturaleza del diputado, al decir que “no se puede permitir que quien viva en el extranjero vote por los parlamentarios porque estos se eligen por provincias” (como lamentablemente se desprende de las tristes comparecencias de los asesores del TSE a la Asamblea Legislativa), se estaría poniendo “la carreta delante de los bueyes”.

Es exactamente lo mismo que impedir la emisión del voto presidencial, mediante la utilización de tantas otras formas, probadas con éxito en muchos países del mundo, como el que se hace por correo postal, o el voto electrónico.

Si se va a recurrir a ese es burdo pretexto del “no se puede porque la ley lo impide”, la solución es simple: modifíquese la forma, para que garanticemos el fondo del asunto: que exista verdaderamente la universalización del sufragio. Cámbiense las leyes que sean necesarias, incluida la propia Constitución, si es del caso.

No nos engañemos, no nos sintamos satisfechos con esa quimera del “voto en el exterior”, cuando tantísimos no lo podrán hacer valer. No permitamos que existan normas que impidan a los costarricenses vivir su ciudadanía, por más lejos que se encuentren.

fritzium@gmail.com