La convención colectiva y la crisis institucional

Dice Julio Rodríguez (En Vela) que las demandas contenidas en la convención colectiva presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, no han sido una broma y se pregunta “…por qué el Estado, los políticos, los profesionales y, en general, la sociedad han sido tan tolerantes con este lento y hasta deportivo asalto contra las instituciones, contra los derechos de las personas, contra las finanzas públicas, contra el Estado de derecho, y por qué el miedo, primero, y, luego, la complacencia se han apoderado del país al punto de contener toda reacción. ¿Un problema cultural o psicológico? ¿Una crisis de autoridad?”. En realidad este y muchos otros problemas de nuestra crisis institucional tienen un origen común: los motivadores que condicionan el comportamiento de quienes toman las decisiones respectivas.

Es el político, a quien no hemos puesto a hacer política. En nuestro modelo se le asigna responsabilidades que van más lejos y penetran el campo de la tecnocracia, para la cual tampoco tiene competencias. Pero volvamos a los motivadores. El comportamiento del político lo impulsa un compromiso nacido del proceso electoral anterior; su cálculo político del proceso electoral próximo; la presión que genera conservar la confianza del o la Presidente, de la cual depende su estabilidad; y la propiedad de los recursos que, aunque es de todos, la asume un ente abstracto, el Estado. Hay además un desequilibrio de fuerzas entre las partes negociadoras. Los motivadores desmotivan al “patrono”, representado por el político (ministro o presidente ejecutivo), mientras que los sindicatos tienen en sus manos el uso de huelgas, legales o ilegales, paralizantes de la sociedad y de la economía nacional y, en el campo de algunos servicios esenciales, incluso la seguridad civil y la propia vida de los ciudadanos. Cambiar esta realidad sigue un principio muy simple: zapatero a tus zapatos. Es decir, político a la política; y asignar tecnócratas profesionales a la gestión de las organizaciones públicas. Su motivación principal: negociar los recursos requeridos para producir servicios de calidad  al menor costo posible.

Agrega don Julio: “Sea lo que sea, hemos llegado al fin. Los datos dan en el blanco y no dejan lugar a dudas: los beneficios pedidos por los dirigentes de los educadores en esta convención duplican los gastos del MEP”, una de las instituciones más costosas del Estado. Se queda corto don Julio. El MEP no está amenazado; es nuestro Estado el que se encuentra bajo amenaza de las convenciones sindicales. Los disparadores del gasto se han incrustado en la estructura propia del régimen laboral de privilegio, hoy parte de todas las organizaciones públicas. Un par de ejemplos. En artículo publicado en La Nación hace algunos meses, la Sra. Ministro de Trabajo argumentó que, con sólo los 5 mil colones de incremento decretado por el Estado, la planilla pública se incrementaría hasta en un 148% en algunas categorías del personal. Además, aún sin ningún aumento, una institución como la CCSS tendría que desembolsar adicionalmente unos 27 mil millones de colones al año. Todo ello producto de un régimen laboral de privilegio, que no tiene nada de equitativo, como lo requeriría el principio de igualdad que establece nuestra Constitución en su artículo 33; régimen que también invade el Poder Judicial, presunto garante de ese principio.

Por supuesto, queda flotando en el aire la pregunta sobre la ética que sustenta el planteamiento del SEC y los valores que los educadores le puedan transmitir a nuestras juventudes cuando ignoran las realidades del entorno nacional, atentan contra la instituciones esenciales para el bienestar de todos los costarricenses o, peor, las disfrazan conscientemente en una falaz retórica de solidaridad.