El PRI y micro-estados fallidos

Por Glorianna Rodríguez

Un micro-estado fallido se refiere a una región dentro de un Estado soberano cuya dinámica refleja el paradigma habitualmente asociado con los estados fallidos. Según Fund for Peace los requisitos que definen a estos estados incluyen la capacidad del gobierno de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y mantener el control territorial mediante la monopolización de la violencia. Dentro de esa clasificación se incluye: Somalia, Haití, Afganistán, Iraq y la Republica Democrática del Congo. Sin embargo, la creciente violencia motivada por los actores violentos no estatales (milicias, las fuerzas paramilitares, los grupos terroristas, el crimen organizado y las pandillas) ha provocado la necesidad de desarrollar una nueva tipología. Es por ello que se acuño el término micro-estados fallidos para referirse a los lugares en los cuales los actores violentos no estatales han logrado socavar el Estado de derecho.

En el contexto mexicano el nivel de violencia es alarmante. Efectivamente, hoy día, las mayores preocupaciones no se limitan a la promoción de los derechos, el fortalecimiento de las instituciones y la eliminación de la pobreza, sino que también se debe lidiar con la inseguridad  ciudadanía. De acuerdo con las estadísticas, desde enero hasta septiembre de 2011, más de 12.903 personas fallecieron en crímenes atribuibles al crimen organizado. Oficialmente, se calcula que 47.515 personas murieron durante la administración de Calderón. Inicialmente, la violencia se concentró las regiones del norte tales como Chihuahua y los estados del Pacífico como Sinaloa y Michoacán. El 2010 más de 3.100 personas se murieron en ciudad Juárez. Lo cual ha hecho algunos analistas afirmen que algunas regiones de México se han convertido en “micro-estados fallidos”.

A raíz de la creciente violencia, Calderón implementó una estrategia de “mano dura”. Sin embargo, debido a los altos niveles de corrupción policiaca decidió utilizar el ejército para retomar los “micro-estados fallidos”. No obstante, en su informe de 2011, Human Rights Watch denunció esa estrategia al encontrar evidencias que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura,
39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, el público inicialmente apoyó a Calderón, pero eso cambió cuando los indicadores demostraron que violencia no había disminuido.

Luego del triunfo reciente del PRI (Partido Revolucionario Institucional), una de las grandes preguntas centrales es cómo va a reaccionar ante esta situación de violencia. Cabe mencionar que el PRI tiene una historia compleja. Este Partido gobernó entre 1929 y 1989, sin embargo, ese monopolio político fue facilitado por el fraude electoral sistemático.

Algunos alegan que durante estos doce años fuera del poder, el partido ha cambiado. No obstante, las denuncias de compra de votos provocaron una intensa polémica y nos hacen cuestionar qué tan profunda es la transformación.

Por otra parte, durante un reporte investigativo llevado a cabo en Sinaloa, la BBC entrevistó personas que afirmaron que el cartel había logrado infiltrar el gobierno local, el sistema judicial y la policía. Una mujer dijo explícitamente, “son las mismas personas”. Sin embargo, eso no implica que los carteles hayan logrado infiltrar el gobierno central. Más bien, refleja el paradigma asociado con los “micro-estados fallidos”.

La verdad es que la presencia del crimen organizado y el narcotráfico presentan uno de los mayores retos de la sociedad contemporánea. La mayoría de los países de la región tienen democracias relativamente jóvenes e instituciones vulnerables. En el contexto mexicano, los carteles parecen estar redefiniendo la dinámica social en ciertas regiones y minando el contrato social por completo. Pues no se puede hablar de bienestar social o desarrollo humano en un contexto en el cual a las personas no se les pueden garantizar sus derechos más fundamentales, tales como el derecho a la vida y la integridad física.

Calderón escogió implementar un programa de represión estatal complementado por el uso del ejercito, y quizás dejó de lado el énfasis en la inversión social. Según The Economist, el triunfo del PRI se debe en parte al fracaso de Calderón por no llevar a cabo las reformas educativas necesarias o reducir la pobreza, la cual más bien aumentó.

En fin, durante los próximos meses y años se determinará si el PRI logra luchar efectivamente contra estas graves amenazas y consolidar la democracia y el Estado de derecho. O si más bien se retrocede a un espectro “hobbesiano” de violencia e impunidad.