Convención colectiva y el derecho de todos

En un artículo de prensa, la Sra. Beatriz Ferreto, Presidente de APSE, defiende como derecho humano, la convención colectiva, que se sustenta en el capítulo III del Código de Trabajo, el artículo 62 de la Constitución y en el Convenio 98 de la OIT, suscrito por Costa Rica. Además destaca entre los principios fundamentales del derecho laboral, “… el principio protector, que reconoce que la relación laboral es desigual, donde hay una parte más débil que son las personas trabajadoras, quienes tienen todas las de perder frente a la patronal, que es la parte fuerte de la relación”. La legalidad de la negociación laboral colectiva es clara y no admite discusión. Sin embargo, preguntamos ¿dónde queda la ética y los derechos de la sociedad, cuando las conquistas laborales se ubican al margen de las posibilidades económicas del país y se vuelven una carga para su desarrollo? ¿Suscriben los sindicatos el principio de igualdad que contiene la Constitución Política (CP) en su artículo 33?

Como progresistas defendemos el derecho al bienestar de todos los trabajadores, no sólo de la burocracia pública, pero cuestionamos varios de los planteamientos de la Sra. Ferreto. En primer término, la presunta debilidad del trabajador público frente al patrono en un Estado democrático como el nuestro. La parte débil del proceso de negociación es, sin duda alguna, el político que representa al Patrono en el sector público, por serie de circunstancias: 1) el político se mueve en un entorno de incertidumbre y negocia de una posición de debilidad, porque puede perder la confianza del Presidente y con ello su cargo. A dos años de iniciada la Administración Chinchilla Miranda, 15 de esos patronos, ministros y presidentes ejecutivos, no están hoy en sus cargos originales; 2) el político maneja recursos que son públicos y no propios. Esta es otra debilidad si se compara con la posición del patrono privado, que tiene una motivación mayor para proteger su patrimonio; y 3) el comportamiento del político/patrono está condicionado por los compromisos derivados del proceso electoral anterior y por el cálculo político del proceso electoral siguiente.

En cambio, la fortaleza sindical se refuerza con la huelga, legal o ilegal, no contra el patrono propiamente, sino contra el ciudadano y la sociedad en su conjunto, que sufren la paralización parcial o total de economía y la negación del derecho de libre circulación por el territorio nacional. La fuerza de la huelga es tal que los sindicatos también actúan en contra del interés social, cuando realizan huelgas que afectan servicios esenciales como la salud y la seguridad públicas.

La parte ética y legal andan de la mano. Están expresados en el principio de igualdad previsto en el artículo 33 de la CP y en conquistas laborales que constituyen regímenes de privilegio y obstáculos al bienestar de todos los trabajadores. La peor crisis que hoy enfrenta el país, tiene su peor expresión en una burocracia pública que produce poco, obstaculiza en muchos sentidos los esfuerzos de desarrollo, arrastra niveles de ineficiencia cuyo costo anda en los miles de millones de dólares por año, y brindan un servicio de mala calidad y en forma inoportuna a los sectores más vulnerables del país. La retórica falaz no tiene nada que ver con la carga que sus conquistas representan para el bienestar social del trabajador y del país. Igual que ocurrió con la experiencia socialista del este europeo, hoy en la administración pública se ha erigido una nueva clase, con privilegios distintos de los de la mayoría de los trabajadores y cuyo costo lo pagamos todos, pero especialmente los más desafortunados.

Somos progresistas y en esa condición favorecemos el bienestar de todos los trabajadores. Pero debería asegurarse en el marco del principio constitucional de igualdad y acorde con las posibilidades del país. En la medida que las sobrepase, hay un costo social que pagamos todos, pero de manera particular los sectores más desfavorecidos. El costo de los privilegios son cargas que inciden en nuestra capacidad para llevar bienestar a las mayorías. Esta forma de sindicalismo es contraria al interés social y no es progresista.