¿Está en grave riesgo nuestro desarrollo?

¿Cuáles son las perspectivas de que salgamos bien librado de la actual coyuntura económica? El país enfrente una crisis fiscal, una crisis institucional y una crisis política. Que más del 50% de nuestra población se considere desafiliada de los partidos políticos constituye la principal evidencia de la profundidad de la crisis política. Y ella condiciona el factor confianza que los economistas ubican como uno de los principales elementos para la recuperación de la economía. Además, los partidos políticos, esenciales para el funcionamiento de la democracia, con niveles de respaldo popular que, con una sola excepción se cuentan con un dígito porcentual, pierden legitimidad y, peor, parecen desconocerlo.

La crisis fiscal y la crisis institucional son, en muchos sentidos, una sola. La carencia de recursos que el Gobierno reclama, podría subsanarse si lográramos detener el alto costo de la ineficiencia que ronda, fácilmente, varios miles de millones de dólares por año. Echar recursos en un aparato que funciona mal, incrementará la crisis y no producirá ningún impacto en el bienestar de los sectores en vulnerabilidad, que hoy alcanza al 35% de la población. Por supuesto, para lograr el tipo de desarrollo, equitativo y solidario que todos queremos, es necesario incrementar los tributos a través de una reforma fiscal de fondo. Pero esa reforma no será viable, mientras su traducción, en beneficios para todos, no sea evidente. Por ahora, la población entiende que tenemos una clase burocrática pública que se sirve del Estado y que aporta poco al bienestar general.

¿Estamos haciendo algo al respecto? Las señales son confusas. Veamos: se suponía que nuestra economía estaba creciendo a niveles de pre-crisis. Sin embargo, ahora viene el Banco Central para confirmar un sentimiento compartido por muchos: la economía parece desacelerarse. Los intereses se mantienen altos, lo cual se transmite como un factor de encarecimiento (reduce los ingresos de los consumidores y agrega costos de producción). El incremento aparente del turismo produjo una acusación por parte del sector, porque las expectativas emanadas de las proyecciones gubernamentales no se concretaron y produjeron pérdidas importantes. El sector exportador se sigue quejando de un colón fuerte, a la vez que da muestras de desaceleración.

Por otra parte, mientras oficialmente se habla de un sólido crecimiento económico, el gasto público sigue aumentando más que los ingresos y el déficit fiscal sigue creciendo. Algunas instituciones, como la CCSS, hacen esfuerzos notables para corregir sus finanzas, pero no logra equilibrarlas. Problemas similares se presentan en el ICE, mientras JAPDEVA sigue arrastrando un 35% de exceso de personal y dificultades para conformar su presupuesto. Los problemas que a diario se exponen, siguen chupando los recursos públicos.

Las condiciones del entorno global no podrían ser más preocupantes. La recesión en la Unión Europea (UE) parece que vino para quedarse. El énfasis en el crecimiento, que tomó fuerza con Hollande, se ha perdido por las propias circunstancias económicas y fiscales de Francia. En Estados Unidos, la recuperación parece que será más lenta de lo previsto y seguirá arrastrando un desempleo que se encuentra por encima del 8%. La desaceleración también es evidente en China y los restantes países BRIC (Brasil, Rusia e India). Para un país cuya fuerza económica principal son las exportaciones, su destino y crecimiento no parece promisorio.

El panorama no es crítico. Pero tampoco lo era para España hace solo 5 años. La gran pregunta es si nuestro país está preparado para prevenir una crisis potencial similar a la de los países europeos, en especial Grecia y España. Sabemos que el costo político es alto, porque buena parte del déficit fiscal proviene de un régimen laboral de privilegios para el funcionario público. Las ventajas logradas son tales que hoy su remuneración casi supera en un 300% las de sus contrapartes del sector privado. Además, los elementos del crecimiento tipo bola de nieve (aceleración geométrica) se encuentran en la estructura del régimen laboral. Por ejemplo, una institución como la CCSS que no otorgara ningún aumento salarial, aun así su planilla crecería en unos 27 mil millones de colones. Por otra parte, la Sra. Ministra de Trabajo ha dicho que los 5 mil colones del reciente aumento para el sector público generarían incrementos hasta de un 148% en algunas categorías de personal.

Parece injusto que otros gobernantes hayan puesto este pesado fardo en las espaldas de nuestra Presidente. Pero, a menos que los privilegios sean confrontados y un nuevo régimen laboral creado, la crisis institucional no tendrá solución. Y, en consecuencia, tampoco la crisis fiscal. Esperemos que los notables nombrados por la Presidente sepan llegar a la raíz del problema y hacer propuestas acordes con su naturaleza. Mientras tanto tendremos que conformarnos con medidas paliativas que no afectan los elementos estructurales que condicionan la crisis.