San José.- Los legisladores que integran la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera discutieron por el fondo y dejaron para votar, en su próxima sesión, el expediente 17237 que contiene una reforma al artículo 168 de la Ley 7052, del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC) que habían presentado tres mociones al proyecto, estuvieron anuentes a su retiro y permitir la discusión de la iniciativa.
Sin embargo, dado que el mismo tiene una moción de avocación (no votarlo en esta comisión sino devolverlo al Plenario) la cual se quiere dejar sin efecto, es necesario esperar —para realizar el trámite formal— y será hasta la próxima sesión cuando se le dé primer debate.
Este proyecto es muy simple y lo que busca es modificación el artículo 168 que en la actualidad se lee así.
Artículo 168:
“Toda operación hipotecaria realizada para los fines de esta ley, otorgada por una entidad autorizada, deberá contar con el respaldo de un seguro de incendio y terremoto que cubre el avalúo de la vivienda existente o de la que esté en proceso de construirse, y de un seguro temporal desgravamen hipotecario decreciente, emitidos ambos al costo por el Instituto Nacional de Seguros, a cuyo efecto éste y el Banco deberán negociar las primas correspondientes…” (BANHVI, 2007; 91-92)
Al haber procedido el país a la apertura del mercado de los seguros y regirse ahora bajo un sistema de competencia, lo que se busca es eliminar la alusión directa a que dicho seguro sea con el INS.
La modificación a incluir por los congresistas indica que los seguros necesarios serán “…contratados con una empresa aseguradora establecida en el país en los términos que al efecto señala la Ley Reguladora del Mercado de Seguros”.
Con relación al expediente 17597 que impulsa una reforma a la Ley de Protección al Trabajador, la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se aprobó una moción para convocar en audiencia a representante de las Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
